Sin enseñas, sin fronteras

JORGE BOTELLA


Introducción.

Tras la apreciación de las consecuencias catastróficas para la humanidad por el ejercicio de la violencia en la historia, muy especialmente en el periodo próximo de la primera mitad del siglo XX, los políticos de postguerra tomaron conciencia de que, siendo la injusticia en las relaciones sociales la causa profunda de toda violencia, era necesario que todos los Estados asumieran la responsabilidad de proteger al unísono los iguales derechos fundamentales de todas las personas en todos los pueblos del mundo, para que, superada toda forma de marginación, dominio y esclavitud, la fraternidad humana favoreciera una paz duradera en cada una y entre todas la naciones del orbe.

La cristalización más patente de esas loables intenciones se encuentra en la convergencia política a través de la Organización de las Naciones Unidas, en cuyo seno se produjo la Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuyos considerandos del preámbulo se reconoce:

El hecho de que este preámbulo fuera un marco de objetivos centrados en la dignidad de la persona, como sujeto y objeto de la sociedad, y no en la controversia entre los sistemas políticos, favoreció en su día el compromiso de todos los Estados firmantes con los treinta artículos que contiene la proclama del ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Próximo ya, en 2023, el 75 aniversario de esa voluntariosa declaración por parte de la Asamblea General de la ONU, vale la pena considerar su repercusión sobre la vida social y política de los pueblos cuyas autoridades la subscribieron. Es evidente que muchas naciones han reflejado en su ideología parte importante de esos contenidos, muy especialmente la significación democrática que supone el reconocimiento del pueblo como soberano, y no como súbdito, porque esa soberanía comprende implícitamente el reconocimiento de la libertad, la igualdad y la solidaridad de sus ciudadanos. No obstante los progresos en libertades reconocidos a lo largo y ancho del mundo, también es cierta la decepción extendida entre la humanidad cuando contempla cómo siguen vigentes, en casi todos los continentes, ingentes cantidades de seres humanos afectados por la marginación, el hambre, la violencia, la inseguridad jurídica, el autoritarismo, las guerras, la xenofobia, etc., lacras no debidas a calamidades de la naturaleza, sino a la voluntad perversa de otros tantos seres humanos que anteponen el interés personal sobre el bien común, el dominio sobre la justicia, la violencia sobre la paz.

Un examen práctico de esas contradicciones sociales entre lo pactado y su aplicación a la realidad se puede realizar desenmascarando los escollos ideológicos a los que se sigue enfrentando el conservadurismo heredado de siglos, para lograr las medidas progresivas de carácter nacional e internacional que preconiza la Declaración. Esclarecer esos escollos y la forma en que pueden ser superados puede servir para reanimar a la sociedad en la legítima ambición por hacer realidad los propósitos que a mediados del siglo pasado indujeron a los políticos a humanizar la vida social.
 

Al artículo 1:

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Si con esa contundencia se proclama la igualdad y fraternidad de todos los seres humanos, ¿cómo puede concebirse restricciones sociales que marginen a personas humanas?

Este escollo tiene su origen en la confusión de los ámbitos de la ley positiva y la ley natural. El reconocimiento de que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos es un atributo de especie debido a que están dotados de razón y conciencia, algo que se posee por naturaleza, pues en el orden del ser la persona es anterior a la sociedad, por eso la DUDH (Declaración Universal de los Derechos Humanos) no se presenta como la creación de un precepto legislativo, sino como el reconocimiento de una determinación universal primigenia a cualquier otro derecho atribuible por la ley positiva. El hecho de que para su efectividad muchos Estados hayan transpuesto a su legislación estos derechos supone un reconocimiento de su entidad, pero al tiempo crea  confusión ya que se recogen como normas de protección para sus ciudadanos, y pocas veces como deberes a cumplir por esos ciudadanos en el reconocimiento del respeto debido a los demás, en especial a quienes por ser extranjeros no quedan amparados por la misma ley. Sólo la consideración de derechos de ley natural pueden ofrecer protección universal a cada persona, sea quien sea y esté donde esté.

