Era democrática.

JORGE BOTELLA

Sumario:

1.- Tiempo.

2.- Pueblo.

3.- Persona.

4.- Bien común.

5.- Derechos fundamentales.

6.- Sistema.

7.- Delegación.

8.- Instituciones.

9.- Gobernabilidad.

10.- Acción ejecutiva.

11.- Acción legislativa.

12.- Acción judicial.
 

1.- Tiempo.

La sociedad humana no constituye una novedad en la naturaleza respecto a lo que le corresponde como estructura de conjunto de relaciones entre partes. Prácticamente todas las sustancias existentes son elementos compuestos, lo que no niega, sino predice, la probable existencia de una partícula simple de la cual todo lo demás sea consecuencia de la exponencial forma de relación que puedan adoptar esas partículas primigenias al relacionarse entre ellas mismas.

La agrupación multitudinaria de átomos permiten a la materia constituir sustancias reconocibles para el ser humano, de acuerdo a la adecuación a su sistema de percepción sensible; además el afán investigador de su intuición intelectiva le ha impulsado a crear instrumentos científicos capaces de conocer cada vez con más exactitud la realidad infinita e infinitesimal en tamaño y actividad. Para quien haya nacido en el siglo XXI, pudiera parecerle que la sabiduría adorna a la humanidad como una cualidad innata, pero han sido necesarios miles y miles de años para saber de su entorno lo que sabe, que posiblemente sea una pequeñísima parte respecto del potencial saber que ignora.

En cuando que la conciencia humana no puede reconocerse como causa de su propio origen, tiene que admitir ser objeto de una determinación arbitraria de la evolución corporativa de la materia o de la ordenación eterna de una voluntad externa al espacio y al tiempo. Sin tener en consideración el proceso de generación de las facultades intelectuales a partir de la evolución de la materia inerte --que no sólo supone el enigma de cómo los seres vivos adquieren conocimiento evaluativo a partir de receptores sensibles, sino sobre todo de que el ser humano al "conocer que conoce" haya adquirido en la naturaleza un rol de sujeto creador--, la complexión de cada objeto cósmico --materia o energía-- supone tal exigencia de pericia existencial que relativiza la función del tiempo en la evolución del "por qué" sin un previo "para qué".

Se especula con situar el origen de la Tierra próximo a 5.000 millones de años --aunque no sabemos a ciencia cierta si los tiempos siempre han corrido igual--, de todos ellos sólo se puede considerar que han sido habitados por homínidos a lo mucho unos 5 millones de años, lo que representa un 0,1% del tiempo total, porcentaje que cuando nos referimos al Homo sapiens se reduce al 0,05%. Aun considerando la imprecisión de la ciencia para fijar una fecha de origen de la sociedad humana, se puede redondear para sus rudimentos una antigüedad de unos 100.000 años, de los que sólo los últimos 10.000 o 5.000 ha dejado vestigios como para configurarlos constitutivos de la historia de la humanidad.

Si a la escasa trascendencia que para el universo puede representar un periodo tan corto de vida animada, añadimos el que nuestro planeta sea uno de los muchos millones que existen en el universo --en los que no tenemos noticias de vida semejante a la nuestra--, resulta que la importancia de la humanidad para el cosmos es muy intrascendente, en cambio para cada hombre y mujer de nuestro planeta el ser objetos vivos conscientes de ser sujetos creativos de su propio destino es fundamental.

Contemplar la magnitud del universo apenas permite comprenderlo en razón de su ilimitada extensión y mucho más difícil se presenta para el hombre el entender su complejidad existencial, a pesar de los continuos avances de investigación que formulan teorías para las interrelaciones estelares relativas a su causa originaria y probable extinción. Respecto al origen del universo coexisten las teorías de la absoluta evolución material y las creacionistas que consideran como causa original del ser del universo una acción divina. Puede parecer que ambas teorías se excluyen, pero desde la distinción metafísica de los conceptos de principio y origen se justifica que las leyes físicas hagan el relato científico del itinerario secuencial de la evolución de todos y cada uno de los estados de la materia hasta hallar el principio, si lo hubo, del universo, lo que no excluye que la causa en el ser de ese itinerario se deba a una creación externa, ajena a la realidad existencial del universo, la que no necesariamente haya tenido que ser realizada en su principio, sino igualmente posible en cualquier punto intermedio del itinerario generando las leyes de evolución que determinan lo pasado como pasado, lo presente como presente y lo futuro como futuro. Muy posiblemente los creacionistas piensan así porque sus creencias espirituales les inducen a considerar la vida humana como causa final del origen del universo, lo que justifica que los miles de millones de años precedentes a su presencia en la Tierra les resulten intrascendentes para tal fin, que muy bien podrían tener origen como tiempo pasado creado, incluso sin un principio temporal generativo.

Los razonamientos cosmológicos responden a la percepción científica de la realidad circundante cuya expectación ha intrigado al ser humano desde la antigüedad. No obstante, lo mucho que la ciencia ha podido especificar del mundo material guarda considerable distancia con lo reducido que ha podido definir sobre la realidad psicológica de la persona, la que realmente es el sujeto de la cultura intelectual que sostiene la sociedad. El interés no sólo por conocer, sino por qué y para qué se conoce evidencia su condición racional, la que identifica la libertad y la creatividad con la que las familias y las tribus se agruparon para su defensa y la división de tareas en orden a la productividad.

No se sabe a ciencia cierta si la creación de un sistema lingüístico de comunicación oral consolidado fue anterior o posterior a la aparición de colectividades estables, pues sólo por los vestigios más tardíos de su representación gráfica es posible datar la antigüedad de ese fundamental recurso cultural. En cualquier caso, la lengua supuso uno de los pilares para el surgimiento del orden social y con él de la evolución de la autoridad en poder.

Desde el punto de vista del ejercicio del poder, desde su aparición a nuestros días, se puede dividir la historia en cuatro grandes eras:

  1. La era de los ancianos.
  2. La era de los dioses.
  3. La era de los reyes y emperadores.
  4. La era democrática.
La era de los ancianos corresponde principalmente a la prehistoria y comienzos de la historia, en la que prevalecía la autoridad familiar en las familias y las tribus por la doble circunstancia de que en los mismos recaía la responsabilidad del patriarcado y la del saber por experiencia. Tomando en consideración la dependencia filial no es extraño que las familias se agruparan bajo la autoridad de los padres, en quienes además recaía por una parte la transmisión de las artes y técnica de la sustentación y la experiencia de la pericia en la defensa contra los peligros de las fieras y los potenciales enemigos humanos. Al agruparse cada vez en las tribus mayor cantidad de familias, ese poder concertado recayó en asambleas en las que se reunían y deliberaban los patriarcas de las familias, destacando en las mismas la autoridad de quienes despuntaban en sabiduría.

Teniendo en cuenta que en la prehistoria la vida era fundamentalmente nómada, las comunidades no debieron ser muy numerosas, y sobre su devenir influían decisivamente las determinaciones que la naturaleza marcaba mediante el clima, la periodicidad de los frutos y la localización de sus objetivos de caza; en ello los mayores podían aportar la experiencia para planificar los desplazamientos e imponer su autoridad en el grupo. Cuando se habla de ancianos de la antigüedad la referencia que se hace es a quienes eran los mayores entre ellos, que no necesariamente tendrían que tener una edad muy avanzada respecto al criterio actual, considerando que la esperanza media de vida podría no superar los 50 años.

La era en que predominó la hegemonía de los ancianos se extiende en el tiempo durante milenios, perdurando más o menos en determinadas zonas del mundo en razón de las vicisitudes de su cultura.

La era de los dioses dominó sobre grandes civilizaciones cuando la sociedad se asentó en ciudades y pueblos por la dedicación a la agricultura. La protección frente a las adversidades meteorológicas y a la codicia de los enemigos facilitó la encomienda del poder de forma mítica a dioses e ídolos a cuya fidelidad se fiaba la protección pertinente. Las creencias míticas fueron aprovechadas por quienes supieron presentarse como intermediarios con los dioses para obtener su favor.

De prácticamente todas las primigenias civilizaciones se han hallado vestigios de templos, sepulturas, grabados, monedas, grafismos y otros utensilios indicativos de la trascendencia de la religión en la gestión del poder social. Los sacerdotes legitimaban o no cualquier otra autoridad pública, gozando de privilegios que se traducían en la integración en el estrato más alto de la jerarquía social.

Es difícil de datar el comienzo y duración de esta era, pues la distribución por todos los continentes de la humanidad hace que los asentamientos urbanos generados por la agricultura se formaran con diferencia de miles de años de unas a otras partes de la Tierra; lo que se puede comprender más fácilmente tras el descubrimiento durante la Edad Moderna de comunidades indígenas con modos de supervivencia semejantes a la de los pueblos prehistóricos.

La era de los reyes y emperadores está unida a la extensión por conquista de los pueblos vecinos. En la medida que la confianza del pueblo en los dioses mermó por la desmitificación de su poder, se ensalzó la figura de quienes al frente de los ejércitos se presentaban como garantes de la paz y la prosperidad. No pocas veces esos reyes y emperadores se presentaron como encarnaciones de la divinidad para infundir confianza a sus súbditos, pues realmente con la aparición de los reinos e imperios se consolidó la jerarquización de la sociedad en nobles, militares, súbditos y esclavos.

Reinados e imperios durante sesenta siglos han sido la forma dominante del poder, hasta prácticamente el umbral de la actualidad. De ellos, la mayor parte de su vigencia se ha realizado detentando un poder absoluto sobre el pueblo, basado en la concentración de la riqueza en la corte real o imperial. Se puede aducir que el poder de la nobleza ha sido moderador del absolutismo, pero la realidad es que, considerando la corte como una unidad de gobierno, únicamente en los últimos siglos, con la configuración más moderna del Estado, se ha advertido un influjo liberal capaz de reivindicar para el pueblo su derecho a la gestión del gobierno.

La era democrática está en el albor de su constitución. Históricamente han existido movimientos sociales y políticos a favor del autogobierno del pueblo, pero ninguno de ellos ha revestido la característica propia de la democracia tal como la sociedad la concibe a partir del siglo XX: que la democracia es el gobierno del pueblo, pero de todo el pueblo, no de un estamento privilegiado del mismo.

Considerar el inicio de la democracia en la participación ciudadana de la rex publica, en la antigua Grecia, puede servir de indicador ideológico de cómo ya, cuando la filosofía y el pensamiento social despuntó, la ciudadanía reconoció el derecho a decidir sobre la protección de su libertad y a la participar en la definición del sistema y estructura del Estado para preservar el bien común. No obstante hay que reconocer que en esa época el derecho a la participación ciudadana estuvo reducida al estrato de la aristocracia de la cultura y la riqueza, lo que no obsta para que fuera un indicio de progreso democrático sobre la política personalista y absolutista de emperadores y reyes.

Durante siglos el pensamiento político defendió la restricción del ejercicio del poder a la aristocracia en razón de ser el único estamento social capacitado culturalmente para conocer de los asuntos de Estado. La reivindicación que, desde el siglo XVII, sobre esa cuestión planteó la revolución burguesa fue la de que si el pueblo no estaba culturalmente capacitado para el autogobierno lo era porque el poder no destinaba los recursos para su educación, generando como respuesta la inversión del problema: sólo la conciencia democrática sería capaz de priorizar una revolución en la enseñanza y el conocimiento capaz de preparar intelectualmente al pueblo para asumir su función directiva de la sociedad. Evidentemente el anhelo social de esa revolución no fue fácil de lograr, pero durante tres siglos fue imponiéndose venciendo todos y cada uno de los impedimentos que el ya reconocido como Antiguo Régimen establecía como garante de su poder.

El valor universal de la democracia como la más acertada  forma de autogobierno para los Estados se extendió con furor durante el siglo XX, si bien algunos sistemas la tomaron como disfraz del real autoritarismo que practicaban. Basta mencionar a modo de ejemplo cómo el régimen comunista que gobernó la Alemania del Este, tras la liberación y ocupación por parte de la URSS al terminar la guerra mundial, se denominó República Democrática Alemana, y cómo la dictadura fascista del general Franco en España se autodefinió como democracia orgánica; la paradoja que encierran estos ejemplos nos muestra cómo ha podido llegar a ser tergiversado el ideal democrático. A pesar de tantas contradicciones como sostuvo la política en el siglo pasado, se puede considerar que durante el mismo se generaron bastantes progresos en la configuración de los derechos humanos como para fijar a mediados de ese siglo la marca de inicio real de una posible era democrática.

