Mérito y favor en la justicia democrática

JORGE BOTELLA


Sumario:

1. Introducción.

2. Causa y fin de la justicia.

3. Independencia judicial.

4. El juez.

5. Mérito.

6. Favor.

7. Financiación de la justicia.
 

1. Introducción.

El ámbito de la justicia quizá es el más trascendente para la paz de una comunidad, pues reconducir las relaciones de injusto dominio a relaciones de intercambio de servicios, con la consiguiente equidad para las partes interesadas, precisa no sólo de una estructura legislativa que determine los derechos y deberes de los ciudadanos, sino también de una estructura judicial que proporcione al sistema político la autoridad para arbitrar los litigios posibles en la asunción de los derechos, la obligatoriedad del cumplimiento de los deberes cívicos y la erradicación del fraude y la trampa delictiva obtenida por la violencia o el engaño.

Ya en la antigüedad la aplicación de la justicia constituyó un intento eficaz para sostener el orden social, aunque ella no representara en verdad sino el brazo ejecutivo de un poder basado en el dominio y la injusta sumisión, obrando su arbitraje de modo tal como pudiera ser el gobierno ejerciente. Mal que bien, no obstante, la justicia representó para los reinos e imperios del pasado un medio similar a cómo en el presente sirve para sobreponer la ley a la anarquía.

La gran diferencia respecto al régimen de sumisión del pueblo a la autoridad de los reyes y emperadores, comparado con las repúblicas democráticas actuales, es que el nuevo sistema político  ha elevado a la ciudadanía desde la condición de súbdito a la de soberano, con todas las consecuencias de libertad que ello supone, pero no menos de responsabilidad, pues como soberanos responsables del bien común han de conformar, con su inteligencia y voluntad colectiva, los destinos de la nación, entre los que se encuentra la gestión de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Que el sistema democrático consagre los principios de libertad, igualdad y fraternidad para todas y cada una de las personas del universo no quiere decir que dé por superada la división de la sociedad en regímenes de Estado, renunciando en todo al sistema social de sus predecesores, pues la misma concepción de la democracia no es fruto sino de la progresiva evolución y expansión de la idea de que toda conciencia personal es capaz de asumir tanta responsabilidad como la instrucción le prepare para ello. La lealtad con que el pueblo como súbdito ha servido el Estado durante siglos, debe ser correspondida con la lealtad del Estado en capacitar a sus ciudadanos para el ejercicio de su soberanía.

La progresiva tarea de capacitar a los ciudadanos para el ejercicio de la democracia lleva tiempo para la transformación de las estructuras que propicien lograr que todos los nacionales gocen de la preceptiva igualdad de oportunidades en su intervención como ciudadanos libres y corresponsables del poder estatal. De hecho la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge en su artículo 21:

  1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes escogidos.
  2. Toda persona tiene derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
  3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El derecho y deber de la participación del pueblo en la promoción de los cargos políticos correspondientes a los poderes ejecutivo y legislativo parece garantizado a través de las elecciones generales periódicas; en cambio, los cargos del poder judicial y el nombramiento de los funcionarios para la administración de la justicia en cada una de sus responsabilidades queda difusa si, para garantizar su independencia de los otros dos poderes sobre los que debe ejercer control, se sustrae a la soberanía del pueblo.

Defender la independencia del poder judicial y al mismo tiempo sostener la dependencia del mismo de la soberanía popular, para no quebrar en su esencia el espíritu democrático, es objetivo común de la filosofía social, de la racionalidad jurídica y de la investigación sociológica respecto a cómo se ejecuta en cada país y de la confianza que genera a sus respectivos ciudadanos. Contribuir a ello es el fin de las consideraciones que recoge el presente opúsculo.

Por facilidad de expresión, en la siguiente exposición se unifica en el lexema "Juez" el conjunto de denominaciones de cargos que cada país utiliza para la administración de la justicia en cualquiera de los tribunales públicos (juez, magistrado, fiscal, procurador, consejero o miembro de tribunales especiales, etc.).
 

2. Causa y fin de la justicia.

La naturaleza radical de la justicia se puede discernir desde la estructura profunda de la acción-reacción del ente móvil. Todo acto de un elemento que afecta a otro elemento, con el que entra en relación, genera una aplicación causa-efecto del que ambos quedan afectados, uno como sujeto agente y otro como objeto o sujeto paciente. En la sociedad humana, que no es sino un conjunto de seres dotados de movimiento local, movimiento sensorial y movimiento intelectual, las acciones de cada sujeto, cada persona, repercuten sobre quien recaiga, directa o indirectamente, el efecto invasivo del movimiento ejercido. Nada en la existencia cambia sin una causa, y todo cambio, además de las repercusiones ajenas al mismo sujeto que las propone, le afectan a él por el simple hecho de actuar, que siempre sigue a la ley de la naturaleza sobre su propio modo de ser y obrar.

Quien como sujeto obra una acción cualquiera es responsable de los efectos --positivos, negativos o neutros-- con que ese acto pueda repercutir sobre cualquier otro ser, inerte o vivo; de modo que crea una vinculación de las consecuencias de afectación sobre todo objeto en el que recae la acción. Esa vinculación varía según la forma de ser de cada elemento existente en el cosmos, pues incluso en las más infinitesimales partículas se aprecia cómo cada una de ella actúa sobre otras, con las que entra en relación para un fin concreto adecuado a su modo de ser. En unos casos se considera que la vinculación es determinante y necesaria según la forma y modo de ser del sujeto que obra, como en la atracción de las partículas y moléculas materiales para conformar substancias compuestas, cada vez más complejas; otras, en el que la vinculación sigue a formas y modos de ser cuyos actos corresponden a percepciones y respuestas de órganos sensoriales, como la mayoría de los actos de los seres vivos; y otras como intervenciones intelectuales de los seres libres dotados de conocimiento, razón y conciencia, como son los actos conscientes de los seres humanos.

