Responsabilidades

JORGE BOTELLA

 
1. Naturaleza de la responsabilidad.

2. Responsabilidad subjetiva.

3. Responsabilidad objetiva.

4. Responsabilidad individual.

5. Responsabilidad colectiva.

6. Responsabilidades reflexivas.

7. Responsabilidades familiares.

8. Responsabilidades profesionales.

9. Responsabilidades nacionales.

10. Responsabilidades mercantiles.

11. Responsabilidad moral.

12. Responsabilidad judicial.
 

1. Naturaleza de la responsabilidad.

En su estructura más profunda la responsabilidad surge por la relación causal en la que todo efecto es consecuencia de una causa ajena al mismo efecto. Ningún efecto se produce sin una causa que lo propicie, estableciéndose una relación causa-efecto en la que se puede observar una responsabilidad de lo consecuente por lo antecedente.

La lengua humana, como expresión comunicativa, en su sintaxis reconoce la universalidad de esta relación causa-efecto en la estructura fundamental de la oración gramatical: el sujeto que obra es la causa que opera en el objeto el efecto de la acción que expresa el verbo. Se puede objetar que desde la perspectiva lógica el sujeto no siempre es causa del objeto, como en las oraciones de predicado en las que el verbo no expresa una acción del sujeto sobre un objeto, sino la simple exposición de una afección o cualidad del sujeto, como cuando decimos: Ana es alta. Aparentemente tampoco parece existir, a una primera vista, una relación causa-efecto en las oraciones recíprocas, por ejemplo en: Ana y Juan se besan, pues ambos protagonistas se identifican igualmente como sujetos, pero analizando más detenidamente el contenido semántico oracional se puede determinar como esas oraciones recíprocas lo que contienen es una doble actividad causa-efecto en la que cada sujeto recibe respectivamente el efecto de la acción del otro sujeto.

Teniendo en cuenta que la lengua no crea, sino que reproduce la observación de la realidad, no se puede atribuir la esencia más radical de la responsabilidad a su percepción en el lenguaje, vinculado a la comunicación, sino a dos cualidades más intrínsecas del ser humano: la conciencia y la libertad.

La conciencia es la propiedad de que están dotados por naturaleza los seres humanos para evaluar sus pensamientos. La conciencia la hace posible la capacidad de reflexión que posee el intelecto, que por medio de la razón construye juicios sobre las abstracciones elaboradas a partir de las percepciones del mundo exterior y las intuiciones de la creatividad intelectual. La base de la conciencia radica principalmente en la capacidad de conocerse a sí mismo como objeto racional mediante la reflexión y como sujeto de los juicios elaborados que determinan su relación con el mundo exterior; ese saber sobre el fin que promueven y alcanzan sus actos posibilita al ser humano la asunción de la responsabilidad.

La libertad se identifica como la facultad del ser humano de decidir intelectualmente la calidad de sus actos. Aunque se puede considerar la libertad respecto al posicionamiento personal para recibir determinadas percepciones externas, principalmente se aplica como facultad de las respuestas conscientes que ofrece a las imputaciones que recaen sobre su conocimiento. Desde este punto de vista, la libertad se vincula a una posición de sujeto activo, pues como sujeto pasivo u objeto de una acción su capacidad intelectual sólo puede actuar como perceptor de los influjos recibidos, valorando y dando respuesta a los mismos, pero nunca desactivando lo ya acontecido. No obstante, el reconocerse como objeto receptor de determinaciones externas le facilita adquirir la conciencia de sujeto responsable de los efectos causados sobre otras personas en las relaciones sociales, lo que no coarta su libertad de actuación sino en la dimensión moral reconocida por su conciencia.

Existen imputaciones de la naturaleza sobre la persona humana que le impelen a ofrecer respuestas reflejas, con un grado de inconsciencia variable, pero que quedan al margen de su libertad en cuanto no constituyen pensamientos sujetos a la evaluación de la razón; estas realidades se asemejan a lo que se considera en la naturaleza propiedades instintivas de la especie, que el ser humano posee por el substrato material de su condición racional. Los instintos pueden ser considerados como actos conscientes, pues son respuestas elaboradas mediante un procesamiento de percepciones sensoriales en un órgano centralizado que ofrece respuestas condicionadas a esas percepciones, principalmente vinculadas a la supervivencia individual y de la especie, pero también al placer sensible o a la pertinencia de potestad.

La diferenciación entre el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual algunos lo han interpretan como una distinción de grado. La identificación de los atributos de conciencia y la libertad son los que más han determinado a poder considerar esa distinción no de grado, sino como una doble estructuración del proceso cognitivo en la que una primera evalúa sobre las percepciones generando ideas mentales concretas o abstractas; la segunda estructuración procesa, con el concurso de intuiciones creativas, las ideas mentales generadas en el procedimiento anterior elaborando los juicios de razón que facilitan la reflexión y la actividad intelectual.

El conocimiento de sí como sujeto consciente de la libertad y responsabilidad de sus actos corresponde a la estructuración del conocimiento más completa, la que facilita la reflexión y la constatación de la operatividad creativa derivada del análisis de las partes constitutivas de cada sustancia y su aplicación reordenando la potencialidad de la conjunción de unos elementos con otros. Precisamente esa diligencia creativa expresa la libertad intelectual que mueve a la conciencia a reconocerse como sujeto responsable de los efectos de su consciente obrar.
 

2. Responsabilidad subjetiva.

La responsabilidad subjetiva es la que primero atañe a la conciencia, pues es la que se corresponde con la voluntad de obrar de una manera determinada; se forma en la deliberación previa al acto, pues en caso contrario sería una repuesta espontánea, refleja o condicionada y por tanto limitada en cuanto a la responsabilidad. Todo obrar busca un fin, más o menos explícito, cuya intención de alcanzarlo es ya un acto de conciencia tan responsable como lo sea la libertad para ejecutarlo, aunque el mismo no se llevara a término.

La conciencia individual es el primer eslabón de la moralidad de un acto, entendiendo por moralidad la capacidad de valorar el bien o el mal que de esa manera de obrar puede repercutirse sobre uno mismo y sobre otras personas o una sustancia. Respecto a cualquier persona existe un principio de moralidad natural que ha sido identificado en todas las civilizaciones y culturas, expresado de modo coercitivo: No hagas a los demás lo que no querrías que te hicieran a ti, o de modo positivo: Haz a los demás lo que quisieras que te hagan a ti.

La búsqueda del bien particular es tendencia natural del obrar humano, como igual lo procuran las especies animales, pues cubrir las necesidades de supervivencia, satisfacción, bienestar, etc. se induce como un imperativo para la conciencia por parte de la voluntad; de ahí que la noción de bien contenga una determinación subjetiva muy importante, pues la repercusión del bien sobre uno mismo es más inmediata que cuando supone una aplicación del fin del obrar sobre otra persona ajena; no obstante, la naturaleza social del ser humano educa a la conciencia en ampliar el concepto de bien particular con el de bien común cuando se percibe que gran parte de ese bienestar particular procede del entramado de relaciones en el que de desarrolla; en la ayuda que recibe para realizarse conoce la cooperación que debe ofrecer al círculo social que le rodea: familia, tribu, vecindad, nación.

Si subjetivamente la responsabilidad personal se sacia de conseguir perfecciones materiales o espirituales para cada persona y también su proyección hacia quienes le rodean: ¿Cómo puede entenderse que entre personas surja el enfrentamiento? ¿Es que puede la conciencia satisfacerse con el mal ajeno? Respuestas a estas cuestiones pueden comprenderse a partir de la noción metafísica de que el mal, para el propio sujeto y en sus relaciones, nunca es un fin en sí mismo, sino en todo caso un error o trastorno del entendimiento; lo que sí ocurre es que un sujeto en la búsqueda de su bien particular ignore las consecuencias colaterales que puede entrañar esa forma de obrar para otros. Muy posiblemente el mal repercutido no es nunca querido como fin esencial en la conciencia, sino que se debe a la perversión debida a la inhibición a considerar más consecuencias que la inmediata de la satisfacción personal buscada. De ahí que la ética constituya la disciplina que enseña a la conciencia a considerar el bien particular vinculado al bien común: No hagas a los demás lo que no querrías que te hicieran a ti.