Para superar este escollo es imprescindible que todos los países se esfuercen en instruir a sus ciudadanos, desde la enseñanza primaria, en el respeto a todos los seres humanos como cada uno de ellos reclama para sí el respeto de esa condición.

Al artículo 2:

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

¿Acaso no contiene este artículo una enmienda a la realidad histórica del enfrentamiento entre las personas por toda aversión al diverso a sí?

El límite a lo diverso supone de hecho un escollo fuertemente arraigado en la personalidad. Cada individuo por sentimiento tiende a interpretar la realidad respecto a sí, estableciendo marcas de distancia por lo que de cualquier otra persona le pueda acontecer de negativo; ello es origen de innumerables conflictos sociales, semejante a como se da en otras muchas especies animales, pero que los humanos deben racionalizar desde el concepto de que su progreso en la sabiduría como especie se debe fundamentalmente a haber compartido y acumulado, a través de la historia, el conocimiento de distintos individuos y pueblos.

El hecho de que cada persona no elija el entorno de su nacimiento, le exime de gran parte de la responsabilidad sobre la distinción creada sobre su forma de ser, por lo que la tolerancia social debe manifestarse en aceptar al distinto tanto como este debe esforzarse en asimilarse a la cultura de la sociedad en la que, por cualquier circunstancia, se haya de integrar. Aborrecer a alguien por cualquier condición previa a su manera de actuar es una prevención xenófoba opuesta radicalmente al espíritu de la DUDH.

Transferir a cada legislación nacional, sin paliativos, la gravedad de la xenofobia, por lo que se opone al humanismo, ayudará a consolidar en la estructura profunda de la razón que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.
 

Al artículo 3:

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

El derecho a la vida, no obstante que con tanta facilidad en la historia antigua y reciente ha sido conculcado mediante la lucha armada, la violencia, el ajusticiamiento, el crimen y la denegación de auxilio, ha sido uno de los derechos más reconocidos desde la antigüedad en los códigos legales, por lo que esa contradicción real presupone un quebradero moral de primera magnitud. Siempre se ha admitido limitar el respeto a la vida ajena a que ella no atente sobre la propia, e incluso algunas cultura establecieron la necesidad ejemplarizante de castigar con la muerte el crimen. El escollo al limite de este derecho está pues en la consideración de hasta cuanto es lícita la legítima defensa. En el caso de la agresión directa entra individuos parece evidente que la violencia utilizada para la defensa de la propia vida debe ser equilibrada al respeto de la vida ajena. Mucho más compleja se presenta la justificación del recurso a la lucha armada, pues las causas directas de casi todas las guerras no es la preservación de la vida de los ciudadanos, sino intereses de dominio de unos pueblos sobre otros, casi siempre inducidos por la determinante ambición de una facción de poder. Declarada la guerra o iniciada sin previo aviso, de la que son responsables quienes la emprenden, el respeto al derecho a la vida parece difuminarse bajo la pátina del enardecimiento del odio, lo que no exime a cada partícipe de la responsabilidad de sus actos respecto a los límites estrictos de la legítima defensa.

La pena de muerte es otro de los grandes escollos respecto al derecho a la vida, pues la alegación de que con ella se evita el efecto de posibles nuevos crímenes choca con el criterio de que cuanto más desarrollada es una sociedad más recursos posee para dominar incluso la más atrevida violencia sin eliminar la vida de nadie. Se une a este escollo la consideración siempre subjetiva de cualquier sentencia condenatoria a pena de muerte, por su carácter definitorio que impide resarcir la vida cuando pudieran surgir pruebas posteriores de la inocencia del ajusticiado.

Otro escollo respecto a la gestión de la vida surge en la valoración del derecho a la libertad de poner fin a la propia vida. El suicidio y la muerte asistida, como forma de eutanasia voluntariamente querida y demandada por el propio sujeto, han sido condenados en muchas partes del mundo como delitos sobre la vida, desde el fundamento de que no siendo cada individuo artífice de su propia existencia no le asiste derecho a poner fin a la misma según su voluntad. Es evidente que ello puede concernir a criterios morales, que correspondería juzgar a quien pudiera atribuirse la autoría de la existencia humana, como lo instan muchas religiones; contemplado estrictamente en el marco de las leyes sociales, ni en el suicidio ni en la asistencia a la muerte asistida cabe argumentar transgresión sobre un derecho ajeno, ya que no existe víctima distinta del sujeto causa del efecto, sino todo lo contrario, debe reconocerse como un derecho de libertad disponer respecto al fin de su propia existencia. Evidente queda que, en la salvaguarda del derecho a la vida, cabe la condena del que pudiera inducir a cualquier forma de suicidio o eutanasia tergiversando la voluntad ajena.
 