El obrar de los seres humanos genera responsabilidades conscientes e inconscientes, según se obre con conocimiento del efecto a generar sobre el objeto o que sea una consecuencia del acto imprevista, que no eximen la vinculación de las consecuencias producidas, aunque no sean buscadas como fin del obrar. Una de esas responsabilidades es la del dominio sobre el efecto causado, que habitualmente se corresponde con el fin pretendido de trasformar algún aspecto del espacio existencial para propio interés material o intelectual. De hecho, en ese efecto transformador de la naturaleza se originan los conceptos de derecho y propiedad, como efecto retributivo de una prospectiva causal. La responsabilidad de cada persona respecto a la implicación de dominio que los efectos de su obrar le proporcionan, según su razón la evalúa, le sirve de guía en su comportamiento posterior, desechando por inútil el esfuerzo empleado en los fines que le ofrecen un efecto neutro o negativo y persistiendo en obrar según las causas que le reportan efectos positivos.

Como la sociedad es un conjunto de relaciones humanas, las responsabilidades cruzadas generadas por la infinitud de causas que mueven a la relación en busca de beneficios, así como los efectos consecuentes propiciados, generan una colisión de derechos que se dirimen por la fuerza, como en la mayoría de las especies animales, o bien por la ordenación social mediante la costumbre y la ley. En la medida que el objeto que aprovecha a un individuo, una familia o una tribu se encuentre asilvestrado --sea un espacio, animal, planta, río, etc.-- la apropiación en derecho del mismo es poco conflictiva; pero cuando las comunidades crecen, porque sus ciudadanos buscan precisamente en la relación social la satisfacción de sus objetivos, se hace más necesaria la autoridad que armonice los derechos y deberes ciudadanos, en cuyo ordenamiento surge la Administración de Justicia.

La justicia tiene valor instructivo cuando se transmite de generación en generación mostrando cómo la sociedad debe comportarse para convivir en progreso y en paz; también posee un poder determinante para dirimir en la pugna de los derechos pretendidos por los particulares y por las instituciones públicas y privadas. La causa de la necesidad de la justicia dirimente se encuentra en el conflicto de dominio sobre un mismo efecto argumentado por más de una parte; para evaluar las repercusiones de dominio que el obrar de un ser humano pueda repercutir sobre la libertad de otro ser humano; para atenuar el dominio que se impone por la violencia.

Un objetivo de la justicia es favorecer las condiciones de convivencia dentro de la sociedad. El gran escollo de las relaciones entre seres humanos procede de trasladar el derecho de dominio, que se posee sobre los objetos materiales derivado de la iniciativa intelectual y laboral, al empleo de otras personas como medios instrumentales para alcanzar un fin, y ello debido principalmente de la necesidad determinante de colaboración para alcanzar un bien deseado. Ese pretendido dominio sobra las personas es tanto más injusto en cuanto más rescinde su libertad, alcanzando su límite en la esclavitud, tolerada por la justicia a lo largo de la historia por la ofuscación mental de la autoridad respecto a la cosificación del ser humano.

La justicia es administrada por el Juez, siempre a través de tribunales públicos, normalmente especializados por la materia judicial a sentenciar. Se suele distinguir, dentro de la unidad que debe poseer la administración de justicia de cada Estado, que:

Contra lo que se pueda considerar por el pueblo, el fin principal de la justicia no es condenar al delincuente, sino restablecer el derecho conculcado a un ciudadano inocente de culpa. En ello alcanza la justicia una percepción perfectiva de una sociedad ocupada en la defensa colectiva de los derechos de todo ciudadano frente al agravio de quien pretenda violentarle o dañarle mediante cualquier tipo de coacción o engaño. Restablecer el derecho supone de hecho reparar todos los daños padecidos por el inocente a manos del culpable, físicos, morales o materiales; reparación que puede ser sobre la restitución de los mismos bienes afectados o en el valor pecuniario, evaluado por el Juez, de los daños causados.

Sólo secundariamente se ocupa la justicia en la condena del culpable y delincuente, con medios apropiados para controlar su libertad a fin de que no reitere en su acción delictiva. Esta represión de su libertad, una vez satisfechos los derechos del demandante, se impone también como ejemplo de la determinación social en hacer imperar el respecto a los derechos ajenos; no obstante, debe orientarse siempre a cooperar en la recuperación moral de la personalidad del delincuente para su inserción en una sociedad que condena la violencia sin olvidar su dinámica solidaria.

Corresponde al Juez sentenciador, o al Juez de seguimiento, el efectivo cumplimiento de la pena impuesta y la concesión de prerrogativas que puedan convenir para la reinserción social del delincuente.