La responsabilidad subjetiva no atañe sólo al obrar, sino a qué obrar, pues en ello está el realizarse, de modo que el sujeto, durante toda su vida, ha de decidir emprender acciones que van a tener unas consecuencias de las que, al ser libremente elegidas, su conciencia va a percibir una responsabilidad ligada a su libre voluntariedad. En ocasiones se posee convicción clara de las razones que aprueban obrar o no de una determinada manera; otras, se presenta un dilema en la elección entre un abanico de posibilidades, en cada una de las cuales se vislumbras luces y sombras, lo que hace más compleja la decisión. El problema racional sobre el qué obrar se enraíza en la imposibilidad de vislumbrar la realidad futura más allá de lo que pueden aportar las percepciones e intuiciones experimentadas hasta el presente; las consecuencias futuras son una aventura que hay que aceptar cuando se proyectan decisiones a un medio o largo plazo, pues la incapacidad de adivinar el porvenir no exime, en todo caso simplemente aminora, la responsabilidad en la conciencia las personas, ya que todos los seres humanos necesariamente se ven abocados a proyectar un futuro.

La prudencia y la temeridad representan la virtud y la osadía en la razón respecto a la responsabilidad. La prudencia mueve al intelecto a no obrar hasta que la mente disponga de suficiente información para asegurar que el resultado de la acción pretendida llegue a buen fin. La temeridad impulsa a la conciencia a obviar de la razón las prevenciones no suficientemente justificadas para demorar una determinación de obrar. La excesiva prudencia modera, pero no evita, la incertidumbre del resultado de cualquier proyecto, ni siquiera en la vertiente subjetiva de la responsabilidad, ya que, por mucho que la intuición prospectiva considere las condiciones de verdad con las que se vaya a obrar, nunca se alcanza la certidumbre plena. Una cierta dosis de temeridad es precisa para abordar gran parte de los proyectos de futuro que cada sujeto pretende acometer; como el no obrar supone en la mayoría de los casos más irresponsabilidad que hacerlo, o en la duda de qué opción elegir, se justifica que la conciencia asuma el optimismo que gratifica a quien arriesga con la mejor intención, aunque a veces posteriormente el fracaso muestre lo equivocados que estuvieron los juicios decisorios.
 

3. Responsabilidad objetiva.

Radicando la responsabilidad subjetiva en la conciencia del que obra como causa eficiente para obtener el fin pretendido, la responsabilidad objetiva hay que analizarla en función del efecto causado, recaído tanto sobre el mismo sujeto que obra como sobre cualquier otra persona o sustancia de la naturaleza.

Es probable que los efectos causados por una acción humana no se ajusten al fin pretendido pues, aunque la intuición intelectual puede predecir bastante del futuro inmediato en función de las ideas consolidadas por la experiencia, el conocimiento humano está siempre limitado al conjunto de juicios que instruyen a la razón, que siendo siempre finitos determinan una previsión ajustada a los mismos, quedando un margen de incertidumbre sobre la entidad del efecto tan amplio como las circunstancias imposibles de evaluar previamente lo determinen. Aunque la certidumbre pueda ser más objetiva si se aplica a un futuro inmediato, con mucha mayor probabilidad se debilitará sobre los efectos de los proyectos a medio y largo plazo, pues la ventura se incrementa proporcionalmente al tiempo a transcurrir entre la acción causante y el efecto causado, alcanzando este a poder ser un continuo en el devenir.

Mientras la responsabilidad subjetiva la mide la conciencia del agente que obra, la objetiva atañe a la afectación sobre la conciencia del sujeto paciente que recibe las consecuencias de las obras ajenas, bien directamente sobre sí, sobre su patrimonio o sobre elementos de la naturaleza que afectan a su bienestar. Una característica de esta responsabilidad es su proyección en el tiempo y en el espacio, pues de un acto individual se pueden derivar muchos afectados por su efecto y prolongarse en el tiempo los beneficios o los perjuicios causados. Considérese de qué modo repercute la responsabilidad de un investigador que genera una vacuna capaz de curar una enfermedad antes incurable, o los efectos trágicos que genera una guerra; en el primer caso parece que tanta responsabilidad positiva supera la capacidad de ser de una persona; en el segundo, asombra la incontable responsabilidad criminal que puede recaer sobre quienes por ambición de poder optan por la lucha armada. Muy posiblemente, en uno y otro caso, las responsabilidades objetivas superan la capacidad subjetiva de evaluar en conciencia la repercusión de la manera de ser que origina esos efectos.

La responsabilidad objetiva de cada acto se mide por su repercusión real sobre la sociedad y sobre la naturaleza, de modo que las consecuencias de un solo acto pueden repercutir sobre una colectividad de personas y objetos aunque ello no estuviera presente en la conciencia del sujeto que obra al deliberar sobre la potencial repercusión de sus actos. Esto origina una distinción de grado y de clase existente entre la responsabilidad subjetiva y la objetiva: de grado si la diferencia afecta al tiempo y al espacio de unos efectos conocidos y razonados; de clase, si las consecuencias finales de los efectos no estuvieron en la mente del actor; la diferencia de grado no excluye la responsabilidad moral; la de clase distingue entre la responsabilidad moral del actuar con conciencia cierta y la colateral responsabilidad civil de los efectos causados al actuar como causa una conciencia deficientemente informada.

La consideración de la responsabilidad debe inducir al ser humano a huir de la frivolidad en la concepción de su realización existencial, entendiendo por frivolidad la manera de ser que resta relevancia a lo realmente importante y se entretiene subsistiendo en lo circunstancial. Es cierto que asumir la gestión de lo trascendente, en general, origina más responsabilidades, de modo subjetivo y objetivo, pero evitarlo ya es de por sí una merma del desarrollo de la personalidad, pues contribuir al bien particular y, muy especialmente, al bien común no se logra evadiendo responsabilidades, sino reforzando la forma de ser revalorizando la ética que mueve a buscar en la vida propia la utilidad del beneficio personal que se integra en el bien común, el que se alcanza según la implicación proporcional del mayor número de personas, cada una obrando de acuerdo al exigente dictado de la razón.
 

4. Responsabilidad individual.

La responsabilidad individual es la que le concierne a cada individuo por sus acciones personales, pues cabe distinguir entre las aciones ejecutadas de modo singular y las ejecutadas conjuntamente con otras personas, especialmente en todas aquellas que para su realización precisen el concurso del colectivo. No es que la responsabilidad individual se disuelva cuando se actúa en conjunto a otros, sino que en este caso adquiere características peculiares según el grado de implicación de cada individuo en las determinaciones de la colectividad; por ejemplo, no es igual la responsabilidad de un ciudadano que apoya una candidatura política marcada por sus injusticias o corrupciones, que la vinculada a la actuación injusta o corrupta de cada político concreto, aunque se estime que estas actuaciones son posibles porque aquel ciudadano y otros muchos les ceden su representación, lo que les permite actuar de esta determinada manera.