El vuelco del poder desde la detentación del mismo por las minorías a que llegue a verse gestionado por la universalidad del pueblo, superando los estratos sociales, como aspira a conseguirlo el sistema democrático, y por la misma razón de que es un sistema, puede generar decenas de años de éxitos y fracasos, porque para que la democracia represente un valor real es preciso que las mentes de los ciudadanos que deben sostenerla piensen según su sistema de valores y obren en consecuencia.
 

2.- Pueblo.

En el contexto político "pueblo" significa: "conjunto de personas de un lugar, región o país" (Diccionario de la lengua española, RAE, 21 ed.). Técnicamente puede distinguirse el significado según se refiera a los habitantes de una nación, los pobladores de un país o los ciudadanos de un Estado. En el caso de la nación el pueblo engloba a quienes poseen, en virtud de lazos de cultural, lengua y tradición un mismo sentimiento de pertenecer a una comunidad social; para los pobladores de un país, el pueblo refiere a cuantos habitan de modo estable un mismo territorio; en la consideración de Estado, el pueblo lo constituye el conjunto de los ciudadanos sujetos de derecho. Actualmente una persona puede pertenecer a una nación, vivir en otro país y en éste estar o no reconocido como sujeto de derecho. Generalizando, en democracia se aplica preferentemente el término de pueblo para el conjunto de ciudadanos habilitados para ejercer sus derechos y obligaciones en la estructura de un Estado; en sociología, en cambio, según el fin, a veces se trabaja sobre el concepto de nacionalidad o las particularidades del conjunto global de la población de un país.

En democracia la característica esencial del pueblo es la de ser el sujeto agente del Estado. Toda la estructura del mismo recae sobre la voluntad popular expresada mediante un sistema legitimado por mayoría. Ser sujeto agente del Estado le diferencia de todas las anteriores formas de poder de la sociedad, en las que al pueblo se le consideraba un objeto o a lo sumo un sujeto pasivo de una estructura autoritaria que decidía por él. Para ello el sistema democrático ha consolidado tres determinaciones respecto a la consideración del pueblo que son:

La universalidad se refiere a que comprende en su ámbito a todos los ciudadanos pertenecientes a un Estado. Se presenta el sistema democrático como garante de relaciones políticas sin discriminación alguna en función de raza, color, idioma, religión, opinión política o posición social. Cada Estado se dota de una estructura jurídica que define las condiciones de adquisición de la ciudadanía por nacimiento, matrimonio, adopción o asilo. Esta universalidad exige la protección jurídica para que a ningún ciudadano se le prive arbitrariamente de su ciudadanía ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

La universalidad de los derechos de ciudadanía dentro del propio país debe servir de referencia mental y no de restricción respecto al respeto de los ciudadanos del resto del mundo, porque la responsabilidad de la defensa de los valores de la democracia no concluyen en el término de las fronteras, sino que atiende a corresponsabilizarse en la defensa universal de los derechos humanos, el afianzamiento de la justicia y la paz entre los pueblos y la sostenibilidad del planeta.

La igualdad entre los ciudadanos no proclama el objetivo de uniformidad entre los mismos, sino que, conservando las particularidades personales como signo de libertad, todos ellos tengan idéntica capacidad política. Quizá el eslogan puesto en circulación para la reivindicación de la universalidad e igualdad por los primeros movimientos democráticos resume acertadamente esta determinación: "Un ciudadano: un voto".

La mayor restricción intelectual a la igualdad política que proclama la democracia procede de la crítica burguesa al considerar que: "no puede tener igual valor el voto de un cabrero que el de un catedrático". Esta tesis muy extendida ignora que si los cabreros no pueden ejercer sus derechos, nunca alcanzarán a poseer un estatus de reconocimiento por su trabajo semejante al de los catedráticos por el suyo, por mucho que estos se alimenten de la carne y leche de las cabras que los otros pastorean. Parecido criterio hay quien ha sostenido sobre el derecho de la mujer al voto basado en la discriminación cultural que sobre las mismas se ejercía, soportado sobre tesis reaccionarias respecto a su capacidad intelectual, justificadas en las diferencias de conformación craneal respecto al varón.

Precisamente porque todos los ciudadanos: hombres y mujeres, ricos y pobres, jóvenes y ancianos, etc. tienen el mismo derecho a decidir sobre la política, que define sus derechos y obligaciones, es por lo que la democracia se constituye como el cauce ideal para garantizar la igualdad de oportunidades a la educación, a la sanidad y al trabajo para que todos ellos puedan ejercer eficientemente su responsabilidad. Existe diferencias entre las personas que las marca la naturaleza, que hace a unas más fuertes, más inteligentes o más sagaces, y de ello derive una posición diferenciada en función del aprovechamiento de sus recursos personales; no obstante, el orden social debe rectificar el desigual reparto de las potencias personales derivadas como consecuencia del entorno social en el que se nace. El hecho de que esa capacitación en igualdad pueda tardar decenios de años en conseguirse no significa una merma para la democracia, sino un acicate para su consolidación.

La igualdad entre los ciudadanos también la propugna la democracia en lo referente al acceso para ser candidato a todos y cada uno de los cargos públicos.

La actualidad como determinación democrática atañe a que no existan restricciones para que el relevo generacional innove y renueve el cuerpo legislativo precedente. El poder del pueblo no puede entenderse en cada momento de la historia sino en referencia a la voluntad de los ciudadanos vivos; la influencia de los antepasados podrá tomarse como criterio de asistencia a la propia razón, en función de sus aciertos y fallos, para formular los propios juicios y emitir la preceptiva voluntariedad que sostiene la democracia. Sería impropio del sistema democrático que las nuevas generaciones fueran rehenes de lo que decidieron sus abuelos y antecesores.

Encontrándose la democracia en sus inicios, y por las contradicciones que asume en la concepción del poder respecto a los regímenes precedentes, es cuando parece más lógico que surja una pugna entre tradición y modernidad. Conforme pasen las décadas y los siglos, si la democracia universal se afianza, seguirá existiendo el debate generacional, pero no de credibilidad sino de perfeccionamiento, y en la medida que sus aplicaciones sean avaladas por la Filosofía Social, según sus contenidos y condiciones de verdad, la sociedad irá incorporando su doctrina a la cultura general, siendo el consenso social respecto a su desarrollo el índice de la acertada gestión popular en cada momento del devenir social.

Que el pueblo sea sujeto agente del Estado reviste una responsabilidad trascendente para la que debe ser educado a fin de obrar con efectividad. Desde siglos la importancia de la calidad de la enseñanza se ha consideraba pertinente sólo en función de la relevancia social para la que cada persona estaba destinada en función del estamento social en el que había nacido; así se consideraba la necesidad de prestigiosos preceptores para los herederos destinados a regir las instituciones públicas, los dominios económicos, la dirección de la guerra, las leyes y la religión. En la actualidad, como el sistema democrático promociona igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos en el acceso a los cargos públicos y en la competitividad profesional, el objetivo de una educación esmerada desde la infancia se encuentra entre las prioridades de los gobiernos nacionales y en la agenda de las instituciones internacionales que velan por el desarrollo de los pueblos menos agraciados por el destino en la actualidad, porque en todos ellos cada ciudadano está llamado en ser, más pronto que tarde, sujeto determinante de la colectiva conciencia social.

La conciencia colectiva del efectivo poder del pueblo frente a los grupos de presión, que prevén con el sistema democrático una merma de privilegios, debe reforzar la consideración del Estado como el vehículo idóneo de regulación de las infraestructuras de desarrollo armónico de todos los estamentos de la sociedad. Lógicamente los poderes opuestos al poder del pueblo consagrado desde la democracia van a argumentar en su contra tanto como puedan. Uno de los argumentos empleados en tiempos pasados ha sido la acusación de que la democracia divide al pueblo en facciones irreconciliables; contra este escollo cabe argumentar que la democracia no crea la diversidad de opiniones existentes en el pueblo, sino que el sistema se presta a ser medio de su exteriorización. La realidad es que los enfrentamientos por el poder políticos han existido siempre entre los sujetos de ese poder. Cuando el pueblo es reconocido como sujeto agente del Estado, es en él donde se personifican las confrontaciones políticas, pero la mayoría de la población asume ese disenso, resultante de la libertad de pensamiento, antes que la sumisión a la voluntad de formas de poder que le sean ajenos.
 

3.- Persona.

El pueblo no es un ser en sí, sino que posee una naturaleza de conjunto de las personas que lo constituyen. La persona sí es un ser independiente y soberano dotado de un espíritu creativo que le capacita para formular juicios libres y responsables respecto a todo el ámbito de su existencia. Su razón es la causa de su libertad, y su libertad para elegir obrar de un modo determinado es causa de la responsabilidad sobre los efectos producidos por su voluntad sobre su propia persona, sobre sus congéneres y sobre la integridad de la naturaleza.

La libertad del ser humano es el atributo que más le compromete, porque regula todas las disposiciones innatas para relacionarse con el exterior. Frente a otros atributos externos, como son el lenguaje, la movilidad, la percepción sensible..., la libertad sólo puede ser reconocida por la experiencia personal, porque al exterior se manifiesta el efecto de su obrar, pero sólo cada persona, y por ende la humanidad entera, conoce la liberalidad con la que obra siguiendo a un juicio elaborado por su razón. La justificación de la libertad como un contenido de verdad inherente a la personalidad humana ha ocupado un destacado lugar en el interés de toda la historia de la filosofía, porque aunque la experiencia pueda mostrarle cómo él es libre en la toma de sus decisiones, el hecho de obrar también según reflejos condicionadas, de ser objeto de metabolismos biológicos, de poseer una corporeidad material... podría inducir a considerar que sólo su imaginación le hiciera reconocerse como ser libre, siendo sus obras todas efecto obligado de su naturaleza constitutiva.

La gnoseología y la epistemología se han esforzado como disciplinas en describir y fundamentar los principios y aplicación del conocimiento racional del ser humano. Es común en muchos seres vivos mentalizar abstracciones a partir de las percepciones sensibles, pero lo propio del ser intelectual es que a ellos corresponda una respuesta indeterminada, no vinculada necesariamente a una ley de acción / reacción, sino consciente, creativa, libre. Este modo de ser los humanos que les permite "conocer que conocen" se configura mediante un doble procedimiento vital: el físico-mental y el psico-intelectual; ese procedimiento se concreta en tres características definidoras del modo y manera de ser de cada individuo:

Carácter es la determinación mayor que la materia ejerce sobre la manera de ser de los seres vivos, sin considerar la autonomía de los actos fisiológicos. Se le denomina así porque constituye una tendencia consolidada de respuesta orgánica a las imputaciones relacionales que se mantienen a lo largo de la existencia. El carácter determina la sensibilidad, los gustos, las manías, las fobias, la propensión a vicios y virtudes, etc. La ciencia ha demostrado que los genes de estirpe que se transmiten en la reproducción influyen no sólo sobre la apariencia física, sino también en las respuestas de comportamiento con las que cada individuo responde a sus relaciones con la naturaleza y la comunidad de su especie. Dentro de cada especie de seres vivos existe un carácter general que rige la forma de ser, que también se denomina instinto, y un carácter individual que manifiesta las características propias con las que realiza esa forma de ser. Al ser humano su racionalidad le facilita la comprensión de las tendencias generales de su forma de ser por la síntesis de las características particulares de cada persona, de las que, mediante la reflexión, puede poner en consideración respecto a las más comunes de la gente más próxima y lejana, lo que exterioriza en parte lo peculiar de etnias y razas. En la práctica psicológica conviene diferenciar los hábitos de comportamiento debidos al carácter de los restantes influjos, sabiendo que los del carácter, como su nombre indica, son perpetuos, aunque la razón soporta el control de su mayor o menor definición respecto a la libertad.

Educación es la instrucción y adiestramiento que la persona recibe de su entorno. Fundamentalmente se concentra en el primer periodo de vida,  pues es propio del ser humano nacer con la mente en blanco, descontando los reflejos condicionados a respuestas predeterminadas por la naturaleza y a los instintos que pudieran suponerse fruto de ideas innatas, de modo que todo le queda por aprender. La educación transmite conocimientos, ideas y hábitos que cada sujeto incorpora a su modo de ser en función del acomodo a la evaluación de su entendimiento y a la congruencia con los datos de su experiencia personal. Toda educación prioriza los contenidos a transmitir de acuerdo a la programación de la enseñanza y a los criterios de padres y educadores, siguiendo las tendencias profesionales de la pedagogía aplicada o los criterios prácticos que predominan en el entorno social. Evidentemente la educación influye sobre el procedimiento físico-mental y el psico-intelectual, pues las ideas recibidas desde niño configuran un imaginario de interpretación de la realidad.