La justicia debe poner especial atención al estado de indefensión en que queda la víctima inocente desde que por un acto delictivo se ve privado de un derecho, hasta la restitución del mismo por la acción judicial; por lo que es inherente a la justicia el apremio en juzgar y restituir el derecho del ciudadano inocente. Una justicia burocratizada, aunque ello se justifique como sistema garantista, incita a la víctima a "tomarse la justicia por su mano", con lo que ello conlleva de desorden social y de fracaso del estado de derecho. Una justicia que se dilata en el tiempo es una injusticia añadida a la víctima, y con frecuencia un acicate a la delincuencia. Evidentemente el Juez sólo es responsable del interés profesional que empeña para que la resolución de las demandas se logren en el menor tiempo posible; correspondiendo a la política de administración de la justicia del Estado disponer los medios materiales y personales, entre los que se encuentra la eficiencia policial, para aplicar la justicia en modo y tiempo conveniente.
 

3. Independencia judicial.

La independencia del Poder Judicial respecto a los restantes poderes que actúan contrapesándose dentro del Estado es un requerimiento primordial para el reconocimiento de un sistema político como democrático. La independencia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo debe ser mutua, pues ni la justicia puede sustituir la legitimidad de la confianza ciudadana depositada en la autoridad ejecutiva para abordar su programa político, ni esta perjudicar la credibilidad ciudadana en sus Jueces por la designación de los mismos, ni por la negligencia en la dotación de recursos que faciliten la agilidad de la justicia. La mutua lealtad que se debe el Poder Judicial y el Poder Legislativo es vital, porque del Parlamento deben surgir la leyes que regulen los procedimientos para la aplicación de la justicia --como en los demás órdenes de la vida social-- y del veredicto de los Jueces va a depender la unificación de doctrina en la coherencia del marco legal.

El poder de la justicia es tal que no son sólo los demás poderes del Estado quienes intentan moldearla a su interés, sino que también los poderes fácticos de una nación maquinan para que la justicia favorezca sus intereses particulares por encima del bien común. Los grupos de presión, en especial cuando no alcanzan el beneplácito del poder ejecutivo, aspiran a doblegar a la justicia utilizando toda clase de medios, lícitos e ilícitos, asequibles a su poder económico. ¡Qué duda cabe de que si la justicia fuera inaccesible para la corrupción no sobrevivirían las mafias, los paraísos fiscales, el hampa, las sectas, etc! Todas esas instituciones de poder fáctico actúan con tanta más facilidad en cuánto el poder judicial de un Estado es débil por:

No queda fuera de esa pretensión contra la dependencia de la justicia el propio corporativismo de los Jueces, cuando organizados en grupos ideológicos reproducen dentro del propio sistema judicial la controversia política del país, poniendo la justicia al servicio del apoyo o acoso a los otros poderes del Estado. El asociacionismo en la práctica jurídica debe responder a la conveniencia de reforzar la formación permanente de los jueces, al intercambio de experiencias y como válvula de compartir la enorme responsabilidad personal que ese empleo requiere; pero nunca debe permitirse un asociacionismo institucional orientado a congregar por ideologías políticas a los Jueces, y menos aún que sean esas asociaciones quienes mediaticen la promoción interna de los mismos.

El permanente dilema de si los Jueces deben ser en democracia elegidos por el pueblo, como en los otros poderes, o entre la propia corporación judicial no parece tener fácil solución, pues ello requeriría, en un caso, la proximidad de los Jueces con sus ciudadanos, para que les pudieran apreciar, lo que comprometería a su vez el derecho a ser juzgado por un Juez independiente, pues quien es elegido subjetivamente contrae una relación de favor con sus electores, que podría entrañar causa de recusación por las minoritarios del distrito electoral. En el caso contrario, que sean elegidos dentro de la propia corporación, aleja a los Jueces de la soberanía popular que debe imperar en toda democracia.

La creación de un organismo independiente dentro de la República como Poder Judicial, se denomine como se denomine, que regule la distribución de los Jueces y su promoción interna presenta idénticas dificultades, pues el modo de designación o elección de sus miembros reproduce la dificultad para su legitimación democrática respecto a si se efectúa desde la propia corporación o por el parlamento, como representantes de los ciudadanos. Se ha practicado una solución intermedia con la participación de ambas, de modo que entre los Jueces se presente una selección entre ellos mismos, elegida por la totalidad del colegio judicial, presentando varios candidatos por cada miembro a elegir, y que sea el parlamento, mediante una mayoría cualificada quien de esos jueces seleccione los candidatos más idóneos. No obstante la apariencia de que esa conjunción puede funcionar, realmente se mantiene la presunción de que los Jueces elegidos dependen de la interesada intención de los partidos políticos, pues incluso la primera selección entre el colegio judicial no deja de depender del apoyo de los medios de información y la disposición de recursos económicos para promocionarse como candidato.

Cualquier dependencia en la designación de un Juez por promoción interna a cargos de mayor responsabilidad que incluya una nominación personal crea un vínculo entre el designador y el designado que puede hacer dudar de que esa dependencia  no pueda influir sobre la independencia con que el Juez deba juzgar sobre intereses relacionados con la ideología política de los partidos y asociaciones intervinientes en su selección.

Existe un cierto criterio social de que las injusticias derivadas de la cercanía de los Jueces a una tendencia política se equilibran en democracia con la alternancia de poder que propicia que esas injusticias se equilibren con nombramientos de signo contrario con que puedan responder los Jueces de ideología opuesta. La injusticia sólo se corrige con justicia, y no con otra injusticia de signo opuesto. No es admisible que la percepción de los ciudadanos dé cabida a que el criterio de los Jueces progresistas se equilibra sustituyendo ese criterio por el criterio de Jueces conservadores; el de los Jueces fundamentalistas, por Jueces laicos; el de los Jueces negros, por Jueces blancos; el de los Jueces de izquierda, por Jueces de derechas; el de los Jueces independentistas, por Jueces centralistas; etc. Por ello es altamente relevante de la calidad democrática de un sistema que el modo de selección de sus Jueces no deje duda de la posible imparcialidad de los mismos. La figura icónica de la Justicia representada por una mujer con los ojos vendados es una referencia de cómo sobre quien juzga no deben recaer relaciones que afecten su independencia.