Uno de los ámbitos en que la responsabilidad individual es patente es el que corresponde a los actos propios de un individuo, aquellos que tienen como fin la definición de la propia personalidad. A partir del carácter, de la educación recibida y de las circunstancias que rodean la existencia, cada persona forja su personalidad en base a decisiones propias sobre cómo ser, cómo actuar y cómo relacionarse con los demás. Lo bastante instintivo que se puede adjudicar al carácter debe ser moderado por el ejercicio paulatino de la razón, de modo que el interés personal se conjugue con el interés ajeno de aquel con quien se entra en relación, lo que se logra con la potenciación de la voluntad que reprime el capricho con la justicia. Realmente el fin de la educación no es otro que el de habilitar a las personas para la vida en común, y ello no deja de aprenderse a lo largo de la vida, pues en la madurez y la tercera edad surgen nuevos condicionamientos a los que adaptar la personalidad. Educarse no es sino adecuar la personalidad propia a convertir todas las relaciones humanas en relaciones de intercambio de servicios, en las que todas las partes se beneficien y ninguna de ellas salga perjudicada, lo que se comprueba evaluando cada persona cómo ella obraría en la situación adversa a la que se encuentra en la relación. Teóricamente el carácter primario de la persona humana, el que más se identifica con el instinto, tiende al dominio, o sea, a imponer condiciones ventajosas para sí en cuantas relaciones se compromete; pero es fácil comprender que esa actitud conduce al enfrentamiento y la violencia porque, también instintivamente, se hace difícil aceptar ser perjudicado por vivir en sociedad. Como esa educación de la personalidad para la convivencia no es fácil, es por lo que cada individuo es responsable del esfuerzo que impone en conseguirla, responsabilidad que va a proyectarse en el fin y efectos de su comportamiento social. Nadie es responsable del carácter y modo de ser transmitido por la naturaleza y el concurso de sus progenitores, pero sí lo es en la manera de ser con la que desea definir su actuación en la vida.

La responsabilidad individual aprecia la característica soledad de la conciencia personal, pues gran parte de las decisiones más íntimas que cada persona ha de tomar en la vida se deben a resoluciones que han de resolverse en privado, pues aunque siempre cabe consultar con otras personas allegadas, las que pueden tener más experiencia sobre determinados asuntos, no por ello la conclusión última de la razón que mueve a la voluntad a obrar de una determinada manera se reconoce también subjetiva y objetivamente responsable de las consecuencias que puedan depararse de ello. Una característica del proceder es que la relación entre el acto y sus consecuencias no siempre son previsibles ni proporcionadas, de hecho casi todo el mundo reconoce situaciones en que haber elegido obrar de un modo entre los varios posibles ha deparado en el tiempo posterior grandes beneficios o perjuicios sin que esas consecuencias cupieran en las previsiones personales. Cuando se ha de obrar porque la misma conciencia induce a comprometerse en proyectos de futuro, esa condición de posterioridad conlleva dosis de aventura en lo imposible de determinar los futuros acontecimientos, que no es la mismo que cuando la ventura proviene de la improvisación, la temeridad o la ceguera frente a la realidad. Delimitar la responsabilidad indeseada exige obrar con cordura, lo que medianamente garantiza el ejercicio de la reflexión que no se conforma en emitir un juicio determinativo a la voluntad hasta que no posee un grado de certidumbre elevado. A veces el problema procede de que frívolamente se da tan poca importancia a determinadas materias que la tienen, que se decide a la ligera sobre lo que más tarde puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza, cuando ya de nada vale lamentarse por los efectos perniciosos de las causas indebidamente juzgadas.
 

5. Responsabilidad colectiva.

Cuando se actúa en grupo, sea una colectividad reducida o numerosa, la responsabilidad adquiere unos matices específicos en función de la participación en la causa de la generación de los efectos.

En lo que concierne a la responsabilidad subjetiva, se mantiene que la misma deriva de la intuición de la conciencia sobre la participación en la causa, pero, en contra de cuando se actúa singularmente, la actuación en común precisa de una conjunción de voluntades que frecuentemente no son coincidentes, imponiéndose un criterio consensuado que puede estar más o menos próximo al juicio de cada partícipe, de modo que su conciencia no se identifique en todo con la resolución a obrar, lo que produce que asuma una responsabilidad subjetiva relativa a la parte en que ha propiciado el acuerdo y una restricción de responsabilidad a la parte con la que pueda haber entrado en desacuerdo.

En lo que concierne a la responsabilidad objetiva, cada miembro del grupo actuante mantiene una parte alícuota sobre el efecto causado, tanto para provecho como para menoscabo; si no se hubiera definido coeficientes de participación, en la parte unitaria respecto a la totalidad del grupo. Es evidente que la responsabilidad objetiva por el efecto se ha de medir sobre el beneficiado o perjudicado en la relación establecida, según los acuerdos concertados, con independencia de las disparidades de criterio en el grupo autor de la causa cuando se actúa como colectividad; de este modo es el efecto acaecido el que informa sobre la toma de responsabilidad que debe asumir todo el colectivo actuante, pero de un modo solidario por el que todos los partícipes aseguren en conjunto satisfacer el daño que pudiera haber recaído sobre terceros por la acción ejecutada, con independencia de la adhesión a las decisiones que cada partícipe en conciencia reconozca. Basta con permanecer como miembro de una colectividad formal para ser responsable objetivo de las consecuencias subsiguientes a los acuerdos legítimos del grupo. Sólo en algunos casos se libera de esa responsabilidad un individuo si se admite en la regulación de la actividad colectiva el disentimiento efectivo de parte de la misma.

La responsabilidad comunitaria no exime la responsabilidad objetiva personal de quien, amparado en el relativo anonimato que genera el conjunto, abusara obrando fuera de lo delegado por la voluntad colectiva del grupo. El que así procediera se perjudica no sólo a sí mismo como causa del efecto de la acción, sino también a los demás partícipes de la comunidad a que pertenece, en función de la confusión creada sobre si el sujeto causante ha obrado como responsable del colectivo o a modo particular.

Defraudar ilegítimamente a la colectividad a la que se pertenece, en bienes o en abuso de poder, supone de hecho un acto deleznable que añade a la responsabilidad personal objetiva la merma de prestigio y confianza para el grupo en sí ante terceros. Por ello la cautela a tomar a la hora de ceder la representación personal a otros miembros o asociados debe estar acompañada de la fiscalización efectiva del modo de actuar de los delegados, directivos y representantes legales, en especial en aquellas actividades públicas en las que del error se sigan consecuencias sociales cuya responsabilidad siempre es difícil de atribuir a la parte o al todo del sujeto actuante.
 

6. Responsabilidades reflexivas.

Las responsabilidades reflexivas son las que incumben al sujeto que obra por los efectos sobre sí mismo de sus propias acciones u omisiones. Son responsabilidades objetivas e individuales, aunque las mismas con frecuencia se confunden con las subjetivas correspondientes a todo sujeto al ser única la conciencia sobre la que recae la responsabilidad del fin que se busca al obrar y las consecuencias del efecto real resultante de obrar. No se debe confundir la reflexividad derivada de la reflexión intelectual, como propiedad activa que favorece las actitudes responsables, con la reflexividad emocional en la que el efecto de la acción recae de modo reflejo sobre el mismo sujeto que la determina, aunque esta segunda sea mero resultado objetivo de aquella que propició la acción subjetiva.

Considerar la responsabilidad reflexiva cono objetiva e individual no excluye que al mismo tiempo pueda integrarse en acciones colectivas cuando la persona obra agrupada con otras y el efecto de la acción recae en ese mismo colectivo que integra a dicha persona, pues se cumple la propiedad de que alícuotamente la causa y el efecto recaen sobre ella.

La característica esencial de la responsabilidad reflexiva es el pleno conocimiento que recae en el sujeto de las consecuencias que le atañen del efecto generado por sus obras. El efecto sobre terceras persona el sujeto que actúa como causa muchas veces ni lo llega a alcanzar, por el límite de percepción de cuanto sucede alejado del propio derredor, incluso porque el mismo sujeto procura no saber sobre ello, sobre todo cuando posee conciencia cierta de que de sus actos han podido trascender perjuicios ajenos. Muy posiblemente el sistema del subconsciente humano ayuda a obviar responsabilidades en el espacio y el tiempo, pero no lo logra de la misma manera en lo que le atañe de modo reflejo sobre sí mismo, pues esas responsabilidades permaneces en la memoria actual en tanto le afectan sus efectos en el transcurso del tiempo. Por mucho que se quiera asumir la incidencia de las obras personales sobre los demás, su percepción siempre será más débil que la que se posee sobre las que afectan al propio sujeto, que se deducen fácilmente examinando la propia conciencia, en la que la continua percepción de los efectos reporta un estado de satisfacción o inquietud que invade el modo de ser.