Al artículo 4:

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

El escollo principal a este artículo se encuentra en la concepción de esclavitud que han tenido y mantienen las distintas civilizaciones y culturas. La Filosofía Social ha puesto de manifiesto que la perfección en las relaciones sociales se encuentra en que las mismas se constituyan en ausencia de dominio de unas personas sobre otras. Todo dominio supone cierto grado de esclavitud en lo que contiene de sumisión del débil al fuerte, pero la tolerancia social con la dificultosa erradicación de cualquier forma de dominio ha reducido el concepto de esclavitud a las formas más radicales de dominación: aquellas que mediante la posesión reducen la personalidad ajena a la condición de cosa.

Considerar la esclavitud como una lacra del pasado es ignorar muchas de las formas en que se perpetúa: la trata de personas para el comercio sexual, las condiciones de reducción de presos de guerra, los indignos trabajos forzados, la sumisión sicológica de las sectas, la segregación racial en campos de refugiados, la masificación de las prisiones, la compraventa de órganos, la degradación de vida en condiciones de severa pobreza, etc. Se podría resumir que toda explotación de una persona por otra es esclavitud, siendo la misma tanto más acentuada en cuanto más anule la personalidad. El hecho de que el poder legal vaya muy por detrás en la identificación y condena de tantas formas de esclavitud dificulta el compromiso de los Estados para cumplir el contenido implícito de este artículo de la Declaración.

Al artículo 5:

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El gran escollo para el cumplimiento de esta declaración está en que todos los medios represivos estatales justifican en el fin legítimo de extraer información el recurso a la tortura. El progreso respecto al pasado en el trato de la tortura no se concibe sobre su erradicación, sino simplemente evitar el uso ejemplarizante que de la misma se hacía en la antigüedad; ahora se tortura, pero en anonimato, a escondidas, sin trascender formalmente... en fraude de ley.
 

Al artículo 6:

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

En la medida que los regímenes sociales se democratizan, el reconocimiento explícito del pueblo como soberano hace que todos los nacionales sean considerados de modo semejante como ciudadanos de derecho, incluso determinando en las leyes constituyentes la igualdad de todos en el derecho y en el ejercicio de la personalidad jurídica. No obstante, el reconocimiento para los foráneos de la personalidad jurídica y sus derechos fundamentales se fundamenta en tratados internacionales o bilaterales, que siempre permiten una interpretación subjetiva de los mismos en función del interés que para el Estado representa la llegada de inmigrantes. El mayor escollo para el reconocimiento de la personalidad jurídica inherente a toda persona  humana se manifiesta de modo proporcional a cuanto de xenófoba sea la mentalidad predominante en cada comunidad. El temor a que la llegada de inmigrantes o refugiados pueda alterar el bienestar o la identidad nacional genera una política de rechazo al diferente que mueve a considerar en el otro un peligro, por más que sea una persona honrada e inocente.
 

Al artículo 7:

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

El reconocimiento de esta Declaración sobre los derechos fundamentales de todos los seres humanos en razón de la ley natural se hace patente en la reiteración por condenar cualquier clase de discriminación para el ejercicio de esos derechos. Esa insistencia adquiere especial significado ya que, en el memento político de la Declaración, el mundo se encontraba dividido por la enemistad consecuente entre facciones que habían estado años enfrentadas en el campo de batalla. Esa rivalidad social y política supone una real advertencia del escollo para no ser discriminado ante la ley por pertenecer a un país "enemigo". Esta advertencia afecta principalmente a los gobernantes, de modo muy especial a los jueces y letrados que ejercen el poder judicial, pues todos ellos deben superar el rencor subjetivo que puedan albergar contra determinadas grupos de personas.
 