Ya en la cultura clásica existen referencias a la forma de seleccionar a los Jueces a través del azar para favorecer el reconocimiento de su independencia. Para muchos el recurso al azar se contrapone al del mérito, pero uno y otro se pueden conjuntar para, sin menoscabar la eficacia profesional y el talento, conseguir la presunción de imparcialidad en todos los Jueces. En la medida que la única consideración para la promoción interna a los puestos de responsabilidad judiciales fuera el mérito, su eficacia quedaría subordinada a la apreciación del mismo por las autoridades que lo hayan de evaluar, lo que permite una gran subjetividad en el mismo, pues hay quien no estima el mérito sino en la sujeción al orden, la norma y la tradición de su manera de pensar.

Mérito y azar, parlamento y corporación judicial, parece que todos tienen que incidir para lograr un sistema judicial garantista, no sólo de la protección del derecho, sino también restrictivo sobre el favor que haga que la aplicación de la justicia no sea igual para todos los ciudadanos. Si analizamos la función del Poder Judicial respecto a la distribución de los Jueces por las demarcaciones judiciales de cada país, parece legítimo que directamente se atienda a la demanda de traslado para ocupar una plaza vacante en función del escalafón, siempre que ello se efectúe en el mismo nivel de responsabilidad judicial, o sea entre tribunales del mismo grado. Pero el criterio se complica cuando los concurso de promoción son para ocupar una plaza vacante en un tribunal superior, pues, cuanto mayor es la responsabilidad del mismo, mayor garantía de independencia e imparcialidad debe exigirse para ocupar dicha plaza. Es ahí donde debe entrar la alternativa de mérito y azar, correspondiendo al parlamento la gestión de la definición por ley de las condiciones objetivas para valorar el mérito que debe haber contraído cada aspirante a Juez, desde los juzgados de primera instancia al tribunal supremo. De igual modo el parlamento debe decidir, oído a las instituciones políticas implicadas, la composición del Poder Judicial, su estructura de funcionamiento, la vigencia de mandato, las cualificación profesional de sus miembros y el modo de recurso el azar para la determinación nominal entre todos los Jueces que hayan presentado la correspondiente candidatura y cumplan los requisitos objetivos para ocupar el cargo.

Aunque es obvio, merece la pena observar que los cargos del Poder Judicial son políticos y no jurídicos, ya que no sentencian, sino regulan el sistema orgánico judicial definido en la constitución y demás leyes del país; justificando ello la necesaria renovación temporal, como cualquier otro cargo político; más en el caso de los Jueces, para que no pierdan con el empleo administrativo el verdadero sentir del cometido de su carrera, que es la aplicación de la justicia.

Corresponde a los componentes del Poder Judicial la aplicación de las condiciones de mérito definidas en las leyes, así como la definición de la valoración objetiva del ejercicio profesional de cada Juez en función del acierto o corrección de sus sentencias, de la agilidad de resolución de su juzgado, del cumplimiento del orden procesal. Con esa valoración objetiva y pública, al menos dentro del ámbito de la judicatura, es facultad del Poder Judicial regular los concursos de promoción entre los Jueces, aplicando el sistema de azar para determinar sobre quien, entre los aspirantes calificados, recae la responsabilidad de ocupar la plaza concursada.

Cuando en la República existe un Jefe del Poder Ejecutivo, cabe la posibilidad de que el Presidente de la República, por su legitimad democrática de ser elegido por votación ciudadana, ocupe la cabeza visible del Poder Judicial, con prerrogativas específicas, no de juzgar, sino de someter las leyes y decretos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo a la revisión sin demora, en una sala específica del Tribunal Supremo, respecto a la sujeción de sus contenidos al orden constitucional.
 

4. El juez.

Mientras no se alcance una capacidad de la inteligencia artificial infalible, el oficio de juzgar recaerá en personas, que como seres humanos poseen sentimientos de afinidad y rechazo sobre su entorno. El Juez sensato reconoce para sí mismo la capacidad de error, el que sólo puede ser controlado por la sabiduría y el oficio: sabiduría que adquiere con el estudio y oficio por la pericia que da la experiencia profesional. Como en cualquier empleo profesional el Juez precisa de la humildad para objetivar qué le ayuda a mejorar en su función y cuáles son las influencias negativas que perturban su trabajo. Si no fuera por esa percepción consolidada, la administración de la justicia no recurriría a constituir tribunales con mayor número de Jueces en función de la responsabilidad del caso a sentenciar.

Cuanto más un Juez reconozca su trabajo como un servicio a la sociedad, no como un dominio sobre las personas sometidas a su veredicto, más percibirá la necesaria objetividad y el condicionante de la subjetividad. Como cualquier persona, el Juez tiene sus creencias, sus pasiones y sus fobias, las que son producto de su forma y manera de ser, de su carácter, de su educación, que irremediablemente se reflejarán en el ejercicio de su profesión, pero debe poner un especial empeño en que esas preferencias conceptuales sobre al bien y el mal, sobre las costumbres y la vida en general, no trasciendan cuando deba dictaminar sobre la culpabilidad de otras personas, pues el prejuicio es el peor condimento para el recto juzgar. No se trata de sustraer la propia personalidad cuando se asciende al estrado, lo que es imposible, sino entrenar a la propia conciencia a centrarse en la objetividad del caso en razón de las pruebas y testimonios aportadas en la sala, apartando toda veleidad de antipatía o favor hacia los actores en la causa.