Las responsabilidades reflexivas que entrañan el honor o la culpa por las acciones pasadas actúan en la conciencia de un modo bastante indefinido respecto a las determinaciones de tiempo y espacio en que se desarrolla la existencia personal; más parece que se asemejen al presente continuo que se intuye en el concepto de eternidad, lo que guarda cierta lógica por la naturaleza inmaterial del espíritu humano. De hecho ese acompañamiento intelectual de la forja de la propia personalidad, fundamentado en gran parte en la acumulación de experiencias, está informado sustancialmente por el conocimiento de la adecuación de los efectos causado al obrar respecto a la intuición proyectiva de su intención; se aprende a poseer una conducta eficiente del resultado positivo y negativo de la propia manera de ser, muy especialmente reconocida en los actos que repercuten el efecto de forma refleja sobre sí. No obstante, la sensibilidad propia de cada carácter facilita o entorpece reconocer los propios aciertos y errores, incluso cuando conciernen de modo reflexivo sobre el propio sujeto, de modo que el proceso de perfección de la propia personalidad es muy diverso entre las personas, más vinculado a las emociones individuales que, como a veces se supone, a la cultura o educación.

De cómo afectan a la conciencia las responsabilidades reflexivas se configuran mentalidades optimistas y pesimistas según prepondere respectivamente la contemplación de los efectos positivos o negativos causados sobre sí por la manera de ser. Todas las personas yerran a lo largo de su vida en muchas de las decisiones que toman para actuar, lo que comprueban por sus efectos, a veces afectándoles personalmente de forma patente por juicios a los que no se les concedió la trascendencia debida; también son innumerables los logros y progresos debidos a su constante actuar; por ello la reflexión personal siempre debe hacerse contemplando al tiempo ambos platillos de la balanza que recoja en uno de ellos el bien generado y en el otro las penurias causadas.

Es posible que existan tendencias culturales que configuren caracteres más o menos propensos a la tolerancia de la conciencia con la manera de ser personal. Cuanto más ambiciosa y perfeccionista se reconoce una sociedad, más fácil es que sus ciudadanos crezcan estresados por los objetivos inalcanzados; por el contrario, las culturas más conformistas con las circunstancias que les incumbe suelen valorar más el beneficio cotidiano que les permite vivir que los objetivos de lejano alcance. Ceñirse a las rutinas facilita controlar el margen de error, pero quien arriesga aproxima a sí la posibilidad del progreso; tanto una como otra postura permiten realizarse en el deber que, bien ejecutado, es el que facilita la felicidad emocional.
 

7. Responsabilidades familiares.

Porque se nace en familia las personas adquieren unas relaciones que generan deberes y derechos entre los miembros de esa colectividad. La causa más implicante de las responsabilidades consecuentes de esa relación se encuentra en el conocimiento y la voluntariedad de las acciones pertinentes a la procreación. Respecto a la descendencia solamente cabría escudarse en la ignorancia o en la coacción para esgrimir el defecto de la causa que condujera a la exención de las responsabilidades sobre los efectos, pues quien engendra hijos consciente y libremente debe asumir la responsabilidad de criarlos y educarlos para que puedan desarrollar su personalidad.

Considerar que las relaciones sexuales abarcan un abanico de satisfacciones ajenas al fin de la procreación no excluye la responsabilidad subjetiva de practicarlas aplicando la ciencia relativa a la concepción, y por ello antes de consumar un acto sexual se debe ponderar las consecuencias de natalidad que de ello pueden acontecer. La paternidad responsable exige delimitar las relaciones plenas de posible fecundación en la pareja a la voluntad mutua de reproducción, concibiendo formas de expresión de sus afectos y satisfacciones mediante el recurso de medios anticonceptivos que desliguen de la conjunción sexual la paternidad inadecuada o simplemente no deseada.

Las relaciones de familia son bastante especiales. Aunque se pueda identificar una relación causa-efecto en la procreación, sólo lo es en la parte en que los padres facilitan la realización de un acto reproductivo de la especie según la ley de la naturaleza. Ello es así pues no depende de los padres definir de los hijos más allá de trasmitirles el modo de ser humano, ya que ni las peculiaridades orgánicas, el carácter o el  intelecto quedan al arbitrio de los progenitores salvo en lo que la ciencia puede ayudar a corregir o perfeccionar y mediante la educación conseguir encauzar. Que la dependencia para la vida se suscite de una relación existencial de causa-efecto genera responsabilidades de los padres para con los hijos que se manifiestan en derechos de los hijos y deberes para los padres mientras aquellos son menores de edad; distinción sobrevenida porque los ascendientes eligen libremente la descendencia, mientras estos nacen sin intervención de su voluntad. Cierto es que existe una determinación natural en la forma de ser de cada especie que, en cierto modo, actúa como causa común para lograr la perpetuación de la misma.

La dificultad de determinar las responsabilices de los padres para con los hijos proviene de que estos sólo adquieren lentamente el uso de la razón para poder explicitar la adhesión de su conciencia a la forma de hacer de los padres. Esa correspondencia entre la responsabilidad del deber de cuidar e instruir sin existir un manual personalizado de las necesidades de cada niño implica utilizar todos los recursos de experiencia e intuición para llevarlo a efecto, actitudes que constituyen la responsabilidad subjetiva en la valoración de conciencia entre lo que se considera que se puede hacer y la disposición para llevarlo a cabo, pese al esfuerzo requerido de exigente y continuada dedicación.

La responsabilidad objetiva de la tarea de maternidad y paternidad se manifiesta en el efecto de esa labor según el grado de satisfacción de los hijos con la atención recibida de los padres. Cuando en esa labor de crianza de los hijos los padres son asistidos por otros miembros de la familia o entorno, cada una de esas personas es subjetiva y objetivamente responsable de la consistencia de su prestación en función de la valoración en conciencia de su labor y de los efectos, positivos o negativos, derivados de su asistencia a las criaturas, lo que no resta que los padres posean sobre las actitudes de estos cierta responsabilidad subsidiaria por la vigilancia de su influencia sobre los menores.

Como la conformación de la personalidad en los hijos es gradual al desarrollo físico y mental, la información que de ellos se recibe sobre los efectos de la atención recibida debe ser ponderada necesariamente por los valores que los padres consideran pertinentes de infundir mediante la educación que confieren a sus hijos. Parece evidente que la suficiente alimentación, el cuidado de la salud, el cariño, la protección del frío y el calor, los juguetes, la instrucción, una adecuada sociabilidad, la comprensión, la escucha... son actitudes que pueden considerarse de efecto satisfactorio para la práctica totalidad de los hijos. El conflicto a veces surge cuando, alcanzada la adolescencia, los jóvenes reclaman un ámbito de libertad que con frecuencia se configura como alternativo a la manera de ser de los padres, muchas veces influidos por los amigos en una dinámica de grupo que anhela un espacio de libertad propio cuando aún no se ha alcanzado la capacidad ni los medios para gozar de independencia. ¿Cómo obrar los padres en esas circunstancias para que los efectos sobre sus hijos de su modo de hacer no quiebre la confianza entre unos y otros? Una razonable respuesta es que se trate a los hijos como cuando adquieran la madurez suficiente consideren que deberían haber sido educados por sus padres; responsabilidad que debe tomarse con la suficiente prevención de que a un mismo criterio de actuar puede que encuentren respuestas diversas entre los varios hijos que han recibido una misma educación. Quizá lo más gratificante sea la convicción subjetiva de haber actuado anteponiendo siempre las vicisitudes de la personalidad de cada hijo por encima del ideal de proyecto de vida que para ellos hayan podido idear los padres.