Personalidad es la manera de ser que de modo consciente, libre y voluntario elige una persona para realizarse en la vida. Indudablemente sobre la personalidad influyen, y de modo muy activo, el carácter y la educación, pero el ser humano posee una segunda flexión de conocimiento que le permite, tras la evaluación de su propio carácter, valorar qué de él debe ser moderado y cómo aplicar los conocimientos adquiridos a través de educación para conseguir una manera de ser que satisfaga los valores intelectuales. La personalidad se construye paulatinamente en la vida con las sucesivas experiencias que acontecen en un devenir para el que la persona se afana en un proyecto y las circunstancias lo mediatizan. La guía del modo y manera de ser individual se configura intelectualmente en torno a valores que compendian los juicios racionales en ideales a conseguir, disfrutar y difundir; ellos en parte reflejan la estructura profunda de la conciencia humana, cuyos fundamentos éticos, solidarios y trascendentes inducen a hacer el bien y evitar el mal. La personalidad varía con el transcurso de los años porque se enriquece cuando los hábitos facilitan la consolidación de los valores, pero también se aja cuando los vicios inducen una manera de ser que distorsiona el sentimiento de realización en la conciencia. La gran diferencia entre el carácter y la personalidad radica en que esta última está mayormente determinada por la reflexión consciente sobre los actos de ser, mientras que aquel expresa la configuración más primaria de la psique.

El asociarse los seres vivos con sus congéneres para convivir, reproducirse y asistirse se produce de forma peculiar en cada especie; en unas predominan las familias de miembros reducidos, en otras se vive en manadas, en las aves las hay que se unen para migrar y, entre los insectos, las hormigas y las abejas destacan por su trabajo en común. Esa tendencia al agrupamiento se conoce que ha existido en la especie humana desde hace decenas de miles de años, lo que hace que la individualidad de la personalidad se equilibre en el grupo con el mutuo beneficio conferido, pero, en especial cuando la comunidad sobrepasa los límites de la tribu, la convivencia genera tensiones debidas a la confrontación de caracteres y a la prepotencia de unas personalidades sobre otras. La educación logra ser un garante de la tolerancia entre los distintos cuando fomenta el hábito del respeto a la persona mediante su ejercicio en las aulas y en la enseñanza teórica y práctica de la urbanidad. Un buen criterio empleado para ese fin es considerar la admiración que merecería cada persona si existiera un número muy reducido de seres humanos que exhibieran su capacidad para conocer, pensar, crear...  Si se valora a cualquier ser vivo por su complejidad substancial, cuanto más la merece cualquier ser intelectual y racional; en el respeto exigido a la propia persona por esa constitución se fundamenta el criterio universal del respeto merecido a todo otro de igual naturaleza. Los derechos considerados para sí deben exigirse con la reciprocidad de procurarlos también para los demás, y el cumplimiento de los deberes propios representa el aval para exigir de los demás el mismo compromiso.

El respeto a la persona, por serlo, representa el valor más profundo que soporta la estructura de relaciones humanas, y es por ello fundamental en la concepción de la democracia como sistema de garantías mutuas para la defensa de los derechos humanos, por consagrar la igual soberanía de cada individuo. El respeto ha de convertirse en la herramienta corporativa más elemental de la democracia en su afán de consolidar los valores del humanismo, ya que en quien respeta como exige ser respetado se contiene la potencialidad de la tolerancia que hace posible el diálogo, el acuerdo y el consenso necesario para que el sistema social se reconozca equitativo, justo y cabal.
 

4.- Bien común.

El bien común es un concepto clásico de la Filosofía Social fácil de comprender pero difícil de entender como hacerlo realidad. Aproximarse al itinerario que puede conducir a desentrañar cómo conseguirlo exige previamente una reflexión sobre lo que abarca el concepto genérico de bien.

Del análisis de la definición de "bien" que ofrece la RAE: "Aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género, o lo que es objeto de la voluntad, la cual ni se mueve ni puede moverse sino por el bien, sea verdadero o aprehendido falsamente como tal" (Diccionario de la lengua española, 22 ed. 2001), pueden extraerse dos rasgos: 1º. Que todo bien es una perfección. 2º. Que la voluntad lo reconoce como tal.

El ser humano, como sujeto paciente, puede considerar en la reflexión sobre su existencia los bienes que le ha dotado la naturaleza como perfecciones pasivas y operativas. La vida, los sentidos, la razón... son potencias vitales recibidas de la naturaleza sin su intervención --fase existencial pasiva-- para ser quien se realice obrando --fase existencial operativa--. En ese obrar como sujeto agente se distinguen los reflejos condicionados y los actos voluntarios. Los primeros causan perfecciones por sí mismos, independientemente de la objetividad del sujeto que los realiza, aunque posea conocimiento sobre la realidad de los mismos. Los actos voluntarios son los que como agente la persona realiza para causar alguna perfección sobre sí mismo, sobre un objeto o sobre otro sujeto. En la medida que esa voluntariedad sigue un juicio proporcionado de la razón respecto al fin es cuando se denominan actos libres, y  si el fin es sí mismo es un bien además se reconocen como éticos.

¿Todos los actos responsables se pueden considerar éticos? Es esta una cuestión que ha sido muy debatida a lo largo de los siglos en la filosofía moral. Si se considera por ético el acto que persigue el bien, todos los actos humanos se podrían considerar actos éticos, porque la ética es la disciplina del bien obrar. En contradicción a esta postura se sostiene desde siglos al criterio de la escuela maniquea que considera que todo en la universo está regido por la controversia entre el bien y el mal. Para este sistema de pensamiento también la conciencia humana discrimina y decide a plena voluntad obrar el bien o el mal.

Un criterio metafísico es que todo en la naturaleza busca el fin apropiado y conveniente al sujeto que obra. Según este principio nada busca el mal en sí, sino un bien particular que puede incidir sobre otros elementos de modo negativo. Así, la actividad física de los todos los elementos existentes estarían determinados a alcanzar la estabilidad funcional como fin primario del móvil de su naturaleza: unirse las partículas, constituir encadenados proteínicos, constituir líquidos, gases, etc.; del mismo modo los animales alcanzarían su fin devorando a otros seres vivos como forma de supervivencia al alimentarse o defenderse. En el caso del ser humano cabría predecir que sus comportamientos primarios fueran similares a los de las restantes especies animales, aunque el hecho de estar dotado de naturaleza intelectual abriría la posibilidad que dirigiera sus intuiciones creativas tanto para su provecho propio como buscar el mal ajeno; no obstante, como a todo ser, se la debe suponer el principio metafísico de inclinación natural al bien que relega la voluntad del mal al adversario sólo como accidente colateral de lograr un beneficio propio. Desear el mal por el mal es posible para la mente humana, pero, desde la perspectiva metafísica del ser, sólo se comprende en una razón ofuscada o trastornada.

La coherencia entre el bien particular y el bien común radica en la legitimidad de que no se excluyan mutuamente. Es lógico que toda persona persiga su máxima perfección material y espiritual, algo en que emplea su capacidad de pensamiento y trabajo de acuerdo al conocimiento que posee sobre cómo conseguir el bien que se lo reporta. Cuando se vive en sociedad, es posible que de las obras para conseguir el bien particular se deduzca un menoscabo de perfección o beneficio para otros sujetos, lo que sería reconocido como un mal para estos, indicador de que el bien particular no es un bien extensible para todos, sino todo lo contrario, por lo que no puede ser computado como bien común. Del mismo modo un bien común genérico podría afectar de forma negativa a la perfección en derechos fundamentales de determinados sujetos, en ese caso el pretendido bien común no sería reconocible como tal, porque entrañaría un mal sobre quien tiene derecho a gozar de la protección de su perfección debida.

El reconocimiento del respeto mutuo y la estima del bien común constituyen la base fundamental del sistema social para que pueda prosperar una vigorosa y duradera era democrática. La realidad es que la sociedad no es más que un sistema de relaciones múltiples, originadas principalmente por la especialización en el trabajo, que genera un intercambio de servicios a fin de lograr un beneficio común. Desde esa perspectiva, la justicia que garantiza el bien común se basa en que en todas las relaciones las partes busquen honradamente que las mismas se constituyan sobre la equidad entre los esfuerzos y los bienes que aportan y reciben los miembros de la relación. Esa justicia, como forma de dar a cada cual su derecho, exige que el beneficio común se distribuya o proyecte proporcionalmente al esfuerzo comprometido por cada sujeto, lo que no oculta la dificultad de lograrlo en una evaluación ecuánime respecto a la participación, reparto o permuta.

El Antiguo Régimen, al que se opone la democracia, privilegiaba la posición de dominio en las relaciones sociales favoreciendo imponer condiciones desiguales en el reparto de los beneficios mediante la coacción o la fuerza. Estas relaciones de dominio generan desigualdad entre el servicio que se presta y lo que se recibe a cambio: una de las partes es la víctima explotada y la otra el dominador que obtiene bienes de modo desproporcionado al esfuerzo que aporta.

Uno de los objetivos que busca la democracia es la paulatina transformación de todas las relaciones de dominio en relaciones de justicia, pues esa justicia es la que garantiza la progresiva implantación del bien común. Para ello, además de la educación ética de las personas, se precisa que el pueblo constituido en autoridad transforme las leyes pretéritas en otras que objetivamente hagan un reparto más justo de los bienes, de acuerdo a quienes intervienen en su producción.
 

5.- Derechos fundamentales.

La Asamblea General de la ONU, el 10 de diciembre de 1948 aprobó la siguiente resolución: "Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción" (tomado el 21/11/2019 de https://www.un.org/es/).

El hecho de esa proclamación no quiere decir que fueran innovados esos treinta artículos, sino que sobre los mismos accedió el consenso de los gobiernos de las naciones para reconocer que el ser humano posee derechos ante la sociedad por su propia forma de ser anteriores a cualquier promulgación en la ley. Supuso ello mismo la culminación de decenas de años de reivindicaciones sociales a favor de la no discriminación en los más distintos países del mundo y un respaldo a la democracia como derecho formal de acuerdo al contenido del Artículo 21. Por ello puede concebirse aceptar esta Declaración Universal de Derechos Humanos como inicio real de una era democrática.

Evidentemente, si existen derechos entre los humanos vinculados a la esencia misma de su sociabilidad, se deduce que atañen como sujeto de derecho a todas las personas por igual y desde siempre, independientemente de que en su tiempo y lugar se hayan reconocido. No obstante, el legado de la historia nos indica la represión, violencia y subyugación empleada a lo largo de los siglos para coartar la demanda de cada uno de los derechos descrito en su articulado. ¿Es creíble entonces que por una declaración en la ONU las naciones se obliguen a hacerlos realidad más allá que en las buenas intenciones? Posiblemente transcurran decenas de años de paulatinos progresos y retrocesos en la implantación de los derechos que afectan a la hegemonía del poder, porque, afectando a intereses enraizados por la tradición política, quienes no habiendo en tiempos pasados asumido tales responsabilidades difícilmente se puede entender que estén en disposición de cambiar sin una legítima presión popular.

Posiblemente el itinerario de los derechos humanos y la democracia estén muy ligados como forma de evolución del pensamiento contemporáneo, de cuyas vicisitudes son testigo los grandes acontecimientos bélicos del siglo XX; no obstante, también en ese siglo se produjeron grandes cambios en la definición de los estados, la descolonización y el desarrollo económico y cultural, lo que sirve de indicio de las posibilidades de progreso social, tanto más si trabajan en paz y al unísono todas las potencias del mundo.

Los derechos proclamados en esa Declaración de la ONU pueden agruparse en:

Evidentemente esta Declaración no supone el culmen de un proceso intelectual respecto a la forma de ser de la persona humana, ni de cómo han de ser acotadas las relaciones entre seres humanos, sino el consenso internacional que en su día se obtuvo para que las legislaciones nacionales incorporen modelos políticos homologables que favorezcan, desde similares conceptos de ciudadanía, el entendimiento, la cooperación y la paz. Como la efectiva transposición a las legislaciones particulares de los Estados no puede obviar la impronta de la ideología dominante, lo lógico en que los mismos se perfeccionen con las sucesivas transformaciones políticas, tanto por la experiencia de su aplicación, como de la mayor implicación del pueblo en las tareas de responsabilidad de gobierno que las haga efectivas.