Toda persona conoce lo muy perturbador que puede ser el propio carácter, no sólo para los demás en el trato, sino también para la propia estima, por lo que es necesario aprender a dominarlo para conseguir una personalidad capaz de alcanzar las pretensiones esenciales en la vida. Ser Juez exige esforzarse para discernir cómo evoluciona la sociedad y su función para juzgar la legalidad de cada actuación concreta. Favorecer un mundo mejor pertenece al ámbito de las sensaciones, los sentimientos, la creatividad; juzgar sobre la legalidad de las acciones es un acto de razón; concebir los medios y formas para el bien de la sociedad, incluso la valoración de su legitimidad, es lo que define la distinta posición ideológica en la sociedad, la opción política personal, pero ella no puede trascender en ofuscar la razón para comprender la realidad jurídica, que siempre se ciñe a la conformidad con el dictado de la ley.

Los propios sentimientos del Juez no caben en una actuación profesional dirigida a valorar la participación del acusado como causa y la magnitud real de los efectos causados. Para el Juez la realidad se ciñe a las pruebas y a los testimonio, tanto del acusado y su defensa legal, como de la acusación y del ministerio público cuando procede. La neutralidad requerida al Juez le impide dejarse llevar por afectos o antipatías hacia las partes actuantes, ya que la discriminación hacia cualquier determinación personal influye negativamente en su independencia; de hecho, si por cualquier razón existiera predisposición mental hacia una resolución del veredicto previa al juicio, debería abstenerse de ejercer. Esa neutralización de los propios ideales y sentimientos no impide la pericia de la experiencia para determinar lo que prueba cada prueba y la verosimilitud de los testimonios, pues los letrados de la acusación y defensa son expertos en intentar tergiversar los contenidos de ambos recursos a favor de los intereses de su cliente; no así debe ser la de los funcionarios del ministerio público, policía, peritos y testigos, cuyos criterios sobre el fin de su cometido deben ajustarse más, en su contenido de verdad, a la independencia de un Juez que a la intención de los letrados.

La responsabilidad del Juez por las trascendentales consecuencias de sus decisiones y el aislamiento a todo tipo de prejuicio externo e interno han conducido a señalar la soledad del Juez, únicamente acompañado de la ley y la jurisprudencia al redactar sus sentencias. Téngase en cuenta que incluso cuando en un tribunal actúan varios Jueces, la conclusión de cada uno debe ser personal, aunque intercambien criterios jurídicos en la deliberación sobre lo actuado.
 

5. Mérito.

El mérito profesional que justifica la promoción dentro del sistema judicial esencialmente corresponde al acreditado buen ejercicio de la aplicación de la justicia: sea indagando culpas y acusando en la función de instructor; valorando y sentenciando en la de magistrado; o en cualquier otra función del procedimiento procesal. No forma parte en sí del mérito los estudios realizados ni las publicaciones editadas, pues aunque ellas supongan gran parte de la inversión intelectual para ser eficiente, lo trascendente es lo que hayan aportado de provecho a la sabiduría del Juez para la realización de sus funciones.

Como el sistema de la justicia debe ser garantista, o sea que exista el derecho a la revisión de la sentencia por un tribunal superior cuando los letrados de alguna de las partes lo demanden, este hecho en sí facilita una continua evaluación de los jueces, con datos objetivos, por la autoridad del Poder Judicial. Cada instrucción de un Juez que no queda refrendada por el tribunal sentenciador y el veredicto no refrendado en casamiento por un tribunal superior suponen, de hecho, una corrección de criterio jurídico, cuya evaluación, en el conjunto de su actuación, muestra el grado de idoneidad para ser promovido, o no, a mayores responsabilidades.

Cuando el criterio de mérito se quiere sostener sobre actos ajenos al ejercicio profesional, como la estimación de planificaciones, publicaciones, cursos, carácter... el juicio subjetivo de los miembros que pueden decidir sobre la idoneidad de un Juez pasa a ser subjetivo, o sea, que dependen de la coincidencia de criterio entre del candidato y el evaluador; por lo que si ellos sirven para la provisión de una plaza vacante siembran la duda de si la misma se debe al mérito o al favor. En la actividad privada, es admisible esa apreciación subjetiva porque el sujeto responsable último es la entidad, pero en la administración pública, en la que todos los ciudadanos deben tener igual de oportunidades a la promoción, los criterios subjetivos deben subordinarse a los objetivos, pues estos admiten una justificación pública, mientras que los otros no.

La evaluación del mérito a través de pérdida de puntuación por fallos acumulados se ha mostrado muy eficaz para la evaluación del ejercicio correcto de una actividad --por ejemplo, en la conducción vial--, tanto de forma externa, para la correlación pública, como de criterio de reflexión para el propio sujeto, pues la evaluación continua que supone la objetiva censura, aunque siempre hiera la propia estima, ayuda a quien aspira a superarse en la profesión.