La responsabilidad objetiva de los padres sobre la educación de los hijos es una responsabilidad colectiva de ambos progenitores --de la que quedan a salvo las familias monoparentales-- y de ello se deduce la importancia de las relaciones de pareja en la familia para que de las mismas se difunda el ambiente propicio para una convivencia constructiva entre todos los partícipes de la misma. El consenso entre ambos progenitores es fundamental para ofrecer a los hijos, sobre todo en la infancia, criterios de conducta coherentes que no les desorienten de la norma por la que deban conducirse; para ello se precisa una relación comunicativa entre los padres muy especial, como la que se ha considerado propia de una amistad excelente, en la que cada parte se interese por la perfección material y mental de la otra con el fin de lograr un adecuado entendimiento y una referencia fiable con quien compartir la educación de los hijos. La desconfianza entre la pareja respecto a la idoneidad para instruir y orientar a los hijos, a veces compatible con la complacencia mutua en las relaciones más íntimas, predispone a una bifurcación en la responsabilidad subjetiva del trato debido a los hijos que causa con frecuencia un efecto nocivo en la generación de la personalidad de los mismos. El respeto en la pareja para fomentar el entendimiento mutuo es una tarea a construir, no sólo para facilitar la convivencia en común, sino también como responsabilidad recíproca respecto al éxito del efecto de su actividad maternal y paternal.
 

8. Responsabilidades profesionales.

La profesión es la tarea en la que cada individuo se especializa para participar en el desarrollo común de la humanidad. Por naturaleza el ser humano, como todos los demás seres vivos, primariamente busca su supervivencia, para lo cual ha de emplearse en otorgar a su metabolismo todo lo que no toma directamente del entorno; por ejemplo, no precisa esforzarse para obtener el oxígeno para su respiración, pero sí lo ha de hacer para conseguir la ingesta de agua y los nutrientes que satisfacen su alimentación. Los vegetales se mantienen mediante la asunción por contacto de los nutrientes de la tierra, el mar y el sol; el hombre y la mayoría de los animales han de desplazarse para buscar el alimento y tomarlo allá donde lo encuentran. Como además de nutrirse el hombre ha de guarecerse de las inclemencias del tiempo, ha tenido que esforzarse en encontrar o idear formas de refugio, en cuya adaptación ha empleado su inteligencia, su fuerza y su pericia. Se podría describir cómo el ser humano ha tenido que trabajar de continuo a través de miles y miles de años para conseguir el progreso de bienestar que goza en la actualidad, pero ello es innecesario, pues basta resumir que todo ello lo ha logrado como fruto de un empeño continuado que aún debe seguir ejerciendo, ayudado del concurso de la técnica aplicada que le facilita reducir el esfuerzo físico para alcanzar sus propósitos.

En sus orígenes, parece que el hombre debió de ganarse la supervivencia de modo individual o en un grupo reducido a la familia, pero más tarde consideró la conveniencia de la vida en sociedad que facilitaba la distribución de tareas y la especialización en el trabajo. Esa nueva concepción social de la producción es la que genera la profesionalidad, o sea la aplicación de cada persona a una tarea específica que, de modo individual o colectivo, actúa como causa de unos efectos útiles para el bien común.

Considerado de modo independiente, cada ser humano es responsable de la relación causa-efecto de su esfuerzo laboral en lo que atañe a su aprovechamiento individual; como sujeto social, comparte responsabilidad colectiva en el entramado estructural de producción que actúa como causa-efecto de los bienes producidos para el uso de toda la comunidad. Las estructuras productivas han evolucionado a lo largo de la historia, dejando marcas trascendentes del comportamiento social humano, en las cuales se evidencia la efectividad del trabajo personal puesto al servicio de la comunidad como causa que logra el caudal de beneficios que constituyen el progreso que facilita un mejor bienestar.

Cuando se trabaja de modo autónomo, no por eso la actividad laboral se encuentra desmarcada del contexto social, pues es normal que de ese trabajo se beneficien a la vez quien lo realiza y para quien lo realiza, porque tanto uno como otro pueden intercambiar bienes y servicios que cubran respectivamente mutuas necesidades. Esa actividad de permuta se realiza en el marco de una relación mercantil, cuyas reglas deberían reflejar que ninguna parte abusa de la otra por una posición de dominio, sino que, a igualdad de esfuerzo entregado como causa de producción, se siga una pareja igualdad del beneficio de los efectos intercambiados. Una buena regla para conocer personalmente si las relaciones de intercambio de bienes y servicios la avala la justicia es considerar si las condiciones del cambio se aceptarían como justas si la posición en la relación fuera la adversa; ello no constituye más que una aplicación práctica de la norma genérica de no hagas a los demás lo que no querrías que te hicieran a ti; si las condiciones de una transacción se considerarían subjetivamente abusivas cuando se es receptor, el mismo criterio de valoración debería imperar cuando se está en la posición del emisor que ofrece el producto de su trabajo.

En la producción colectiva se hace mucho más difícil la distribución de la responsabilidad objetiva de los efectos sobre la causa, al ser esta generada por una colectividad, a veces inmensa, considerando asimismo que los efectos puedan repercutir sobre otros tantísimos individuos; no obstante, lo cierto es que las responsabilidades personales siguen existiendo, a veces incrementadas cuando del compromiso individual depende la actividad del resto de la cadena productiva que configura la cantidad y calidad de la producción. Esa difícil valoración de las responsabilidades objetivas se funda en la distinta contribución de los productores en la generación del producto final; considérese en cuánto de diversa es la participación de los inversores, los directivos, los mandos intermedios, los obreros y los subalternos en la empresa común, en la que todos participan como causa conjunta en los efectos que constituyen los bienes y servicios a intercambiar en el mercado; pues, si todos esos partícipes son necesarios para llevar a buen término la producción, a todos ellos conjuntamente les afecta la responsabilidad de disfrutar tanto del beneficio mercantil como del menoscabo de la sostenibilidad empresarial.

La distribución justa de las responsabilidades objetivas en la producción colectiva constituye una importante materia de estudio a nivel ético, sociológico y político, cuyos resultados pretenden diseñar sistemas que favorezcan tanto la productividad, como la comercialización y el consenso de todos los partícipes de las estructuras productivas respecto a la repercusión de los beneficios generados. Cuanto mayor es una entidad mercantil, aparentemente más se diluyen las responsabilidades objetivas, pero no debe olvidarse que para que estas puedan ser positivas en su conjunto lo deben ser en los sucesivos eslabones de la producción, dependiendo así del compromiso de responsabilidad de cada inversor, director o productor priorizar el bien común sobre el beneficio particular.

La responsabilidad objetiva sobre la parte en que interviene cada trabajador guarda mucha relación con su cualificación profesional, independientemente de otras capacidades que pueda apuntar su personalidad, pues cada empleo exige unas aptitudes y actitudes que favorecen la eficacia concreta en aquella posición. Se puede ser muy creativo y poco comunicativo; muy inteligente, pero poco práctico; muy instruido y parco en sintonía social; por lo que la eficacia productiva no depende sólo de la disposición personal, sino también de la efectiva aportación de valor, la que cada productor sólo conoce tras el análisis del rendimiento colectivo de la sección, departamento o área en que se emplea, e incluso del rendimiento global de la compañía; no obstante, como el dominio de esos datos es relativo, siempre se puede recurrir para considerar la responsabilidad objetiva del rendimiento personal a valorar la calidad y la cantidad del trabajo de cada productor respecto a la de los demás compañeros.
 

9. Responsabilidades nacionales.

Responsabilidades nacionales son las que refieren a la vida social y política de la comunidad a la que se pertenece. Prácticamente se las puede clasificar como responsabilidades colectivas que atañen a la comunidad superior a la familia. El término nación puede comprender tanto el territorio en que un Estado se encuentra identificado como tal en el ámbito internacional, como el segmento de sociedad con el que un ciudadano se identifica especialmente por razones de historia, cultura, lengua y relación, pues la nacionalidad se justifica más por un sentimiento que impone comportamientos de proximidad que con el rigor con que las circunstancias han parcelado la superficie del mundo habitado. Las diferencias entre la identificación de la nación como sentimiento y como espacio legal realmente sólo atañen a las responsabilidad subjetiva, en el modo en que en conciencia reconozca un comportamiento efectivo respecto a las relaciones que configuran la determinación de un pueblo, pues como espacio legal las responsabilidades objetivas que inciden sobre el individuo provienen de su reconocimiento como sujeto agente y paciente en un sistema que impone derechos y deberes para lograr una convivencia en paz y progreso.