Una importante nota que esta Declaración deja velada es la obligación internacional de interesarse por la defensa de estos derechos más allá de las fronteras de cada país; lo que puede afectar de tres maneras: 1ª Por la posibilidad de influjo sobre las autoridades nacionales de cualquier otro Estado para la conminación al respeto de los derechos humanos. 2ª Por la puesta en práctica de las instrucciones para hacer efectivas las responsabilidades nacionales para atender la concesión de asilo, la protección jurídica y la repatriación. 3ª Participando en la cooperación económica proporcional que favorezcan el orden social que haga efectivos estos derechos y libertades en cualquier pare del mundo.

Con el máximo respeto a la libertad ajena, cada persona debe cuestionarse en que se implica para la efectiva defensa de los derechos humanos, dentro y fuera de su país, pues es responsabilidad universal sostener la equilibrada forma de ser de la especie, muy especialmente por la relación de intelectualidad que se da entre los hombres y las mujeres del mundo, habiten donde habiten, las que interpelan a cada individuo según cuánta información posee sobre las condiciones de vida en otras regiones. En especial en los países democráticos, dando ejemplo de responsabilidad popular sobre la gobernanza mundial, se debe actuar mediante instituciones bilaterales y multinacionales para la promoción de los derechos individuales allá donde, por carencia de recursos, más deteriorados se encuentren.
 

6.- Sistema.

Un sistema es un conjunto de relaciones lógicas organizadas a obtener un fin. Cuando se aplica a la sociedad debe comprenderse que existen dos influjos que determinan la lógica de esas relaciones: una definida por el orden propio de la naturaleza material y otra dispuesta por la creatividad racional del ser humano. Se podría entender que se trata de dos sistemas: el cósmico que establece las reglas determinantes de funcionamiento de la materia dentro del universo, el humano que regula la convivencia entre seres inteligentes y libres. Por la desproporción de dimensión en el tiempo y en el espacio, de modo objetivo podría pensarse que el sistema del cosmos es el pertinente y trascendente, mientras que el sistema establecido entre la especie de seres humanos es contingente y caduco; no obstante, de modo subjetivo, las emociones del ser humano son más proclives a los efectos de las relaciones vivenciales entre humanos.

Cuando se habla de sociedad se sobreentiende un sistema de convivencia establecido entre personas que define los derechos y las obligaciones de unos con otros. Podría considerarse que estas relaciones están condicionadas desde siempre por la naturaleza, pero, más allá de las determinaciones físicas, el sistema social se fundamenta en las decisiones libres y creativas que las personas han ido definiendo a lo largo de los siglos. Es evidente que las leyes de la naturaleza influyen sobre la lógica de las resoluciones humanas, pero lo esencial de ellas es que esos influjos instruyen a la razón, pero luego es la libre voluntad la que rige las expectativas de convivencia, unas veces respetando la norma establecida, otras transgrediéndola.

Ese sistema social abarca desde las relaciones dentro de la familia, donde se educa a los hijos, hasta la estructura del Estado que establece los medios para que este cumpla sus dos principales cometidos: proteger y promover, tanto a la seguridad de los ciudadanos como a su promoción social. En su raíz, la familia y el Estado tienen obligaciones semejantes, diferenciándose en que en la familia rige una autoridad necesariamente paternalista, mientras que en el Estado la autoridad legítima procede de la corresponsabilidad ciudadana, garantizada por el sistemas democrático.

La autoridad en la familia no es un tema menor en el sistema de funcionamiento de un Estado, ya que de la consistente formación de los hijos desde su primera edad dependerá la categoría de los futuros ciudadanos, por eso es función de la estructura del sistema social facilitar a los padres los medios de conciliar sus obligaciones laborales, necesarios para la manutención familiar, con la obligada dedicación a la educación de los hijos. Con frecuencia surge un escollo político en la conjunción de los derechos a la libertad de los padres sobre los hijos con la responsabilidad del Estado de promover a los mismos como ciudadanos libres. Realmente es equivocada la expresión: "derecho de los padres a la educación de los hijos", pues el sujeto sobre quien recae ese derecho es el hijo, que es quien tiene derecho a ser educado, correspondiendo a los padres el correlativo deber de educarlo como de mayor le gustaría haber sido educado.

En las estructuras superiores del Estado: municipio, departamentos, nación, supranacional, la democracia es proclive a que la responsabilidad de la autoridad recaiga sobre quienes los ciudadanos mayores de edad elijan del modo más directo posible para ejercerla. Lo ideal del objetivo democrático sería que en los gobiernos de todos y cada uno de los estamentos de poder del Estado estuvieran representadas proporcionalmente todas las ideologías sociales, de modo que rigiera el consenso de lo mejor de todos para todos, o sea la solidaridad. En estos albores de la democracia eso puede parecer imposible de lograr, cuando la herencia mental, especialmente de los abuelos, es la de la división en estratos sociales, la de la corrupción generalizada en el poder, la del caciquismo, la lucha de clases, los grupos de presión, las dinastías, las mafias y los fundamentalismos religiosos. Con ese bagaje parece imposible conciliar la ética que subyace en la ideología democrática, pero no en vano también en la sociedad se puede advertir cómo existe un hartazgo de las ideologías que prometen y no consiguen la paz social que anhela la mayoría de los pueblos.

El sistema democrático está fundamentado en la participación ciudadana, pero la expresión de la voluntad particular de millones de personas precisa también de un sistema de canalización de esa voluntad que sea efectiva para la gobernabilidad. Dos estructuras se han impuesto para ese fin en la mayor parte de los países que han abrazado la democracia; una de ella son los partidos políticos; la otra, las asociaciones sectoriales, como son los sindicatos, la patronal, las comunidades vecinales, etc. El problema que en estos decenios de años de vigencia democrática se ha percibido es que muchas de esas estructuras participativas de ciudadanos se han constituido para dar respuesta a objetivos identitarios de una ideología sectorial más que para asumir el rol del Estado como regulador y protector de la justicia y las libertades que dan respuesta a las demandas de los derechos humanos.

La transposición de la estratificación social del Antiguo Régimen a la identidad respectiva de los partidos políticos frena, más que acelera, la razón esencial de la vigencia democrática; en especial cuando cada partido o grupo ideológico del sistema se acopla para servir a intereses espurios que sintetizan las relaciones de dominio en la sociedad. Si los partidos políticos no sirven para constituirse como cadenas transmisoras de los problemas reales de los ciudadanos, ofreciendo soluciones igualmente reales, es que el concepto de democracia aún esta por desarrollar. Un sistema no se justifica por su diseño, sino porque el mismo favorece la consecución de los fines para el que se planeó.

Parecido papel caduco o relevante en el sistema democrático se puede observar en las asociaciones ciudadanas si se conforman, respectivamente, para emitir juicios, como los grupos de presión, o lo hacen como estructuras abiertas a la iniciativa popular posibilitante de la exposición de las demandas sociales. El sistema democrático no restringe su cometido al ámbito estrictamente político, sino que el mismo reconoce que los ciudadanos se relacionan mucho más fuera de la política que en la misma, por lo cual pone en valor esos subconjuntos sociales en cuya confluencia se aprende a convivir, a escucharse, a empatizar... ya sea en círculos deportivos, artísticos, culinarios... lo trascendente socialmente es que, si funcionan con esquemas democráticos, sirven de ejercicio de la tolerancia, pues quien en su modo de vida más restringido aprende a concertar está realizando ejercicios prácticos de la participación que fomenta la democracia.

Sin duda la democracia constituye un sistema de poder ordenado, en el que la máxima de ser vehículo de participación de la totalidad de la ciudadanía no puede confundirse con la anarquía de un país sin Estado, todo lo contrario, la autorregulación del poder es su propia esencia, pues ese poder real es el que certifica la protección de los derechos y la exigencia de los deberes ciudadanos. El sistema democrático refuerza la libertad de concertación entre los particulares favoreciendo un sistema jurídico civil cuyo objetivo es que sobre las relaciones privadas trascienda el compromiso del Estado de protección y promoción para sus ciudadanos, lo que se concreta en desterrar las relaciones de dominio mediante la objetivación en la ley de los márgenes de beneficios que unos pueden obtener sobre otros para que todas las relaciones puedan calificarse como permutas de servicios libres de toda subyugación del débil por el fuerte. Se puede pensar que para esa exigencia no es necesaria la democracia, y que la misma función la ha podido ejercer durante cientos de años el estado autoritario, a veces con el placet de la ciudadanía; no obstante, lo que aporta la democracia es la sistematización de los canales de reclamación como un derecho, y no como una súplica, cuando un ciudadano, o una colectividad de los mismos, percibe el dominio de otra persona sobre él. Sirva como ejemplo la creación consustancial a la democracia de las sociedades de consumidores, cuyo fin es el amparo de los derechos de los consumidores en el intrincado ámbito mercantil.

Un objetivo no menor del sistema democrático es la creación de la concordia suficiente entre los ciudadanos como para entender que  una nación lo es cuanto más se sienten respetados unos por los otros. El clima de confrontación e intolerancia, índice de inmadurez democrática, es origen de la tormenta perfecta para la justificación en recortes en los derechos humanos. La exaltación violenta por los derechos que perturba la paz contradice la misma esencia de la democracia, convirtiéndose en la justificación para el poder de los estados de excepción, alarma y sitio que otorgan poderes excepcionales de represión de derechos incompatibles con la libertad. Cuando una parte de la sociedad, sea gobierno, oposición o judicatura, subvierte la norma del sistema democrático e impide a otros el ejercicio de la libertad de opinión y de expresión lo que está cuestionando son derechos fundamentales cuya restricción no favorece sino al autoritarismo contrario a la democracia real. Toda defensa violenta de los derechos induce a la represión igualmente violenta de los mismos y a la quiebra de la paz social que perturba el clima de progreso ideológico que representa el poder de la ciudadanía.
 

7.- Delegación.

La democracia asume como principio el que toda la población participe en los destinos colectivos de cada comunidad. Como el objetivo es francamente ambicioso, se justifica que el sistema vaya paulatinamente perfeccionarse en cómo mejor alcanza ese fin, en especial en aquellos países con escasa experiencia democrática. Cuando el grupo que reúne no es numeroso, es posible que todos participen exponiendo sus ideas y expresando su parecer a las propuestas de los demás; una vez oídos todos, si procede, se puede decidir mediante el voto personal cual es el criterio mayoritario que se impone respecto al tema tratado. Es curioso que incluso en reuniones de pocas personas a veces haya quien se abstiene de opinar y vincula su decisión al criterio mayoritario de los demás; puede parecer poco rentable, en valor democrático, que alguno no intervenga y fíe su voluntad a los demás, pero, si se tiene en consideración la razonabilidad de quien no se fía de su criterio sobre un tema, es lógica esa abstención, muy especialmente cuando además se tiene por seguro que otro u otros le superan ampliamente en conocimientos sobre la materia del contenido que se trata; en estos casos cabe vincular la decisión personal a la de aquella en quien se confía mediante lo que se reconoce como delegación de voto.

Quien opta por participar en la democracia, lo puede ejercer en dos ámbitos: el de la participación y el de la decisión. El ámbito de la participación abarca todas las propuestas y opiniones que una persona transmite al grupo sobre un tema, bien sea por método oral o escrito, en reunión presencial o a distancia. El de la decisión implica la expresión de la voluntad personal sobre las resoluciones a tomar sobre un asunto determinado. Normalmente las decisiones se toman con posterioridad a un debate de participación en el que se defienden ideas, concordantes u opuestas, de las que surgen las síntesis que se someten a la decisión de quien tiene derecho a voto, pues a veces hay ponentes de ideas que participan informando pero no pueden votar, y otras muchas sucede que por la amplitud del censo se hace imposible oír a todos los votantes, quienes se expresan precisamente mediante la orientación de su voto.