El escalafón de mérito es menos radical que el escalafón temporal de adscripción a la carrera judicial, pues su valor sube y baja de acuerdo con el acierto en la actuación profesional; además, en un mismo rango pueden situarse multitud de Jueces, porque ninguno de ellos haya obtenido penalizaciones por la incorrección de sus decisiones profesionales o porque se igualen muchos en la valoración de las mismas, de modo que el escalafón de mérito, más que para la exaltación del mérito de los Jueces, debe servir para señalar un baremo de disposición de capacidad para acceder a determinadas plazas en los concursos de promoción interna.

No es ajeno al propósito de restablecer el derecho conculcado al inocente, como objeto prioritario de la justicia, el hecho de que el mérito reconozca también la agilidad y capacidad de trabajo de unos Jueces sobre otros, reflejado en tiempo y número de procedimientos resueltos satisfactoriamente cada año judicial. Teniendo en consideración que los procedimientos deben distribuirse por turno imprevisible, para evitar la capacidad de elección de Juez, pero de modo equitativo entre todos los juzgados, quien menos demora la resolución de los mismos presta mejor servicio a los ciudadanos, con el correspondiente reconocimiento social para la administración de la justicia.

El respeto al Juez debe ser preservado en el ejercicio de su función, fuera de ello merece tanto respeto como cualquier otro ciudadano. No obstante el respeto en las formas exigido por el procedimiento procesal, el criterio de los demás ciudadanos hacia él dependerá del respeto que haya conseguido a través de su manera de ser. No existe otro regla, pues la estima ajena radica en la conciencia del otro, la que sigue a sus propios juicios e ideas. Disentir y criticar las sentencias y demás decisiones judiciales forma parte del derecho a la libre expresión de la ciudadanía, aunque todo Juez puede contestarlas, además de por su propia opinión, invitando a sus críticos a acudir a los recursos que el ordenamiento jurídico tiene previstos para la revisión de las resoluciones judiciales.

En democracia, el poder jurisdiccional del Juez no le pertenece por naturaleza, sino por concesión del pueblo, de cuya soberanía emana la justicia. Las leyes establecen los derechos y deberes de los Jueces, y de la sujeción y buen cumplimiento de los mismas depende la valoración que de ellos se forme la ciudadanía. El primer criterio es que el Juez es Juez allá donde el pueblo ha reconocido su jurisdicción, y fuera de ella no posee ningún poder de juzgar, sólo el de denunciar y demandar como cualquier otra persona; de ello se deduce que los privilegios que por su función le pudieran ser reconocidos no abarcan más que al ámbito territorial o específico sobre el que se posee jurisdicción. Ningún Juez puede atribuirse poder para ejercer fuera de la demarcación judicial de la comunidad que le ha dotado de ese poder, pues esa concesión del pueblo expira más allá de los límites sobre los que tiene poder; por ello existen Jueces municipales, regionales, nacionales e internacionales, según la repartición que en su territorio haga cada Estado y los convenios internacionales que cada Estado contraiga. Aunque teóricamente los derechos humanos rigen para toda la humanidad, el juicio sobre su aplicación corresponde a los respectivos tribunales nacionales, salvo acuerdos suscritos sobre una más amplia jurisdicción.
 

6. Favor.

Por favor se entiende la ayuda que se concede a alguien para su beneficio material o espiritual. Es uno de los actos más comunes entre las personas, pues todos los seres humanos están necesitados de ayuda y su mayor realización se encuentra en ayudar a los demás. El favor sigue el criterio moral más antiguo y más simple de la humanidad: Tratar a los demás como gusta ser tratado.

Toda relación humana positiva, la que perfecciona en algo al otro, puede ser considerada un favor; no obstante, el núcleo del campo semántico del lexema favor suele reducirse a la prestación de un auxilio no debido, o sea, el que se presta sin estar obligado a ello, sin pago a cambio, sin esperar compensación. Cuanto más se aleja su uso a ese núcleo central del significado, se encuentra la contraprestación que del mismo se espera, ya que el mero hecho de "tratar a los demás como gusta ser tratado" contiene la esperanza implícita de la devolución del favor. Se podría por tanto hacer una clasificación del favor en virtud de:

Existen ámbitos de relación en que el recurso al favor parece estar obligado, como el de la familia y la amistad. Otros en que por su naturaleza se crea ocasión continua de intercambio de favores, como el profesional o todas aquellas actividades en las que exista una convivencia obligada, como en cualquier centro de inclusión: sea un penal, un hospital, un navío o un campo de refugiados; si bien en estos casos el favor no se considera obligado sino con aquellos otros en los que se presume cierta reciprocidad.

El favor, aunque en sí no encuentra un antónimo adecuado, admite oposición semántica en el campo de lexemas como "desprecio", "odio" o "segregación", los cuales parecen admitir la desincentivación en implicarse en ayuda del otro, incluso a veces hasta hacer dejación de la obligación moral y penal del ejercicio de la acción de socorro. Generalmente la predisposición al  favor corre pareja al límite a lo diverso que cada persona establece como prejuicio de vida; así hay quien se esfuerza en favorecer incluso al desconocido, mientras otros delimitan el ejercicio del favor a un círculo reducido de amistades, bien lo sean por familia, vecindad, religión, paisanaje, ideología... y así sucesivamente según el círculo de relación que se establezca como límite del deber de favorecer a los demás. Es bien conocida la endogamia que reina dentro de algunas familias, de sangre o interés, para consolidar dentro de ellas el acceso al poder económico, político, judicial o cultural dentro de una sociedad; piénsese en las sectas, las asociaciones secretas y los contubernios de determinadas familias o grupos en la ostentación de parcelas de poder dentro de los Estados.