Por la naturaleza intrínseca de grupo que conlleva toda comunidad, las responsabilidades nacionales se contemplan fundamentalmente como responsabilidades colectivas en las que cada ciudadano participa en la exigua parte alícuota de la unidad respecto a la totalidad de la población, lo que ha generado que esa participación en muchos aspectos se haya encauzado a través de la convergencia de voluntades para intervenir de modo más eficiente en la definición del espacio social. Se han constituido partidos políticos, sindicatos, asociaciones vecinales, movimientos religiosos, patronales, fundaciones, ONG, grupos paramilitares, etc. Juntarse para unificar criterios con los que influir en la configuración política y legal de modo solidario representa la plasmación de las distintas ideologías con las que se interpretan los valores rectores de la convivencia y el bien común.

Agruparse para actuar en la vida política del país no disminuye la responsabilidad social que corresponde a cada individuo respecto a la repercusión de los efectos que se deducen de la acción de gobierno u oposición cuando esas jerarquías de poder lo poseen de modo delegado, si bien es cierto que la responsabilidad individual ciudadana no puede afectar sino al programa fijado por cada partido político para conseguir la confianza de los votantes. En el sistema democrático la escala de responsabilidad nacional crece según la jerarquía de poder que se ocupa, pues es evidente que los idearios con los que se logra la cesión de la representación no abarcan sino a los rasgos más significativos del doctrinario político, no a la gestión real que mediante las leyes y decretos controla el orden social. La democracia se fundamenta en la cesión de la representación en la estructura de decisión política; pero cuanto más alto en la estructura de poder está un cargo elegido es más probable que merme la conexión en sus decisiones respecto a la voluntad de sus electores, por lo que se hace imprescindible la secuencia temporal de elecciones que refrenden o corrijan la confianza ciudadana depositada en los dirigentes de los partidos políticos y en las demás instituciones a servicio del pueblo.

La responsabilidad nacional por los efectos generados como causa de la acción de gobierno es mucho mayor en quienes ejercen directamente el poder en los gobiernos, parlamentos y ayuntamientos, así como quienes por un cargo en la administración pública influyen con sus decisiones sobre la justicia y el bienestar de los ciudadanos; considérese la responsabilidad ciudadana de jueces, militares, notarios, médicos y en general de todos los funcionarios públicos que se deben por igual a todos los ciudadanos con independencia de que coincidan o no en sus criterios ideológicos, quienes unen a su responsabilidad profesional la responsabilidad nacional en función de la trascendencia que su cargo refleja sobre la eficiencia de la acción estatal.

Cuando sobre una comunidad política se extiende un déficit de libertad debido a un poder autoritario, la responsabilidad ciudadana adquiere matices peculiares respecto a la considerada para las naciones democráticas, pues la merma de libertad repercute siempre negativamente sobre la responsabilidad, ya que la conciencia de la generalidad de los individuos deja de ser causa de los efectos que se deducen de la voluntad exclusiva del estrato dictatorial. En muchos casos el sistema autoritario proviene de generaciones pasadas, fundamentado en criterios de primigenia consolidados por una aristocracia civil o militar, o por el efectivo poder tomado por una facción revolucionaria incapaz de reconocer la pluralidad de los sentimientos populares. Las responsabilidades generacionales varían mucho en función de la cultura, la educación y las disposiciones de la comunidad para ejercer el poder, pues no es lo mismo que una generación de ciudadanos no haya conocido otra forma de poder que la autoritaria, que cuando la incumbe definirse entre un sistema político de universal participación o bajo una tutela dictatorial. No obstante conviene recordar, respecto a la responsabilidad con el orden social, la vigencia de la doctrina ética medieval, como la recoge Tomás de Aquino, que limita el recurso al tiranicidio a tener asegurado que del mismo se sigue mayor bien para los ciudadanos, pues quienes lo promueven y practican son causa, si se dan, de los efectos nocivos de la anarquía consiguiente si no se tiene por segura la restauración de una autoridad justa.

Un gran contingente de ciudadanos considera que su responsabilidad subjetiva en conciencia es la única que le concierne respecto a su participación política, pues los efectos de la acción política los contemplan tan lejanos como para no sentirse responsablemente involucrados como causa del acontecer; ello se da incluso entre gente intelectualmente comprometida con la democracia, pero que adoptan una posición tan crítica con el poder que sólo lo contemplan en lo que cada decisión política difiere de su criterio e interés, sin considerar que, como también el resto de los ciudadanos opinan, lo lógico es que sólo se refleje en la acción de gobierno parte de su sensibilidad social, en la que posiblemente no se encuentre suficiente satisfacción, aunque realmente sean más los beneficios que percibe que los detraídos, de lo cual es objetivamente responsable de forma alícuota, aunque sea difícil de percibir. Ya el hecho de sostener un orden democrático en la nación supone un acierto de responsabilidad comparable con la función que cada gota de agua ejerce llenando un océano.
 

10. Responsabilidades mercantiles.

El trabajo en el sector mercantil puede ser considerado desde la perspectiva de la producción y desde la perspectiva del comercio o intercambio de bienes dentro de la sociedad. En la perspectiva de la producción las responsabilidades son las comunes a las profesionales tratadas anteriormente, pero merece la pena profundizar en las responsabilidades que pueden afectar a los comerciantes desde la justicia con se se practica la labor de mercado.

Como cualquier actividad laboral, el fin del comercio es proveer los bienes necesarios que satisfagan las necesidades de la humanidad. El mercado es consecuencia directa de la distribución del trabajo, fomentando como medio no sólo la producción sino también la distribución que permita que las mercancías sean accesibles al consumidor. El hecho del necesario intercambio de los bienes producidos entre unas y otras colectividades, y dentro de cada colectividad entre los individuos que la integran, hace necesaria la formulación de regularizaciones para que las relaciones de permuta de bienes se realicen con justicia, sin dejar de proteger la legítima remuneración a la inventiva que promueve el desarrollo permanente de la sociedad.

Las reglas de distribución de la riqueza generada por el conjunto de productores no colma la responsabilidad colectiva de una empresa, sin que esta se extiende a que esos productos sean comercializados de forma que alcancen satisfacer intereses del bien común, como lo entiende la sociedad que posibilita la misma existencia del mercado. Para ello, pueden distinguirse en la actividad mercantil tres procesos distintos: la producción, la logística o distribución y el despacho minorista; dependiendo de la mercancía producida, puede ser más o menos apropiado el que estos tres procesos, desde la factoría de producción al consumidor, sea realizado por una sola entidad mercantil o por varias sucesivas, las que se acostumbra a reconocer como intermediarios; de modo que las responsabilidades que pueden ser contempladas en todo el proceso varían, distinguiéndose principalmente cuando incluyen producción industrial de bienes, cuando como intermediarios realizan como logística servicios de distribución y venta, como los grandes almacenes, o servicios exclusivos de compra-venta, como el pequeño comercio del mercado de proximidad.

Una de las responsabilidades empresariales de la producción es la relativa a la especificación de la calidad del objeto producido, la que se constata mediante la información veraz del lugar de fabricación, identificación de la mercantil, componentes del producto, medios de elaboración, energía consumida, certificación de controles de calidad, manual de utilización, normas de reciclado y cuanta más los reguladores del mercado consideren de utilidad para el consumidor. Para garantizar esta información se recurre al empaquetado y etiquetado pertinente, de modo que el perceptor sepa qué compra y a quién se lo compra. Otra parte muy importante de esa responsabilidad del productor radica en que la veracidad de los datos de producción se transparenten en la publicidad que realiza para la promoción del producto, pues la incitación a su consumo ya forma parte de las relaciones de intercambio de bienes, que deben regirse por la justicia y no por el dominio. La implicación del productor respecto al servicio ciudadano está ligada a la utilidad de aquello que le ofrece, pues en cuánta más necesidad soluciona a precio y condiciones sostenibles podrá reconocer haber logrado el fin esencial de la actividad mercantil.