Es en el ámbito de la decisión donde cabe la delegación de voto, la que en sí supone una intermediación de la propia soberanía --la que nunca se pierde-- que puede alcanzar varios objetivos distintos:

Delegar la representación en órganos de gobierno es una práctica común en democracia. Por ella un ciudadano mediante una votación elige a quien le represente en la estructura de gobierno de la comunidad respectiva. Desde las comunidades de vecinos al gobierno de la nación, la sociedad ha considerado la creación de órganos de dirección que, en representación de todos los integrantes de la sociedad, gestionen la ejecución de los medios precisos para alcanzar los fines propios de la colectividad. Teóricamente, si la sociedad se ha unido para en conjunto obtener más beneficios que por separado, es lógico que busque fórmulas para rentabilizar los esfuerzos y una de ellas es que, en representación de todos los miembros, un grupo reducido de ellos se ocupe profesionalmente de gestionar la comunidad, rindiendo cuentas periódicas al resto de los partícipes. Este esquema se reitera en casi todas las agrupaciones que no corresponden a una propiedad singular, pues en estos casos la propiedad es quien dirige o contrata a quien encomienda esa responsabilidad.

Delegar el traslado de la voluntad emitida es un método antiguo que en algunos países se ha perpetuado hasta el presente. Proviene de nombrar un representante con mandato exclusivo de transmitir la voluntad emitida por un grupo de votantes a un centro de recuento más universal. A los delegados se les suele denominar compromisarios pasivos, y se caracterizan porque no han de emitir propias decisiones sino reflejar de modo inequívoco el sentido del voto de sus representados. Desde que existen medios de comunicación fiables de la inviolabilidad del contenido del mensaje, estos han sustituido a los largos desplazamiento de los compromisarios para trasladar el sentido de los votantes dispersos por el territorio.

Delegar la valoración a emitir supone otra alternativa al voto directo, eligiendo compromisarios activos a los que se confía la decisión de una posterior elección de cargos. Esta forma de elección indirecta es legítima dentro del sistema democrático si en cada uno de esos posibles escalones de representación se mantienen plenamente la transparencia y la libertad; no obstante, esa cierta restricción a la relación directa entre elector inicial y el elegido final debilita su implantación.

La democracia, además de la libertad de voto y la transparencia y equidad de todo el proceso electoral, para que se afiance durante siglos como forma legítima de autogobierno depende mucho de que la relación entre el elector y su representante elegido mantenga durante todo su mandato la confianza depositada. Los datos de satisfacción de los pueblos donde la democracia se encuentra más arraigada no dejan de ser débiles respecto a la valoración de sus gobernantes; lo que indica que queda mucho por mejorar. Para muchos electores el proceso de cambio comprometido por los partidos políticos respecto al desarrollo alcanzado, a la supresión de la corrupción, a la vigencia de los derechos humanos, a la protección social, al desarme y a la justicia laboral no prospera según las expectativas generadas en los programas electorales, lo que justifica su desafección. Esa desafección de los electores, cuando no aprecian soluciones a sus problemas reales, repercute en una desacreditación del sistema democrático, por más que se considere el posible menos malo, y si se quiere perpetuar su prestigio debe trabajarse desde todas las instancias para mejorar la identificación de los representantes con las aspiraciones de los representados.

En el sistema parlamentario de partidos políticos surge con frecuencia la controversia sobre si la legitimidad del voto pertenece personalmente al nominado por las urnas o al partido político bajo cuya nomenclatura se respalda. Lo lógico es que el sistema preserve la libertad y responsabilidad personal del elegido para decidir, porque lo contrario sería convertir el sistema democrático en una partitocracia; pero también cabe objetar que cada candidato no elabora un programa electoral completo y vinculante, sino el partido, y por ello corresponde a este el velar porque durante la legislatura exista conformidad entre lo que sus diputados respaldan y lo que el programa había comprometido; en ello se basa la práctica de la disciplina de voto que la mayor parte de los ordenamientos jurídicos parlamentarios consiente. Posiblemente la partitocracia se corresponda con un periodo transitorio de adaptación de la democracia, porque la disciplina de voto encierra un escollo moral importante para la democracia cuando los parlamentarios han de seguir un criterio contrario a lo que la ética les dicta como sentir general de sus votantes; siendo una posible solución al escollo el que se considerara al conjunto del grupo parlamentario como una entidad de decisión colegiada, y vertida la opinión contradictoria, posible por la diversa sensibilidad dentro de los diputados de un mismo partido o coalición de electores, en una votación se considere por la cámara el criterio mayoritario del grupo como la opinión vinculante de todos los representantes del grupo correspondiente; siempre cabría mayor concesión a la libertad si en las listas electorales se aceptara candidatos "independientes" que se reservaran la validez del voto según su opinión personal en toda circunstancia. Muchas de la limitaciones a la libertad de decisión de los diputados se fundamentan en evitar que los electores puedan verse sorprendidos porque surjan parlamentarios tránsfugas que, bajo la apariencia de libertad de conciencia, vendan el sentido de su voto a intereses ilícitos, algo que el sistema de votación por mayoría colegiada del grupo parlamentario evitaría. Se quiera o no, la obligatoriedad de seguir en las votaciones el criterio marcado por el portavoz del partido, relegando los diputados su recto criterio, recuerda bastante a los usos de los caciques del Antiguo Régimen, que se dan por superados en democracia. Muy posiblemente observar democracia interna dentro de los partidos y grupos parlamentarios sirva para reforzar el sentido de libertad que sostiene a la democracia.

Otro escollo que se presenta respecto al derecho a la independencia del político elegido y su misión delegada de los electores que le han votado como su representante concierne al voto secreto. Esta práctica introducida en muchos parlamentos, ayuntamientos o cualquier otra entidad democrática tiene por objeto que el votante pueda decidir en conciencia sin temor a represalias por la determinación tomada. El los casos de una votación directa, como son elecciones generales o referéndum, cada ciudadano puede ejercer el derecho al voto secreto porque no posee responsabilidad delegada. En especial este sistema adquiere trascendencia cuando existe una tensión política que cohibe la democracia por la presión de cualquier forma de dominio autoritario. En el caso de los cargos elegidos en votaciones públicas para representar a sus conciudadanos, haya sido como candidato único o a través de candidaturas de partidos políticos, sindicatos, agrupación de electores o cualquier otra forma de ser elegible, el voto secreto que pueda ejercerse como representante en la asamblea que corresponda impide que sus representados, que son los últimos sujetos de la soberanía ejercida, sepan que esa actuación es acorde con el mandato confiado. La pretendida protección del ejercicio de la libertad se traduce en la desprotección de la trasparencia en la cadena de delegación de voto, lo que genera desconfianza e incluso impide formar un juicio racional sobre la idoneidad del sujeto elegido para que actúe en el dominio público en nombre de sus electores.

Como el desarrollo de la tecnología vaticina para el futuro sistemas de cálculo seguros, rápidos y capaces de computar algoritmos, el sistema de representación democrática puede ser que cambie con el paso de los años buscando que realmente se pueda contabilizar la opinión de la totalidad de los ciudadanos electores. Los sistemas tradicionales, ya sigan criterios mayoritarios o proporcionales, adolecen de que dejan sin representación a miles de ciudadanos porque pertenecen a ideologías minoritarias. Por ejemplo, el sistema mayoritario que adjudica la representación única de un distrito al candidato más votado ignora los derechos a tener representación de los demás ciudadanos minoritarios, como si no existieran; de modo más contenido el sistema proporcional con frecuencia se aplica con correctores que favorecen igualmente a los partidos mayoritarios con detrimento de las minorías. La realidad democrática es el reconocimiento de la universalidad ciudadana, por ello del criterio básico de "un ciudadano, un voto" exige perfeccionar los criterios de representación hasta conseguir que el lema básico de "un ciudadano, un voto" se traduzca en que cada ciudadano se sienta realmente representado en las instituciones de poder. Quizá el futuro de la representación se sostenga en que no todos los parlamentarios tengan igual poder de decisión con su voto, sino que el mismo sea proporcional al número delegaciones recibidas en la elección.
 

8.- Instituciones.

Para que un Estado ahonde en la democracia es necesario que ninguna de sus instituciones públicas se rija por un fin espurio. Si la característica del Antiguo Régimen era el servicio del pueblo a los soberanos, en democracia todo el poder debe configurarse como un servicio a los ciudadanos; lograrlo justifica la existencia de instituciones que canalicen el buen gobierno en una efectiva atención a proteger y promover sus necesidades.

Las instituciones públicas deben regirse en su sistema de gestión interno según los principios de justicia y equidad que inspira el sistema democrático. La necesaria libertad creativa que conviene a muchas instituciones para ser eficaces no puede suponer espacios autárquicos dentro del Estado que perviertan los fines de servicio y beneficio a la colectividad. Algunas instituciones se favorecen con regímenes distintos a los propios de la Administración, en especial cuando entran en competencia con el comercio y los servicios privados, pero mientras estos sirven a intereses particulares, cuyos legítimos propietarios buscan su propio beneficio, las instituciones públicas deben, sin perturbar las leyes del libre mercado, mantener una ética solidaria primando la calidad de los servicios, la sobriedad económica y la trasparencia administrativa.

El término instituciones públicas es muy amplio y cabe clasificarlas como:

Instituciones políticas. Si la respuesta al "¿para qué?" del Estado es la protección y la promoción de los ciudadanos, la respuesta al "¿cómo?" la dan las instituciones que gestionan la estructura política del país. En el sistema democrático ninguna de esas instituciones en sí posee soberanía propia, sino que la tienen directa o indirectamente delegada de la soberanía del pueblo, de todos y cada uno de los ciudadanos que ostentan la capacidad de definirlas, transformarlas o suprimirlas mediante la manifestación de su voluntad en consultas electorales periódicas.

El sistema democrático también preconiza la distribución del poder, primordialmente de modo territorial, estructurando las instituciones de la nación, los estados federados o departamentos autónomos, las regiones y los ayuntamientos en un sistema de subordinación y enlace entre los mismos. Todas ellas conforman el Estado según las responsabilidades que les encomienda las leyes y pueden considerarse poderes independientes pero concéntricos, sobre todo en el sentido del servicio a los ciudadanos que debe impregnar toda la acción estatal, de modo que el más amplio, además de actuar de acuerdo a sus prerrogativas, tiene el deber subsidiario de auxiliar solidariamente a los más reducidos cuando estos se vean incapacitados de prestar los servicios demandados por los ciudadanos. Una característica de esa descentralización de las instituciones de poder público es que, siendo autónomas cada una de ellas en la elección de sus representantes políticos, logra de hecho una pluralidad de sensibilidades políticas con necesidad de entenderse para ofrecer los servicios a la respectiva población. Esa pluralidad es signo de la diversidad de ideologías que conviven en cada Estado, que en la medida que respaldan la democracia son capaces de tolerarse mutuamente en bien de los ciudadanos.

Además de las instituciones puramente gubernamentales y asamblearias, como son los parlamentos y los ayuntamientos, los diferentes niveles del poder estatal tienen consejos asesores, institutos especializados de información, estamentos diplomáticos, etc., cuya labor de asesoría orientada por la profesionalidad e imparcialidad contribuye a mitigar el ímpetu ideológico más allá del dictado de la razón.

Instituciones de servicios públicos. La labor de promoción del Estado en el sistema democrático descansa sobre todo en la capacitación de los funcionarios públicos para gestionar eficazmente los servicios de enseñanza, sanidad, policía, prisiones, vivienda, tráfico, etc. que determinan el bienestar del pueblo. Se vengan prestando esos servicios desde decenas de años, o sean de implantación reciente, lo socialmente relevante en el sistema democrático es que se dirijan sin ninguna discriminación a toda la ciudadanía. Según la ideología imperante habrá más o menos instituciones públicas, pues algunos países poseen tradición arraigada en prestar parte de esos servicios a través de compañías mercantiles o patronatos gestionadas directamente por sus usuarios, pero la responsabilidad de la plena escolarización, de la adecuada atención sanitaria, de la oferta de vivienda necesaria, de la seguridad en las calles, etc. es de toda la sociedad para toda la sociedad mediante la delegación democrática de la confianza al Gobierno legítimo para promover las instituciones estatales especializadas en ofrecer esos servicios.

Para llevar a cabo esa ingente tarea las instituciones se valen de relaciones contractuales de trabajadores especialistas, como son enfermeros, médicos, profesores, bomberos, administrativos, etc., empleados públicos también conocidos como funcionarios. Un criterio básico de la democracia es que los funcionarios no son políticos, aunque tengan que seguir determinadas directrices políticas de las autoridades públicas. En democracia los políticos pasan por sus cargos durante el tiempo que mantienen la confianza de los electores, en cambio los funcionarios permanecen como garantía de la estabilidad en la prestación de los servicios. Igual que los funcionarios públicos no pueden discriminar en su trabajo a la población, todos los ciudadanos tienen derecho por igual, cumpliendo la cualificación profesional correspondiente, a ser contratados, mediante ofertas trasparentes de empleo público, para satisfacer la demanda de profesionales que precise la Administración.