Al artículo 8:

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Este recurso ante los tribunales nacionales equipara en la defensa de sus derechos a los extranjeros con los ciudadanos del país. El escollo puede surgir de la contradicción entre la ley positiva que rige para la ciudadanía y la ambigüedad con que puedan haber sido interpretados los contenidos de esta Declaración en su transferencia a las leyes y tratados. Un amparo que explicita este artículo es el derecho al recurso ante la justicia de cualquier sanción administrativa que pudiera afectar a derechos fundamentales aquí reconocidos.

Al artículo 9:

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

¿Qué amplitud semántica se puede aplicar al término "arbitrario" en este contexto? A esta cuestión responde la identificación de justicia y humanidad de los regímenes políticos. El autoritarismo tiende a considerar muy amplias las prerrogativas de represión de los ciudadanos, justificadas siempre en el sostenimiento de la ley y el orden, lo que logra mediante el sometimiento de la administración de justicia al poder ejecutivo, al que sostiene las fuerzas armadas. Es precisamente esa concentración de poder en unos pocos lo que genera la arbitrariedad de considerar ley su voluntad y no la del pueblo --al estilo del Antiguo Régimen--, la que rige justificando la detención, al apresamiento y el destierro de quien legítimamente se opone a esa interpretación arbitraria de la libertad. Cuanto más reducido quede al ámbito de la arbitrariedad del poder por la conjunción de la voluntad ciudadana en un régimen democrático de separación de poderes, más posibilidades habrá de preservar el derecho invocado en este artículo y en los siguientes.
 

Al artículo 10:

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

El escollo fundamental sobre el contenido de este artículo se encuentra en hallar un tribunal que sea realmente independiente e imparcial y que considere los derechos y obligaciones reconocidos en esta Declaración como parte imperiosamente constitutiva de la legalidad. Aunque el poder judicial se reconozca asimismo como independiente, solo lo podrá ser si goza del suficiente respeto por parte de los poderes ejecutivo y legislativo para que realmente lo sea; además es imprescindible que la profesionalidad de los juristas sea lo suficientemente lúcida para no dejarse seducir por ideología alguna, pues, aunque como ciudadanos poseen sentimientos e ideas propias, los mismos no pueden trascender en la aplicación de la ley, cuidándose de no leer en los preceptos legales aquello que le gustaría que dijeran, pero que no dicen.

Una de las contradicciones que acecha a los jueces es aplicar sin condiciones de igualdad los derechos y deberes a personas consideradas marginales al interés nacional. Como funcionarios públicos puede prevalecer en ellos un interés corporativo que relativice la justicia a un pretendido bien común excluyente del respeto debido a toda persona en la defensa de sus derechos fundamentales.

No es extraño a la sociedad la utilización de la justicia como arma política para el desprestigio del opositor. Ya en los albores de la democracia contemporánea, el barón de Montesquieu, filósofo y jurista, definió una doctrina considerada como vertebral de la garantía legal; en ella argumenta: No hay libertad si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva; y también: Todo estaría perdido, cuando el mismo hombre, o el mismo cuerpo, ya sea de los nobles o del pueblo, ejerza esos tres poderes: el de hacer leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas, y el de juzgar los crímenes o las diferencias entre particulares (El espíritu de las leyes). La justificación democrática de que corresponde al pueblo elegir a sus jueces genera la equívoca aceptación de que sean los partidos políticos --más agravada en el caso de partido único-- quienes elijan y promuevan a las más altas magistraturas a quienes tienen que juzgar, entre otras muchas cosas, la legitimidad de la acción política que esos mismos partidos promueven. Corresponde al legislativo aprobar las leyes correspondientes al funcionamiento del sistema judicial, pero la designación de los jueces para ocupar los juzgados, las audiencias y los tribunales superiores no puede realizarse sino mediante un sistema aleatorio entre quienes tengan las condiciones requeridas y opten a esas responsabilidades, de modo que se respete la presunción de imparcialidad, según la representación figurativa clásica de una justicia que ejerce con los ojos vendados.