La responsabilidad de las empresas de logística de distribución radica en ofrecer la agilidad que preserve las condiciones de calidad de los productos que transportan, muy especialmente de los perecederos, así como el abastecimiento debido a cada comunidad. Dotarse de los medios necesarios para tal fin determina en gran parte la eficacia social de su razón de ser, pues se constituye como enlace entre los fabricantes y el comercio de proximidad o la venta directa al consumidor.

El comercio de proximidad facilita que la distribución de los bienes de consumo lleguen hasta los puntos más recónditos de cada comunidad. Una de sus más significativas responsabilidades está en que el margen comercial que satisface el beneficio legítimo no sea abusivo por haber alcanzado una posición de exclusividad en la venta de determinados productos, especialmente allá donde no haya competencia o porque, mediante acuerdo, los vendedores hayan creado una posición de dominio en perjuicio de los consumidores.

Es tanta la transcendencia de las responsabilidades mercantiles para la economía y el desarrollo de los pueblos, que han generado criterios para que la autoridad pueda intervenir en su regulación: preservando la libre creatividad, incentivando la productividad y protegiendo la competencia leal. La competencia es una misión difícil de gestionar, ya que proteger contra el acaparamiento del comercio puede suscitar efectos contrarios, como la imitación desleal o la incompetencia. Imitar productos de calidad de una marca copiando solamente la apariencia exterior, la que queda a la vista de la percepción del comprador, supone no sólo un probable engaño al consumidor, sino también el germen de una corrupción mercantil sobrevenida al fomentar la incompetencia de quien no invierte en creatividad y calidad frente a quien lo hace conllevándole unos gastos de producción que el otro obvia. Proteger la competencia en los mercados supone la responsabilidad para el regulador de denunciar la incompetencia generada por quienes medran trampeando las reglas deontológicas de la industria y el comercio, que también las hay.

Una de las funciones del regulador respecto a la dinámica de la actividad mercantil es la de custodiar que las responsabilidades de una deficiente gestión por parte de los inversores o directores de una sociedad no afecte negativamente al resto de trabajadores de la misma. Una empresa se fundamenta en la corresponsabilidad, pero según la estructura de la misma unos integrantes pueden intervenir más decisivamente que otros sobre el devenir de la misma; por eso es conveniente que las autoridades nacionales vigilen que la negligencia de parte no se haga radical para los intereses de la mayoría. Como los causantes de determinados efectos con frecuencia no pueden ser achacados a personas concretas, más aún si se tiene en consideración la fluctuación de los mercados, conviene que las sociedades mercantiles guarden de los periodos de neto beneficio parte del capital para las circunstancias adversas que puedan llegar. No es nuevo el que muchas compañías resulten insolventes tras años de muchos beneficios porque sus inversores se hayan repartido todas las ganancias sin considerar la justa protección social que deben a quienes trabajando en la sociedad mercantil durante aquel periodo la han posibilitado; que haya capital para indemnizar los despidos en la dificultad es responsabilidad colectiva de directivos e inversores, la que debe ser debidamente prevista en la legislación mercantil. De modo parecido los activistas sindicales pueden ser declarados responsables, por huelga en la producción, de los daños que puedan generar sobre todos los estamentos de la empresa, salvo que ese absentismo laboral se legitime como medio de reivindicación ante el incumplimiento por parte de los directivos de la legislación vigente en cuanto a la retribución laboral o protección de la seguridad y salud de los trabajadores.
 

11. Responsabilidad moral.

La confrontación entre la responsabilidad subjetiva que atañe al obrar según el dictado de la propia conciencia y la responsabilidad objetiva por el efecto sobre otros de esa forma de obrar es causa del ordenamiento social, cuyo fin es educar a la conciencia ciudadana en la necesidad del respeto mutuo y la consecución del bien común. En la utopía social del logrado orden universal, todas las conciencias coincidirían en la perfecta identificación de bien común, de modo que cada ciudadano moralmente rechazaría relacionarse con los demás desde cualquier posición de dominio; hasta que fructifique una revolución universal del orden que progresivamente  aproxime la realización de la justicia al ideal de esa utopía, se hace necesaria la armonización de las conciencias ciudadanas mediante normas dictadas por la autoridad legítima que, desde la verificación de las responsabilidades objetivas como efectos del comportamiento, eduque y fuerce a las conciencias a obrar el pertinente bien general, aunque ello permanentemente emerja el conflicto entre la libertad y la solidaridad.

La coacción a la libertad que establece la ley no tiene, en teoría, un fin distinto que el propio ejercicio de la libertad ante la posible restricción que sobre esos actos pueda ejercer un dominio ajeno. La ley supone el consenso de la sociedad sobre la protección de los derechos ciudadanos lícitos ante la posible perturbación ajena, de modo que no supone una represión sino el orden capaz de crear el ámbito de unas relaciones humanas justas que posibiliten el bien común. Esa colisión entre la propia conciencia y la norma legal suele provenir por dos vías: la primera, a causa de la diferencia de criterio entre lo ordenado y el personal capricho, deseo o ambición; la segunda, porque implique la remoción de criterios de vida, costumbres o tradiciones.

Dada la gran diversidad de caracteres y maneras de ser de los individuos, la norma legal mejor se admite si se ciñe a los criterios heredados de la sociedad, lo cual ha constituido a la tradición una fuente de derecho, en especial en lo que concierne a la población ciudadana que comparten una idiosincracia determinada, pero precisamente en la medida que las comunidades crecen, exportando e importando modos de vida distintos, las tradiciones se ven invadidas de innovaciones que, lejos de denigrar, favorecen el progreso intelectual y moral de la sociedad. Ejemplo de esos cambios puede observarse en cómo de las centenarias monarquías e imperios, en un par de siglos, se ha pasado a la generalización de la república como forma de Estado, ascendiendo el pueblo de la condición de súbdito a la de soberano. En estas transformaciones tienen mucho que ver la evolución generacional, por la que los hijos aspiran a mejorar la sociedad que reciben de sus padres; cuanto más rápidamente se desarrollan los pueblos, mayores son sus efectos sobre el cambio generacional, apreciándose que el pasado se desdeña, pero lo cierto es que de él queda un inmenso poso en los criterios morales justificados por la lógica y la ética que constituyen la columna vertebral del pensamiento de cada cultura y civilización; por ello de las revoluciones se siguen las contrarrevoluciones, de modo que no es extraño que el ordenamiento legal dé dos pasos hacia adelante y uno para atrás.

Especial carga de responsabilidad moral supone la justa participación en el sostenimiento de las infraestructuras del Estado y de todas aquellas sociedades y asociaciones a las que cada ciudadano se adscribe. Más allá de las responsabilidades familiares, cada ciudadano se beneficia de la dinámica social y económica de una comunidad cuyo presupuesto corresponde sufragar a todos en cuánto cada uno saca provecho de la misma; para ello la autoridad competente legisla sobre los impuestos y tasas con los que los ciudadanos deben sostener el sistema político y la financiación de las infraestructuras de progreso, cuyos beneficios a veces se reciben directamente y otras de modo colateral e incluso en la descendencia. Moralmente los impuestos se legitiman no sólo porque hayan sido aprobados por la autoridad competente, sino también porque sean ajustados a las necesidades sociales y que no sean discriminatorios sino en lo que compete a la proporcionalidad entre los bienes que se perciben y la cuantía que se tributa. Todas las conciencias tienden subjetivamente a valorar que tributan más de lo que les correspondería, constituyendo esa mentalidad mercantilista de las que más influyen para la estratificación de una sociedad, sobre todo cuando margina o ignora el principio de la estructura profunda de la moral que dicta: Haz a los demás lo que quisieras que te hagan a ti.