Instituciones reguladoras son aquellas con las que el Estado, en cualquiera de sus estratos, controla que toda la actividad económica y mercantil cumple los objetivos de servir a la sociedad mediante relaciones justas, impidiendo que poderes particulares o societarios impongan relaciones de dominio sobre los ciudadanos. Este cometido el poder democrático puede orientarlo de diversas formas: creando instituciones estables con poder regulador de los límites lícitos de determinadas actividades, como las regulaciones sobre el mercado bursátil, la competencia o para la protección de los derechos de los consumidores; promoviendo sociedades mercantiles estratégicas para la nación, como de armamento, de producción y distribución de energía, de transporte; participando en empresas mixtas público / privadas para competir con criterios de servicio en la economía de mercado.

En beneficio de la garantía de la libertad, el sistema democrático no debe, mediante las instituciones públicas, contender deslealmente sobre la iniciativa privada, pues esta nace igualmente de la entraña misma de la sociedad. El recurso habitual de revertir la parte de los beneficios de las sociedades mercantiles correspondientes al uso de la infraestructura social es a través de la política fiscal y no de la competencia mercantil; pero en la medida que las compañías multinacionales imponen su dominio amparadas en legislaciones interesadas, cada vez se hace más necesaria una regulación fiscal sobre la facturación real en cada país en vez de sobre el beneficio declarado.

La defensa de los intereses de los ciudadanos contra la abusiva especulación financiera hace que los Estados puedan y deban imponer regulación y tasas sobre aquellas actividades socialmente infructuosas, pues la riqueza que se obtiene especulando se le detrae a quien la produce trabajando.

La corrupción de las instituciones políticas en gran modo procede de la capacidad legal de operar sin coherencia democrática. Servirse de la democracia para alcanzar beneficios de clase ha sido una constante en la transición del Antiguo Régimen a la democracia. Muchos ciudadanos siguen observando las mismas prebendas que se otorgaban los regímenes autoritarios en las actitudes de los nuevos políticos que denunciaban aquellas formas; algunas, como ejemplo, pueden ser: asignarse sueldos, emolumentos y dietas autónomamente, nombramiento desmedido de asesores, designación de jueces y fiscales, compatibilidad profesional con el ejercicio de la política, puertas giratorias, favoritismos, aforamientos, control de medios de comunicación... En general se podría decir que todo lo permitido para los políticos más allá de lo que lo que la ley contempla para los funcionarios públicos levanta sospecha a los ciudadanos, pues a los cargos políticos se les debería equiparar en su cometido a los funcionarios, pues el ser elegidos no perturba su fin como trabajadores profesionales temporales del Estado a servicio de los ciudadanos; de este modo, la revisiones salariales por el trabajo de los políticos debería guardar concordancia con las que la Administración dicta para el conjunto de los empleados públicos.

Respecto a la economía el Estado tiene que intervenir como regulador, pues la ciencia económica tiene como fin la reproducción de la riqueza, pero no la distribución de la misma solidariamente entre el conjunto de productores, salvo en lo que para ese progreso pueda convenir. La economía en sí no entiende de derecho, ni de justicia, ni de bienestar, sólo atiende a esos valores en cuanto puedan o no contribuir a la multiplicación de las riquezas, de modo que sirve de inspiración a ideologías para relegar la justa distribución de los beneficios del trabajo fundamentándose en que el mismo fin de crecimiento económico de por sí garantiza el incremento del bienestar.

La democracia en sí no tiene como fin crear un sistema social igualitario, sino un medio para que los ciudadanos determinen con su criterio la justicia en la repartición de los beneficios, lo que se puede lograr de modo inmediato y mediato, o sea, con la repercusión de la riqueza a cada bolsillo de modo proporcional al trabajo realizado y a través de políticas de protección social que incidan sobre las contingencias desfavorables que puedan acaecer a los ciudadanos. La solidaridad ciudadana no corresponde a una innovación de determinadas tendencias políticas, sino que ya la iniciativa pública y privada desde siglos ha venido estableciendo sistemas de aseguramiento para distintos colectivos en función del reparto del acumulado de las primas entre los afectados. Lo que la democracia implica es que sean los ciudadanos, y no otro poder, los que decidan hasta cuánto debe inmiscuirse el Estado como garante de la política de protección social que augure el reclamado derecho a la igualdad de oportunidades, se nazca y se crezca en cualquier estamento social. El igualitarismo reivindicado por algunos para determinados derechos no deja de presentar escollos en la aplicación de la doctrina democrática cuando lo que se demanda es paridad de retribuciones, al menos para los funcionarios, en todo la extensión de la nación. El dilema es: ¿igualdad pecuniaria? o ¿igualdad de poder adquisitivo?, porque una igualdad de retribución salarial en un entorno de diferencias de coste vida evidencia una asimetría respecto al bienestar probable; no obstante se puede argumentar que esa disimetría actúa a favor de la equiparación paulatina del nivel de renta que determina el coste de vida.
 

9.- Gobernabilidad.

La gobernabilidad hace referencia al grado de dificultad a la que puede enfrentarse la acción de Gobierno de una nación. En los regímenes dictatoriales y los vestigios de las antiguas monarquías la gobernabilidad es fácil porque las normas de convivencia son impuestas por la fuerza y se reprime duramente a quienes las infringen; además en esos sistemas no existe control sobre la corrupción, porque la justicia está dirigida por el único poder. En democracia, en contra, la gobernabilidad procede de un acuerdo de los partidos políticos en función de los resultados de las elecciones presidenciales o parlamentarias. Dependiendo del sistema electoral, es más factible que se generen mayorías o no, y cuando no son posibles hay que recurrir a los acuerdos parlamentarios para refrendar o no la política presidencial, o para constituir gobiernos fuertes o débiles.

La democracia real, la que mediante un sistema proporcional refleja en la asamblea o parlamento la estricta voluntad de los ciudadanos según la delegación universal representativa, puede no ser la que facilite la mayor gobernabilidad si la nación está muy dividida ideológicamente y la intolerancia mutua rechaza la política de pactos. Si un único partido o las coaliciones per natura no obtienen mayoría absoluta, se hace necesaria una mayor flexibilidad entre partidos para gobernar con la parte del programa electoral de cada uno que no inquieta a los demás, o con acuerdos que buscan un punto intermedio que puede reflejar el fiel de la tolerancia ciudadana.

El que la conciencia de Estado esté presente en los partidos políticos depende mucho de que antes lo esté en los ciudadanos, pues aquellos no proceden sino de estos, aunque la experiencia política de sus líderes puede encauzar la regeneración de su intolerancia. Un carácter menos o  más visceral facilita el entendimiento dentro de la diversidad o el encallamiento en la uniformidad, de la cual en el pasado y presente siglo la democracia ha dejado muestras de cómo el progreso hacia la compresión de lo distinto tarda en fraguar tanto como la maduración de la personalidad en los individuos. Hay democracias que erróneamente desembocan en autoritarismos o dictaduras por la acción de gobierno que ignora la apertura a la real diversidad de la población, por ello no hay que temer los pactos que representen la diversidad, sino todo lo contrario; incluso el gobierno sustentado en una mayoría holgada debe gobernar para todos los ciudadanos --como se pronuncian normalmente las autoridades electas-- porque no sólo reforzará su autoridad, sino que también afianzará la estima del pueblo a la democracia.

La elección del primer ministro o jefe de gobierno puede provenir de la designación delegada en las repúblicas o monarquías presidencialistas; por elección de las cámaras, en repúblicas y monarquías parlamentarias; por elección popular en repúblicas constitucionalistas; por designación asamblearia en repúblicas populares. Todas ellas se acercan o alejan del sistema democrático en cuanto el poder real ejecutivo y legislativo sea diferenciado y uno y otro se elija por votación del pueblo. Independientemente de la legitimidad democrática de la elección, es importante que ese sistema no engendre vacíos de poder cuando no se logra mayoría suficiente en la cámara de representantes, lo que se puede evitar legislando la elección hacia quien cuente con más apoyos de entre los candidatos propuestos, restringiendo su número si se desea en doble vuelta, pues casi todos los sistemas parlamentarios admiten procedimientos de sustitución posteriores mediante mociones de censura. Aunque los periodos de gobierno en funciones palian el vacío de poder, cuando se prolongan pueden afectar a la imposibilidad de dictar resoluciones importantes a tomar sobre el bienestar ciudadano.

Que la gobernabilidad pueda estar influida por el sistema electoral y por la actitud política de los partidos no afecta a que la gobernanza dependa fundamentalmente de la capacidad de empatía de los gobernantes con el pueblo. El interés por entender las demandas ciudadanas de protección y promoción en cada tiempo se debe priorizar sobre la fría aplicación de las teorías políticas contemporáneas, pues en democracia se consigue más con convencer que con imponer, lo que exige a los miembros del gobierno estar atentos a las indicaciones de las restantes administraciones públicas, a las reivindicaciones sindicales, al criterio empresarial, a las demandas de los consumidores, a la solicitud de las asociaciones asistenciales y a los mensajes que la población les envía a través de las manifestaciones públicas. Todo esfuerzo por escuchar y responder a la población va en línea con la democracia, y para ello con frecuencia se debe recurrir a medios demoscópicos libres, no interesados, para palpar el pulso real de la sociedad.

Es evidente que las autoridades gubernativas están comprometidas por los programas electorales que propusieron para ser elegidas, pero cuando se gobierna para todo el pueblo, no sólo para los correligionarios, las responsabilidades del respeto a la libertad y pluralidad deben reflejarse en la una mentalidad abierta a considerar la aplicación del propio programa con amplitud de miras para que pueda satisfacer a la mayor parte de la población. Ya las cámaras asumen parte de esa función crítica con el control parlamentario del gobierno, la depuración de los proyectos de ley y el oportuno recurso a la justicia cuando fuera necesario; aunque, en la medida de la sensibilidad política del gobierno, es más productivo moderar la gobernanza a través del diálogo con las demás fuerzas políticas para alcanzar consensos que reflejen la mayoritaria voluntad ciudadana.

La democracia es un sistema que refleja el sentir real del pueblo, el que en muchas circunstancias está ideológicamente muy dividido, con lo que ello conlleva de dificultad para la labor de gobierno. Vale recordar aquel criterio manifestado por pensadores franceses del siglo XVIII cuando afirmaban que la población no elegía el cambio a favor de unos por lo que ofrecían, sino por superar la peor situación anterior. Por ello, para ganarse el reconocimiento a la eficaz gobernanza, debe superarse la confrontación con una dialéctica que no deja vencedores ni vencidos, sino la superación de las diferencias por la razonable ponderación de los beneficios y perjuicios objetivos para el pueblo, del respeto a los derechos humanos y de la consistencia del respaldo ciudadano, acudiendo, cuando proceda, al recursos de solicitar la confianza democrática parlamentaria, sabiendo que perdida la misma se da la voz a la ciudadanía en nuevas elecciones.

La gobernabilidad es un índice de la madurez democrática alcanzada por una nación. Cuando el objetivo político es sembrar la discordia respecto al resultado de las urnas, lo que se resiente es la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático. La democracia exige la inteligencia de saber rearmar la argumentación y esperar a las próximas elecciones; ninguna ideología puede darse por perdida. Cabe entender que los ciudadanos se resistan a las prerrogativas de las autoridades que menoscaben la libertad de los futuros gobiernos alternativos, por ejemplo, endeudando al país en vez de aplicar una política fiscal eficiente, enajenando el patrimonio nacional o desmembrando las infraestructuras de protección social, paro ello debe legislarse en el orden constitucional los límites de la acción antidemocrática de los poderes públicos.

La democracia y los derechos humanos han tardado siglos en llegar a configurarse como forma universal de progreso social, pero esta nueva era, desgraciadamente, puede perderse en pocos años si no se gobierna con rumbo acertado.
 

10.- Acción ejecutiva.