El derecho de la persona a a ser oída públicamente y con justicia no se cumple si se demora en exceso la intervención del tribunal. Una justicia lenta y burocratizada, que dilata meses y años sus cometidos y resoluciones, se convierte en una injusticia para quien exige la determinación de sus derechos.
 

Al artículo 11:

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

El escollo al contenido de este artículo es la utilización fraudulenta del mismo por los letrados en la denuncia del déficit de garantías necesarias, para conseguir de los jueces la absolución de los culpables. El recurso a la alegación de "defectos de forma" es común para sentenciar a conveniencia de quienes detentan el poder que ejercen los grupos de presión sobre la justicia. El defecto de forma puede exigir su subsanación, pero nunca elimina el valor de la prueba que por sí inculpa o exculpa.
 

Al artículo 12:

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Se repite en este artículo el escollo respecto al concepto de arbitrariedad de esas injerencias. La transgresión de este derecho se tolera en todas las naciones bajo circunstancias de flagrante delito que requiera atajar de inmediato el mismo; sin esa coyuntura se debe requerir resolución judicial que justifique la causa necesaria para esa intromisión. Es evidente que si no se pudiera acceder al domicilio privado en caso alguno, muchos delitos no podrían ser investigados, ni condenados sus autores, por lo que la encomienda de este artículo se dirige a que la arbitrariedad sea contenida por la resolución de un juez en función de los indicios aportados por quien lo demande. La urgencia apremiante para realizar una detención preventiva en orden a evitar la destrucción de pruebas puede entrar en contradicción con el tiempo empleado para la requisitoria de la autorización judicial, por lo que es preciso que el canal de comunicación entre las fuerzas del orden y los jueces sea rápida, precisa y transparente, lo que se logra siempre que prospera la confianza entre los poderes judicial y ejecutivo del Estado.
 

Al artículo 13:

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

La contundencia de la Declaración respecto a la libertad de movimiento de las personas humanas dentro y fuera de su país representa uno de los ideales más ambiciosos dentro de la libertades fundamentales. En el Antiguo Régimen las condiciones de movilidad para los súbditos estaban constreñidas a los intereses del poder. Tras las guerras de los dos siglos anteriores, consideró la Asamblea de la ONU que reconocer el derecho de todas las personas a la movilidad facilita la paulatina compresión mutua entre culturas y civilizaciones con fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros (art 1). El apartado primero se refiere a que los Estados no limiten este derecho dentro de su territorio; el segundo entiende del derecho universal a migrar desde un país a otro, y a retornar al propio a libre voluntad. El primero excluye por tanto la deportación y el destierro como política de Estado; el segundo insta a la receptividad en todos los países respecto a los extranjeros que deseen visitarlo.

Los escollos a estos derechos surgen cuando el espíritu nacionalista tiende a hacer de las fronteras barreras para la ciudadanía foránea. Con frecuencia se aduce como causa razonable de esa restricción la seguridad nacional frente al terrorismo o a la importación de la delincuencia; cuando esto es así la limitación del derecho no puede ser genérica, sino fundada en causas objetivas sobre quien realmente configure ese peligro. Otro argumentario ostenta el riesgo de merma de la identidad nacional frente a una masiva afluencia de personal extranjero; en estos casos suele advertirse la restricción a este derecho ajeno violando el contenido del articulo 2 de esta Declaración, el que establece: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, pues es bastante común aceptar la migración de quienes aportan valor objetivo o subjetivo para el país y restringirla para quien no justifica una determinada posición económica o se le excluye por razones xenófobas.
 

Al artículo 14:

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

La requisitoria de este artículo se fundamenta en el precepto humano del deber de socorro. El que es perseguido ha de huir para salvar su vida, a veces también la de su familia, por los medios que pueda a lugar seguro, el que generalmente se encuentra en un país vecino. Así, ante las revoluciones, las guerras, las dictaduras, innumerables personas se expatrian y han de ser acogidas por los países limítrofes y asistidos por el auxilio internacional: son los refugiados.

El escollo en el trato de los refugiados surge en los límites del ejercicio de socorro de acuerdo a las posibilidades de cada nación. La primera acción humanitaria es abrir las fronteras para facilitar el paso de los perseguidos; la segunda, facilitarles medios de subsistencia; la tercera y la más quejumbrosa, la de integrarles en la sociedad mientras perduran las condiciones de inseguridad para sus vidas.