El favor dentro del ejercicio profesional puede ser lícito siempre que no perturbe posibles derechos ajenos, pues, si eso es así, se opone a la justicia, por más que una sociedad tenga normalizada esa forma de actuar. Es doblemente grave si ello se ejerce en el ámbito de la administración de la justicia, ya que no puede aducirse desconocimiento sobre la responsabilidad contraída por su uso ilícito, y además, porque del favor como causa se pueden derivar responsabilidades de parcialidad en la administración de la justicia, en consideración al deber subjetivo de devolver "favor por favor". Esa doble injusticia supone:

  1. Vulnerar posiblemente la igualdad de oportunidades.
  2. Inducir probable prevaricación, ya que el componente subjetivo de parcialidad en el juicio hace que el mutuo favor entre profesionales de la justicia genere indefensión ajena. Considérese, por ejemplo, cómo una predisposición a favor o en contra de un sujeto puede producir que el Juez acepte una prueba o ponga en duda el valor probativo de la misma, acepte la relevancia de un testimonio o vacile sobre su veracidad, con las consecuencias inapelables que su veredicto impone.
Ya inicialmente, en el acceso a la carrera judicial cabe, como en otros itinerarios al funcionariado, el favoritismo de quienes tienen posibilidad de quebrar indebidamente las elaboradas prevenciones para preservar la igualdad de oportunidades de todos los candidatos en los exámenes de admisión. Filtrar datos de los contenidos de las pruebas a superar y la parcialidad en el criterio de corrección pueden alterar las posibilidades de unos sobre otros por el influjo que los "padrinos" puedan ejercer.

En la promoción interna a puestos de mayor responsabilidad, cuanto más criterios subjetivos se utilicen para ello más fácil lo tienen quienes:

Con frecuencia se considera que esas debilidades sólo se dan en países con un sistema democrático incipiente, pero la realidad es que incluso en los países más desarrollados la corruptela del favor por favor está ampliamente extendida. De hecho, cómo las ideologías progresistas se inclinan a la presión social del pueblo mediante su activa manifestación en las calles, las ideologías conservadoras han acrisolado en el dominio de la administración de justicia el resorte más poderoso para perpetuarse en el poder, lo que logran comenzando por un selectivo modo de acceso a la judicatura.

A veces la solicitud del favor por favor no se hace de un modo explícito, por lo detestable que pudiera concebirse entre profesionales de la justicia, sino simplemente dejando nota un Juez a otro del interés que se tiene sobre el resultado de una causa, la que concierne a un próximo o a determinados intereses de una institución.

Un instrumento práctico para articular el favor algunos países lo han encontrado en la permisión del asociacionismo ideológico entre los Jueces, de modo que esos grupos sirven de escala para ir promocionando a sus partícipes --al modo como obran los partidos políticos, de los que con frecuencia son reflejo de sus tendencias-- frente a los Jueces independientes que confían el éxito social de la administración de justicia a su integridad e imparcialidad.

Como la tendencia al favoritismo está enraizada en las costumbres, pues cada persona confía más en lo propio y próximo que en lo diverso, es por lo que para progresar democráticamente un sistema de equidad en la justicia se debe tender a eliminar toda subjetividad personal para la promoción de los Jueces, recurriendo a condiciones objetivas y transparentes de valoración y el recurso del azar, de modo que la independencia anhelada de tantos jueces no represente obstáculo alguno para acceder a los objetivos profesionales merecidos.
 

7. Financiación de la justicia.

En líneas anteriores se podía leer: "Una justicia que se dilata en el tiempo es una injusticia añadida a la víctima". Es evidente que todo el tiempo que dilate la justicia en sentenciar una causa beneficia al culpable, que no debe resarcir con sus bienes a la víctima, ni recae sobre él la pena, y perjudica al inocente que ha de vivir despojado de un bien o derecho; valgan como ejemplo: el dolor que debe sufrir una persona desalojada de su vivienda por la violencia de una usurpación u ocupación; la pérdida del salario debida a un despido laboral injusto; el retraso en reconocer el derecho a una intervención quirúrgica; que todo ello se resuelva de inmediato, en un día, una semana, un mes, un año, o se dilate más allá, repercute no sólo sobre la estabilidad emocional de la víctima, sino sobre el concepto que de la justicia se difunde en la sociedad.

En la pausa de la actividad judicial intervienen muchos factores, los cuales se acumulan unos sobre otros sin solución posible de abreviar las demoras, pues sumándose las de origen estructural a las causadas por una coyuntura temporal generan un auténtico atasco que en muchos países comprende tanto los juzgados de primera instancia como las salas de los más altos tribunales. Las incidencias coyunturales suelen ser imprevisibles, por lo que su subsanación no puede realizarse sino a posteriori, o sea, cuando el efecto ya ha trascendido; en cambio, las desajustes estructurales tienen solución siempre que exista la voluntad política y profesional de afrontarlos. Por parte de la motivación profesional: exigiendo mayor rigor a todos los agentes que de modo directo o indirecto inciden en el desarrollo de las causas judiciales, desde la actitud de los Jueces a la celeridad de la policía o cualquier otro estamento de la Administración que deba aportar informes requeridos por el Juez. La voluntad política por evitar la demora innecesaria en la justicia exige del legislativo la revisión continuada de las leyes que determinan los procedimientos procesales, para que, sin merma de garantía jurídica, la acción de la justicia sea dinámica.