Al Gobierno de un Estado le corresponde las competencias de poner en práctica cuanto se recoge en las leyes, la ejecución de las resoluciones de la justicia, implementar el desarrollo y subsanar las eventuales circunstancias negativas que afectan al país. Se le denomina también como "Ejecutivo" porque es el poder que atiende de inmediato a la seguridad y necesidad de los ciudadanos. La cadena de mando y resolución dentro del Ejecutivo debe estar perfectamente definida, para ello en cada sector específico de la acción de gobierno existe un ministerio o secretaría responsable directo de actuar en lo que le compete con resolución.

En las repúblicas democráticas la responsabilidad del Ejecutivo recae sobre el Presidente o Canciller elegido democráticamente, pudiendo este estar asistido por un Primer Ministro, elegido por él para coordinar la acción de gobierno. En las monarquías parlamentarias se sigue la apariencia de poder del Antiguo Régimen, recayendo sobre el monarca la designación de un Primer Ministro, aunque éste necesariamente ha de ser el elegido democráticamente por el pueblo. En la medida que la monarquía se reverse cualquier resquicio del poder ejecutivo, en ello se distancia del sistema democrático, ya que esas atribuciones se le detraen a los auténticos representantes de los ciudadanos.

Corresponde al Gobierno la directriz política de la nación, de acuerdo a la programática presentada al pueblo antes de la elección que le legitima. En los gobiernos de coalición es necesario ajustar democráticamente los programas electorales de los partidos que se coligan; un criterio democrático es pactar un programa común y adjudicar las carteras ministeriales encargadas de realizarlo proporcionalmente a los diputados de cada partido que en el parlamento apoyarán ese proyecto.

Por interés de Estado, las deliberaciones del Consejo de Ministros deben ser secretas; ello facilita la exposición sincera de las opiniones de sus componentes, el estudio de materias reservadas de interés nacional y el respaldo particular que cada aprobación ha alcanzado, pues las resoluciones adoptadas se entienden por la colegialidad común de los componentes del Gobierno. Cada Gobierno establece sus propias normas de funcionamiento, considerándose democráticamente constituido cuando todos sus miembros son adecuadamente convocados y los acuerdos reúnen el consenso determinado. La transparencia del Gobierno, que parece se cercena por el secreto de oficio, se suple con la certificación del secretario de los acuerdos adoptados y su publicación detallada en la gaceta oficial.

La acción del Ejecutivo se distribuye desde cada ministerio por las arterias de la Administración Publica hasta los confines de la nación y las representaciones diplomáticas. Como institución democrática del Estado la acción conjunta ejecutiva de políticos y funcionarios ha de estar al servicio de los ciudadanos, y no lo contrario, de modo que el servirse de esa función para interés personal supone un germen de corrupción.

Una de las mayores responsabilidades del Ejecutivo es la gestión de la economía nacional. Por los presupuestos nacionales, que se confeccionan con periodicidad anual, se controla la recaudación de impuestos y la aplicación del gasto, que con la custodia del tesoro, las diligencias de pago, el control del endeudamiento y la contabilidad nacional permiten la financiación de los cometidos de la Administración Pública. Aun sosteniendo la honorabilidad de un Gobierno intachable por la transparencia de su gestión de la hacienda pública, que el compromiso con la democracia exige, lo que recaba el reconocimiento de la población está en: la eficacia de las inversiones, el funcionamiento de los servicios y la proporcionalidad fiscal. Posiblemente a la mayor parte de la ciudadanía le es imposible entender la complejidad de un presupuesto para ella casi infinito, pero lo que sí percibe nítidamente es cómo repercute en la economía familiar la política económica del Estado.

Corresponde a la acción ejecutiva el gobierno de las fuerzas armadas y de la policía. Una reminiscencia del Antiguo Régimen prepondera aún sobre los estados democráticos cuando identifican al ejército como el garante de la Patria. De antiguo proviene la pasión autoritaria del poder para con demostraciones de las fuerzas armadas amedrentar a súbditos y naciones extranjeras de los recursos para imponer la propia voluntad por la ley del más fuerte. Esa destructiva ley --que se podría suponer superado en la modernidad democrática, durante el siglo XX ha generado cerca de cien millones de víctimas mortales en conflictos bélicos-- permanece como un valor de dominio en el subconsciente de gran parte del pueblo, sin apreciar que en las guerras quien más pierde es el pueblo y quien más gana --si se puede hablar así-- son los privilegiados que dominan el poder. De hecho se puede constatar cómo los regímenes más autoritarios son los que más alardean de poder bélico, hasta el punto que se podría valorar la democratización de un Estado en función de la contención imperialista de su ejército. Bueno sería para la consolidación de la democracia que las autoridades reconocieran que la Patria la construyen tanto como los militares los profesores, médicos, gestores de residuos, constructores, cocineros, ferroviarios, etc., todo ciudadano que cumple con su deber está construyendo día a día la Patria en la misma proporción que lo realizan los funcionarios públicos de la defensa y el orden, pues todos ellos sin distinción son igualmente necesarios para erigir al unísono un futuro democrático de paz y libertad para la sociedad.

De la distinción entre los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, la señal del más trascendente la ofrece el que todos los líderes de los partidos políticos aspiran a los cargos del poder  ejecutivo. No es extraño, porque en gran parte de él depende la configuración del presupuesto nacional, cuyo gasto representa las prioridades sociales que cada partido auspicia; pero no sólo el poder se muestra en esa disposición para controlar a través de la economía al pueblo, sino que también el poder ejecutivo concede numerosos nombramientos de los que, incluso dentro del partido, se benefician los identificados con el Gobierno. Pero, en democracia, la tarea del poder ejecutivo exige una gran responsabilidad, pues ella es el escaparate inmediato que de la concepción del sistema se forman los ciudadanos, siendo los principales vicios de ese poder:

El despotismo real es aquel del cual el pueblo percibe auge de las relaciones de dominio en la acción del Gobierno. Toda autoridad obra según un criterio que considera idóneo, la mayor de las veces contrario al de la oposición, que lo considera erróneo; por esa contradicción es difícil identificar la injusticia que pueda repercutir de las resoluciones gubernativas, dado que siempre habrá beneficiados que las justifican y perjudicados que las califican de injustas; el hecho de esa disparidad ya alumbra que pueda existir una tendencia de dominio, pues las relaciones sociales justas son las que ajustan el intercambio de servicios para que generen mutuo y equilibrado beneficio para todas las partes o, al menos, para la mayoría. Cuando quien se siente vulnerado en sus derechos es una clase social, un colectivo étnico o religioso o cualquier grupo discriminado, el autoritarismo contrario a la democracia se entiende por la discriminación que pueda atentar contra derechos humanos fundamentales, aunque la porción de afectados sea minoritaria en el país. Realmente el despotismo no ha sido aún desplazado por la democracia en una gran parte de los Estados del mundo que se proclaman democráticos, posiblemente porque sus dirigentes carecen de la perspectiva de visión de futuro en cuanto no reconocen que por su forma de actuar, para lo bueno y lo malo, los ciudadanos les consideran referencias del sistema, en cuanto han sido elegidos mediante votaciones legítimas, y si su actuación es contraria a la expectativa de derecho que les prometía la democracia ponen en riesgo no sólo el prestigio personal, sino el de la legítima autoridad política, que es uno de los principios de credibilidad que ofrece la democracia.

La corrupción política engloba toda forma de obtener beneficios particulares al margen de la legalidad. Mientras el despotismo con frecuencia se utiliza públicamente como forma de intimidación, la corrupción, por su intrínseca injusticia, busca ocultarse a todo posible órgano de regulación o transparencia; ello genera que cuando el poder limita la trasparencia de su actuación entre la ciudadanía prospere la presunción de corrupción. La corrupción supone cualquier recaudación ilegítima de riqueza, bien sea para los políticos, sus asesores, sus familias o su formación  política. También entra en el ámbito de la corrupción la distribución de prebendas inmerecidas a particulares o instituciones mediante la contratación con fraude de ley, simplemente ignorando la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública o promocionando irregularmente a funcionarios de la Administración del Estado. Se salva de toda corrupción el que para puestos de libre disposición las autoridades ejecutivas elijan a determinados funcionarios públicos de su confianza; antes bien, debería ser una prioridad estatal obrar así, pues ello reviste tres beneficios inmediatos: reduce el gasto, los funcionarios aportan su experiencia en gestión pública y se destierra al amiguismo.

A favor de la visualización de la pluralidad política de una sociedad en continua transformación algunos de los sistemas democráticos acreditados han elegido limitar los mandatos de los ejecutivos políticos, con el fin de facilitar la frescura de ideas y la renovación de las caras que dirigen el país. Es cierto que la pureza democrática no exige esa limitación de mandatos, pues por propia voluntad el pueblo tiene la opción de ejercerla en cada convocatoria electoral; posiblemente la motivación para esa determinación a la limitación provenga de la dificultad para la renovación de los liderazgos en los partidos, de modo que la imposibilidad de perpetuarse en los poderes del Estado incite a la renovación de los cuadros dirigentes en los colectivos políticos, o a que  no exista esa vinculación orgánica a que los líderes de los partidos sean necesariamente los candidatos a los cargos de gobierno de la nación. Un decenio de años parece tiempo suficiente para que un equipo político deje su impronta desde el Gobierno sobre los aciertos relativos a la conducción democrática de la sociedad, dando el relevo a quienes legítimamente aspiran a mejorar esa labor.
 

11.- Acción legislativa.

La ley constituye la norma rectora de la sociedad democrática, porque sintetizan la voluntad mayoritaria del pueblo sobre la ordenación de derechos y deberes en la comunidad.

Una de las diferencias esenciales legislativas entre el Antiguo Régimen y la democracia es que aquel asumía la potestad de legislar sobre el ámbito de las relaciones sociales y sobre la moral personal, mientras que la democracia restringe las leyes al ámbito de lo concerniente a las convenciones para la convivencia social. Durante la era de los reyes y los emperadores, el poder absoluto comprendía la responsabilidad de conciencia del bien obrar de los súbditos; reconocer otra fuente de moral suponía admitir de hecho otra autoridad distinta e independiente de la imperial, lo que generó muchos litigios y guerras entre los poderes públicos y religiosos por la supremacía en la siempre dificultosa distinción de los límites entre lo religioso y lo civil.

Con la consideración de la única soberanía sobre sus actos para la persona humana, la democracia elimina el conflicto de la fuente de la moral, dejando al arbitrio de cada conciencia individual los fundamentos de credibilidad trascendentes y la responsabilidad de quién pueda demandarle justificación sobre la moralidad de sus actos. De esa soberanía sí que responde en conciencia ante la ley civil en lo que respecta al respeto de los derechos ajenos y a la obligación de cumplimiento de los deberes ciudadanos que hacen posible la convivencia social y el logro del bien común. Téngase en cuenta que la soberanía personal respecto al orden moral es intransferible, mientras que la soberanía de orden civil está abierta a poderse compartir con los demás ciudadanos para establecer normas con las que regir las relaciones sociales.

El órgano legislativo por excelencia es la cámara parlamentaria formada por los representantes libremente elegidos por los ciudadanos. En unos países recibe el nombre de Parlamento, en otros de Asamblea, en otros de Cortes, etc. que pueden constar de una o varias cámaras, de las cuales las decisorias deben estar constituidas por representantes democráticamente elegidos por el pueblo, que a veces son auxiliadas por cámaras deliberantes que mantienen sistemas de designación tradicionales poco democráticos, por lo que sólo deben ser consideradas con  función de asesoramiento. En los sistemas bicamerales democráticos el poder se reparte entre ambas cámaras, debiendo ser la más decisoria la que proporcionalmente mejor representa a la población.

Por el criterio acrisolado de la división de poderes, la democracia debe esforzarse en diferenciar las funciones del Ejecutivo y el Legislativo, evitando que las disposiciones del Ejecutivo puedan alcanzar rango de ley. Cuando no se obra así, el Estado se aproxima a los regímenes autoritarios que tienden, mediante la monopolización de ambos poderes, a crear leyes en las que en vez del criterio de justicia predomina el de dominio. Para contrarrestar esa tendencia es por lo que las cámaras legislativas deben estar compuestas por el mejor espejo de representación posible respecto a la diversidad ideológica de la población.