Como la ley normalmente se establece a demanda de la necesidad de regular un conflicto social, es común que vaya por detrás del imperativo moral de proteger derechos, lo que no impide que los ciudadanos, siguiendo a su razón, se responsabilicen desde que lo conocen con establecer hábitos para proteger el bien común. Uno de los ámbitos que más difícil se hace legislar contra las causas que generan efectos perniciosos, por el consenso universal que demanda, es el relativo a la protección de la naturaleza como hábitat de la humanidad, pues como los efectos no se aprecian de inmediato, sobre todo para el saber vulgar, la ciudadanía en general no se exige moderar costumbres perniciosas para el futuro, lo que no la exime de la responsabilidad moral de motivarse ante los indicios científicos que alertan de las consecuencias desbastadoras de las rutinas nocivas. Cuanto mayor es la incertidumbre que crean en la sociedad quienes se oponen a la cooperación global por la defensa de una ecología sostenible, mayor es la responsabilidad moral que contraen por los efectos perniciosos que a más largo plazo puedan sobrevenir sobre las siguientes generaciones, pues unen a su pasividad personal el influjo negativo ejercido sobre las instituciones públicas para lograr el consenso requerido en la protección de la naturaleza.

Otro de los ámbitos en que la responsabilidad moral es transcendente es el de la paz. Teóricamente nadie quiere la guerra por sus consecuencias desmoralizantes para la comunidad, pero la carrera armamentística indica cuánto apoyo recaban en el mundo las políticas de agresividad bélica, las más de ellas justificadas en la protección que el poderío militar presta para imponer relaciones internacionales de dominio que fructifiquen intereses estratégicos o económicos en favor de un Estado o una fracción de poder del mismo. La permisividad social con la violencia como medio de dominio no es ajena a la responsabilidad moral de cada ciudadano, por más que con frecuencia ganen su adhesión los belicistas, pues del efecto victimario de las guerras son causa, aunque en la proporción debida, no sólo quienes las promueven, sino también quienes no las evitan.

La filosofía, los moralistas y el influjo de la religión durante siglos han dado, en general, un cariz negativo a la responsabilidad moral, como si constituyera la conciencia de culpa por los errores del ejercicio de vivir. A esa visión ha influido sin duda que la ley se ha dictado más para la represión de las actividades delictivas que para encauzar la actividad de auxilio mutuo ante las calamidades e infortunios que acechan a humanidad, posiblemente porque la ley ha sido dictaba por el reducido poder de unos pocos más fiados en reprimir y castigar la insurrección que en mejorar las condiciones de vida de los súbditos, lo que se dejaba al buen sentido del pueblo. La responsabilidad moral positiva actúa en las personas del efecto a la causa, o sea, de la contemplación de las necesidades ajenas a motivarse a intervenir como parte de la causa capaz de revertir en lo posible los padecimientos de otros. La intervención particular directa en aliviar penalidades vecinas, la injerencia positiva en la política de protección social o la cooperación al desarrollo de los estratos sociales más precarios constituyen una implicación con la causa de la justicia que evidencian cómo la responsabilidad moral prospectiva, consecuencia del análisis de las causas, es tanto o más efectiva para alcanzar el bien común que la sola aplicación represiva de la ley sobre el delito.
 

12. Responsabilidad judicial.

Responsabilidad judicial es la que dictan los tribunales de justicia sobre la demanda de restablecer un derecho conculcado. Mediante un veredicto la autoridad judicial determina quien es el perjudicado o víctima y quien el culpable en un proceso doloso de naturaleza penal o civil, que conlleva la valoración del resarcimiento que debe realizar el culpable a la víctima y una pena ejemplarizante, si procede, al delincuente.

Contra lo tenido como objeto esencial de la justicia por la percepción vulgar, el fin principal de la acción de la justicia es restaurar el derecho conculcado a un ciudadano, sólo secundariamente, y mayormente con efecto preventivo de la reincidencia delictiva, se aplican las penas de reducción de libertad o control de la misma.

La responsabilidad penal es mayormente objetiva e individual: objetiva, porque se fundamenta en hechos probados y valoraciones pertinentes; individual, porque aunque un delito se pueda haber cometido en grupo la responsabilidad se adjudica a cada actor como sujeto del perjuicio causado. Excepcionalmente puede reconocerse responsabilidad colectiva cuando el sujeto delictivo se extienda a una completa organización o cuando se dicta responsabilidad solidaria para que entre varios delincuentes satisfagan con el conjunto de sus bienes el resarcimiento a la víctima.

La responsabilidad subjetiva que afecta a la conciencia de cada individuo declarado culpable responde a la mayor credibilidad que sobre sus actos posee frente a la que le pueda haber adjudicado un juez o un jurado, pues como sujeto de la causa del efecto conoce la realidad ideada y acontecida mejor que la puedan intuir los juzgadores por los hechos probados, que siempre quedan al arbitrio del entendimientos sobre la realidad del acto consumado y la valoración subjetiva de las pruebas y testimonios presentados. En cambio, la responsabilidad objetiva por los efectos causados quien mejor la conoce es la víctima, que puede estar en más o menos de acuerdo con la sentencia dictada, pues la subjetividad posible de los jueces y el jurado está fundamentada en parte por el testimonio falaz del culpable y en las posibles declaraciones en falso de testigos y peritos, con frecuencia urdido todo como estrategia de defensa por los letrados.

La especial atribución de funciones a la justicia en la resolución de los conflictos humanos, absolviendo y condenando en lo referente a la libertad personal, a la disposición de los bienes y a la fama social, hace que los servidores de la justicia adquieran responsabilidades muy superiores a las que ejercen los sujetos de otras profesiones, afectando a jueces, jurados, fiscales y letrados un modo peculiar de responsabilidad subjetiva y una responsabilidad objetiva derivada de la adecuación a la verdad de la sentencia dictada. La responsabilidad subjetiva evalúa la intensidad intelectual prestada en cada intervención judicial; la responsabilidad objetiva mide la repercusión de las emociones personales vertidas en la efectiva resolución judicial. Los actores de la acción judicial están expuestos, como cualquier persona, a reflejar en sus actos la propia ideología, porque quien obra subjetivamente considera sus criterios de verdad como rectores de su acción personal, lo que es válido para la repercusión del propio juicio sobre el modo personal de ser, pero que no debe condicionar la necesaria imparcialidad respecto al juicio sobre quienes se someten al rigor de un tribunal de justicia. De hecho la representación icónica de la justicia se ha figurado desde siglos como una mujer con los ojos vendados, a modo de reflejar que la justicia debe ser ciega, evitando cualquier percepción emotiva que pueda perturbar a favor o en contra la legitimidad del veredicto, el que siempre tiene efectos legales aunque pueda no ser justo.

Una de las fuentes de contaminación de la justicia radica en la falta de independencia respecto al poder político, económico y religioso. Si el poder de los Estado está influenciado por los poderes fácticos que controlan los límites admitidos de evolución del pensamiento social, la libertad e independencia de la justicia, y por tanto la responsabilidad de sus actores, se verá afectada en la medida que la designación de los jueces y jurados, así como su respectiva función, se gobierne desde el poder ejecutivo y legislativo, pues si de estos poderes, directa o indirectamente, dependen para acceder al cargo, esa misma dependencia mediatiza su independencia, en especial cuando se ha de juzgar los intereses y entornos de corrupción de la acción de gobierno. Como también es lógico que la justicia no sea una burbuja aislada dentro del sistema democrático, la distribución de responsabilidades puede equilibrarse si los legisladores definen las leyes que regulan las estructuras de funcionamiento del poder judicial y las capacidades necesarias para ocupar con garantía los cargos en la justicia; la provisión de esos cargos corresponde, sin embargo, controlarlos a los órganos de justicia siguiendo criterios de igualdad de oportunidades, entre los cuales el más garantista es recurrir al sorteo entre los funcionarios que han acreditado objetivamente su idoneidad; de modo que sea el azar, liberando a los administradores de la justicia de la presión de intereses espurios, garantía de la plena responsabilidad que les atañe. ¿Acaso no rechina la conciencia de tantos ciudadanos demócratas cuando presencian como los partidos políticos eligen y nombran a las altas magistraturas del Estado que han de juzgar sus desmanes?
 


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