El Estado debe atender a la dotación de personas y medios materiales para conseguir la agilidad de la justicia, que a veces tiene menos realce que otras inversiones públicas, siendo estas menos trascendentes que una administración de justicia eficiente. Es evidente que en cada Estado es posible la preparación profesional para ejercer de Juez de tantos ciudadanos como se requiera, pues basta con habilitar los cauces de enseñanza adecuados. La provisión de medios materiales que faciliten el ejercicio profesional de los Jueces debe ser considerado como una inversión productiva de condición inmaterial que atiende directamente a la realización del estado de derecho e indirectamente, a través de la seguridad jurídica, al bienestar de toda la comunidad.

Se pueden diferenciar tres aspectos entre los ajustes de la administración de justicia para potenciar su agilidad:

  1. El porcentaje de Jueces para atender la demanda de la población.
  2. La medios que garantizan la dinámica procesal.
  3. Lo proclive a litigar judicialmente en cada país.
Los tres pueden mejorarse si se aplica el criterio racional de que la justicia sea financiada, en la parte que corresponde, por los declarados culpables en los procedimientos de demanda civil o querella criminal.

Conocer si el número de Jueces de un país es el adecuado es tan fácil como comprobar si la ratio de juzgados por habitante se asemeja a la de aquellos países en que no existe demora en la administración de la justicia; si esa ratio se cumple, el problema es debido a alguno de los otros dos aspectos; en tanto en cuanto el porcentaje de Jueces sea inferior, ello es indicativo de la necesidad de crear tantos nuevos juzgados como marque el desfase.

Frecuentemente son los mismos Jueces quienes denuncian la precariedad de juzgados, la carga de trabajo e insuficiencia de medios con los que ser rendir mejor en su trabajo. Atender esa solicitud por la sociedad implica muchas veces la reforma de leyes y decretos, lo que aflora el nivel de interés político por la justicia. Un Estado burocratizado en la administración pública evidentemente contagia a la administración de justicia, aunque muchos Jueces se rebelen porque son ellos quienes más detectan los pesares públicos por la demora judicial. Es de lógica que los Jueces, como funcionarios, estén reconocidos en la escala del funcionariado según las responsabilidades que asumen, pues no hay razón para que sus retribuciones y instrumental de trabajo estén por encima o por debajo de médicos, profesores, militares, etc.; lo que a veces parece es que otros colectivos gozan de mayor poder de reivindicación de sus derechos, merma que en la judicatura debe ser suplida por una mayor sensibilidad de los ciudadanos para atender, a través de las instituciones, las demandas laborales de la corporación judicial.

Por el temperamento de los ciudadanos, existen comunidades más proclives a pleitear que otras, siendo estas capaces de solucionar los problemas surgidos en sus relaciones a través de la razón y el diálogo. No está bien definido por la sociología si el desorden en la administración de la justicia incrementa la tendencia a pleitear o lo relaja, pues tan consecuente es la mentalidad de no fiarse de la justicia cuando la misma se encuentra desbordada, como acudir a ese recurso considerando "pescar en aguas revueltas"; tampoco es ajena esa inclinación a pleitear al interés de los letrados por ganar clientes. Las sociedades más democráticas tienden a que el propio raciocinio de los ciudadanos sea el que preserva el orden social, logrando una menor conflictividad, incluso creando instrumentos de arbitraje para resolver muchas de las controversias de interés. De hecho, cuando la administración de justicia de un país es ejemplar, menos necesidad se tiene de acudir a ella, pues el mismo prestigio de su eficiencia e integridad favorece acuerdos entre los letrados particulares en perspectiva de las resoluciones probables a dictar. Por el contrario, cuando más politizada está la justicia, más se acude a ella como forma de judicializar la política, pues las partes siempre confían en su poder de persuasión sobre los Jueces para conseguir su favor.

Revertir el coste de la administración de la justicia sobre los delincuentes y culpables abre la posibilidad de que los medios necesarios para que sea ágil y eficiente se convierta en una realidad que no pese sobre el conjunto del país. Se tiene por cierto que la justicia debe ser gratuita, para que nadie pueda perder su amparo por falta de medios económicos; pero ¿la injusticia debe salir también gratis? Son los actos de injusticia los que copan los tribunales, porque si nadie conculcara los derechos ajenos, no existirían más demandas que las propias de aquellas situaciones en que aparece la confrontación de criterios a pesar de la buena fe en las relaciones, pero, incluso en estos casos, casi siempre la justicia dictamina una parte culpable y otra perjudicada. De modo similar como se condena a costas para compensar los gastos ocasionados al inocente, la administración de justicia podría repercutir los gastos ocasionados con motivo de cada causa a fin de que ellos sufraguen la dotación de los medios necesarios para que la misma se lleve a efecto. Es cierto que existen muchos actos de la administración de justicia que no dirimen conflictos, como los propios del registro civil, siendo estos los que deben mantener la gratuidad como servicio público.

Que al delincuente se le culpe de los costos ocasionados por su perversa actitud, generando ello además que las demandas y querellas se resuelvan con prontitud, ayuda a la ciudadanía a tener un mayor aprecio a la administración de justicia, sabedores que esos gastos no suponen una aplicación distorsionada de sus impuestos. También la perspectiva de mayores consecuencias negativas para quienes transgreden la ley puede servir para no infringirla, al considerar que el peso de la justicia recae pronta y contundente para resarcir el derecho y condenar el delito. Al mismo tiempo desaparecería la justificación económica, que con frecuencia aducen los Gobiernos, para desatender las solicitudes de personal y medios que posibiliten un servicio eficaz de administración de la justicia.
 


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