Aunque la iniciativa legislativa pueda estar confiada al Ejecutivo, el Legislativo debe mantener plena su posibilidad de crear leyes y de tramitar las iniciativas legislativas que pudieran presentar colegiadamente colectivos de ciudadanos. Para realizar ese trabajo conviene que los parlamentarios representantes de los ciudadanos tengan formación suficiente en leyes, o que el órgano legislativo disponga de medios de asistencia en corrección para que la redacción de las leyes sean precisas en el lenguaje y en el contenido, pues de su exacta concreción se siguen consecuencias importantes en su aplicación.

Toda ley debe estar fundamentada en la necesidad y razón que mueve al Estado a promulgarla, huyendo de ordenar por ordenar y prohibir por prohibir, pues, además de que lo superfluo sobra, esa fundamentación sirve para interpretar la intención del legislador, orientadora para legisladores y jueces sobre el ámbito de su necesidad y aplicación. Del mismo modo las leyes deben contener la derogación precisa de aquellas anteriores con las que puedan entrar en contradicción.

Los debates de aprobación de leyes en la cámara correspondiente debe ser racionalizado mediante enmiendas parciales o a la totalidad, y ser aprobadas o rechazadas por mayoría simple, absoluta o reforzada, dependiendo de la importancia del rango de la ley. La mayoría simple es la que reúne más votos de aprobación que de rechazo de los votos emitidos por los parlamentarios presentes; la absoluta es la que es aprobada por la mitad más uno de la composición de la cámara; la reforzada exige una mayoría a favor superior al 50%. En buen uso de la democracia, para las leyes ordinarias basta con la mayoría simple y la absoluta para las leyes importantes; para remover o perfeccionar una ley existente conviene exigir una mayoría equivalente a con la cual fue anteriormente aprobada, pues no parece lógico que no pueda ser revocada o reformada por igual valor de votos parlamentarios que se precisó anteriormente para hacerla valer.

Que el sistema democrático utilice un sistema de representación para la elaboración de las leyes no excluye la participación directa de los ciudadanos mediante consultas universales consultivas, vinculantes o para refrendo de determinadas leyes transcendentes. La opinión de todos los ciudadanos manifestada sobre un asunto en una consulta al censo universal con plenas garantías de transparencia es la forma más perfecta del respeto a la soberanía popular. Como prácticamente no es viable preguntar directamente a los ciudadanos con frecuencia por lo costoso de gestionar cada consulta --al menos en la actualidad-- y porque las consultas o referéndum exigen una respuesta escueta es por lo que el sistema general  para aprobar las leyes sea el de la delegación de  representación de la soberanía personal en los parlamentarios; pero al deber decidir estos de conformidad a la voluntad de sus representados es por lo que, para las leyes trascendentales, es bueno conocer de modo objetivo la opinión de los mismos, algo que se logra cuando de modo transparente se les consulta previamente a la redacción y aprobación de la leyes fundamentales de la nación, o se solicita su refrendo vinculante tras ser aprobadas por el Parlamento como sanción necesaria para su promulgación. En caso de realizarse estas consultas el criterio de vinculación puede estar ligado al quórum de participación, especialmente en las consultivas; lo que no impide que la mayoría absoluta, considerada esta como la mitad más uno del censo afectado, deba ser reconocida a todos los efectos como legítima expresión democrática de la voluntad popular.

Otra labor que suele estar encomendada al Legislativo, distinta de su función específica, es la de controlar la acción del Ejecutivo. Este control principalmente supone transparentar la legalidad y conveniencia de las iniciativas que día a día el Ejecutivo realiza, realizada desde una esfera crítica, pues esta encomienda política recae principalmente en la oposición, que es la parte más interesada en contrarrestar las deficiencias del Ejecutivo, que normalmente minimiza sus errores y de ellos apenas ofrece detalles en la través de la portavocía gubernativa. Esa función de control puede incluir la solicitud de comparecencia de ministros, secretarios, directores generales o responsables de áreas sobre las que el parlamento requiere información directa.
 

12.- Acción judicial.

En democracia la principal actividad de la justicia es restaurar cualquier derecho conculcado a los ciudadanos.

Durante el Antiguo Régimen la política judicial era concebida más bien como represora de quien perturbaba el orden establecido; por ello el imaginario de la justicia se reflejaba en el escarmiento público de quien cometía un delito, lo que representaba la seguridad que confería la autoridad y el poder.

El poder judicial o Judicatura es una de las instituciones básicas de todo Estado, que de modo trasversal vela porque los derechos no sólo se promulguen en la ley, sino que realmente se respeten en todas y cada una de las estructuras por las que el Estado sirve a sus ciudadanos. Desde los actos del poder supremo hasta las relaciones más comunes del pueblo están afectadas por la acción de la justicia para que en todas ellas se reponga un derecho vulnerado. En sí el poder judicial tiene acceso a todo el sistema de relaciones políticas, públicas y privadas, mediante un sistema de recurso accesible para todo aquel que se cree defraudado en su derecho.

Varios cometidos recaen en la Judicatura:

Restaurar el derecho conculcado a la víctima constituye el objetivo primordial de la justicia, la que se define como: dar a cada uno según su derecho, pues algunas personas, mediante tretas inspiradas por la pasión del dominio sobre lo ajeno, pretende despojar a otro de su derecho. Dado que la autoprotección personal puede ser vencida, es por la que el Estado debe velar para que cualquier derecho conculcado sea realmente restablecido lo más pronto posible. Los jueces, asistido por los demás actores de la justicia, son los responsables de dirimir si se he producido la vulneración sobre un derecho o un bien de la víctima, quién lo ha producido y la responsabilidad de este en repararlo. Ejercer de modo ágil ese compromiso de restaurar el derecho es un deber democrático de la Judicatura para con los ciudadanos, ya que una justicia parsimoniosa, lenta, burocrática se convierte en una injusta respuesta del Estado a la demanda de derecho.

Proteger a la ciudadanía del agresor es la respuesta social que el pueblo espera del Estado, como de cualquier potencial peligro. El juez que juzga un delito debe evaluar la gravedad y posibilidad de que el delincuente reincida en su acción delictiva, y añadir a la condena de resarcir a la víctima las prevenciones penales que la sociedad ha establecido para proteger a los ciudadanos de los delincuentes. Si para el juez el aspecto positivo de su función está en la satisfacción que ofrece a la víctima, la parte más dolosa le viene del deber de imponer al culpable sanciones suficientes, de acuerdo a la ley, para que la sociedad se sienta segura. La democracia ha superado al Antiguo Régimen en humanización de las penas, ya que aquellas se consideraban como castigo ejemplarizante, para lo cual se recurría a hacer de la condena un acto público que rezumaba crueldad. En democracia se considera que el declarado culpable sigue siendo un ciudadano con derechos plenos salvo al ejercicio de aquellos con los que pudiera causar reincidir en al daño a otros; de ahí se deduce el recurso a la privación de libertad cuando conviene, pero la misma debe aplicarse permitiendo el ejercicio de los derechos a relacionare con la familia, al trabajo, a la sanidad, a estar informado, a la práctica de su religión, a su seguridad personal, a la participación política, etc.

Rehabilitar al delincuente es una de las pretensiones que busca el sistema penal en los países democráticos, porque los condenados no dejan de ser ciudadanos de derecho sobre los que debe recaer la acción de protección y promoción del Estado. Rehabilitar a un delincuente no puede lograrse sin su libre colaboración, pero la determinación judicial debe ser conseguirlo en el mayor grado posible, para lo cual deben emplearse todos los medios proporcionados, en especial sobre quienes padecen pena de restricción de libertad que les impide recurrir a influjos externos metolodógicos de recuperación psíquica y de estima personal. Tradicionalmente los códigos penales apenas contemplaban medidas de reinserción social, sino sólo se evaluaba la proporción de años de prisión de castigo para cada tipo de delito, con sus agravantes y atenuantes; la mayor sensibilidad democrática sobre la condición ciudadana de los reclusos está reorientándose respecto a que la privación de libertad no ha de ser el único o prioritario tratamiento para los reclusos, sino que debe haber también alternativas menos lesivas que, sin intranquilizar al resto de la sociedad, reduzcan los índices de reincidencia delictiva.

Dirimir las controversias civiles, interpretando las leyes con justicia y equidad. Aunque la ley civil establece directrices y normas de comportamiento para las relaciones entre particulares, es evidente que el universo de posibilidades de relacionarse no puede estar reflejado en los códigos, sino las pautas generales que deben hacer de las concertaciones entre particulares relaciones de intercambio de servicios o de cumplimiento de obligaciones regidas por el un criterio de justicia desprovisto de pretensión de dominio. Solamente los actores de una relación son los conocedores de su contenido y de la extensión de la misma, por lo que a criterio de la justicia civil han de ser los perjudicados quienes reclamen el amparo por un abuso de poder o por la contradictoria interpretación de una circunstancia que exija el veredicto de una persona imparcial. Obrar el bien y evitar el mal es la norma elemental y común que fundamenta la ética del comportamiento mutuo entre personas, y las leyes, códigos y reglamentos civiles están informados por esa directiva advirtiendo de los derechos protegidos que no se deben perturbar; pero, como el contenido de la misma ley admite interpretación por las distintas coyunturas de que se pueda ver rodeada cada relación, a veces cada caso debe ser resuelto, e incluso revisado, por la autoridad judicial competente para asegurar que se hace justicia.

Moderar el abuso del recurso innecesario a la acción de la justicia, que supone un importante costo social, se logra no sólo haciendo que la parte culpable deba hacerse cargo de todos las costas que ha generado el pleito para el inocente, sino también del coste para el Estado de los medios empleados para dirimir la demanda; obrando así se garantiza la viabilidad económica de una justicia ágil y eficaz, sin que sea una carga que repercuta indirectamente sobre los ciudadanos honrados.

Uno de los campos más decisivos donde la era democracia se juega su supervivencia es la efectiva separación de los poderes dentro del Estado, en especial la correspondiente a la independencia para la Judicatura. En la génesis de la democracia europea como hoy la entendemos, el barón de Montesquieu, filósofo y jurista, definió una doctrina considerada como vertebral de la garantía democrática; en ella argumenta: No hay libertad si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva; y también: Todo estaría perdido, cuando el mismo hombre, o el mismo cuerpo, ya sea de los nobles o del pueblo, ejerza esos tres poderes: el de hacer leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas, y el de juzgar los crímenes o las diferencias entre particulares (El espíritu de las leyes). La independencia judicial exige, no sólo que las leyes impidan la coacción a los jueces, sino que, en respeto a la multiplicidad de ideologías, el poder ejecutivo no contamine esa independencia por su acción directa o indirecta en el proceso de formación y selección de los mismos. A los parlamentos, como definidores legales del sistema y estructura del Estado, corresponde definir los rangos de los tribunales y  las categorías profesionales de los funcionarios de administración de justicia, pero su elección no puede realizarse por designación de los partidos políticos, ni por el Gobierno, por mucho que representen al pueblo, sino por métodos que garanticen el respeto absoluto a habilitar por igual para ocupar cada plaza a cualquiera de los profesionales que cumplan los requisitos establecidos. Desde el mismo momento en que del poder Ejecutivo o el Legislativo depende la elección de un juez para cualquier tribunal jurídico o administrativo, cabe dudar sobre la independencia de sus resoluciones, pues la oposición entre la "dependencia" de su designación para ocupar el cargo y la "independencia" necesaria para ejercerlo genera una contradicción ética difícil de solventar, sobre todo cuando la materia a juzgar entra en relación con temas de corrupción política, legitimidad de las leyes, prevaricación administrativa, etc. Tampoco parece viable democráticamente que al pretender despolitizar la justicia este poder resultara marginado del control del pueblo, siendo los mismos jueces, fiscales y procuradores quienes dirijan corporativamente este poder del Estado, pues, ejerciendo el control de acceso y de promoción a la Judicatura, podría fácilmente corromperse de acuerdo a los intereses de quienes coparon los cargos en un tiempo precedente. Si para preservar esa contaminación antidemocrática no parece lógico que sean los gobernadores, ni los parlamentarios, ni el propio colectivo judicial quien determine los cargos de gobierno y administración de justicia, habría que recurrir quizá a que la ley garantizara una forma aleatoria para que, entre todos quienes posean méritos, sea el azar quien determine la provisión de los cargos, sin que ningún juez deba nada a nadie, sino a su experiencia profesional y a la fortuna para asumir esa responsabilidad. Se trataría de que todos quienes reúnan los requisitos adecuados para cada cargo no puedan ser sin favoritismo ni discriminación por quienes intervienen en su designación, lo que directamente favorecería la salvaguarda democrática de su independencia.
 
 

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