La responsabilidad de asistencia a los refugiados de cualquier parte del mundo recae sobre en conjunto de los Estados que han secundado la presente Declaración --no sólo a las naciones limítrofes--, de forma directa o a través de instituciones internacionales, lo que implica a la ONU a movilizarse y a alentar a sus miembros en asumir sus responsabilidades. El asilo conveniente para el refugiado se enfrenta a la xenofobia existente en todas las culturas, especialmente contra el diverso a las costumbres propias, lo que no disculpa de la necesaria asistencia de la acción de socorro, al menos en lo que incumbe respecto a las medidas que garanticen la supervivencia mientras permanezcan las causas de la persecución.
 

Al artículo 15:

1. Toda persona tienen derecho a una nacionalidad.

2. A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

El concepto de nacionalidad admite una extensión subjetiva y otra objetiva. La primera hace referencia al sentimiento de las personas, pudiéndose definir desde esa consideración como el conjunto de ellas que poseen un concepto uniforme de la forma de relacionarse entre sí. La objetiva se identifica con el Estado, o sea, la estructura política capaz de garantizar la supervivencia, el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos de un territorio. Entre la extensión subjetiva y objetiva cabe más o menos adecuación según las circunstancias históricas que hayan incidido en la configuración de los Estados, pues el Antiguo Régimen ha dejado como herencia que de la ambición de dominio de imperios y monarquías, con la adhesión de territorios a la corona por la violencia de las armas y la fusión de las dinastías, resultara una división de la humanidad en Estados acordada sobre un mapa con tiralíneas, sin respetar la mentalidad sociológica de las comunidades afectadas.

Cuando los ciudadanos como pueblo han tomado conciencia democrática de que son soberanos y no súbditos, es cuando ha aflorado el conflicto existente entre la nación objetiva en la que se nace y la nación subjetiva con la que cada cual se identifica como ámbito próximo de convivencia por la identificación de sus valores sociales. El reconocimiento del ejercicio de la libertad del ser humano no puede dejar de reconocer como un derecho fundamental elegir integrarse en la nacionalidad ideal para desarrollar la propia vida.

El principal escollo contra el ejercicio de este derecho surge del derecho a cambiar de nacionalidad, tanto si es para integrarse en otro Estado distinto al de origen, como si es para reivindicar la autodeterminación de parte de la ciudadanía de un Estado existente a la autonomía o independencia cuando la conciencia nacionalista de la mayoría de ciudadanos de una demarcación así lo demanda.

Respecto al escollo a cambiar de nacionalidad para integrarse en otro país, el asunto ha sido tratado en el anterior artículo 13.

En el derecho de un conjunto de ciudadanos a reivindicar el reconocimiento de la autonomía o independencia debida para una nación no admitida dentro de un Estado, el escollo a salvar es grande, pues un Estado dominante difícilmente renuncia al poder sobre el segmento que reivindica su libertad. Por ello, para garantizar este derecho a la libre y elegida nacionalidad es preciso el concurso internacional de la ONU para verificar que se dan las razones suficientes que justifican la autonomía o la independencia. La principal, pero no la única, razón para aprobar esta demanda es la libre voluntad mayoritaria del pueblo que pretende autodeterminarse, expresada en referéndum por lo que democráticamente se considera la mayoría incontestable, que es la adhesión en votos con una cuantía superior al cincuenta por ciento del censo electoral; la otra razón a considerar es la viabilidad de que la nueva nación tenga capacidad para no ser un Estado fallido, entendiendo como tal el que carece de estructura real para autogobernarse, ofreciendo a sus ciudadanos protección, desarrollo y bienestar. Este contexto es el que debe entenderse para moderar la arbitrariedad de las partes implicadas en superar las contradicciones inherentes a este escollo.
 

Al artículo 16:

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

El fundamental derecho a la protección de la sociedad y del Estado que posee la familia es la garantía legal de que en ella como institución se cumplen para sus miembros los derechos fundamentales que esta Declaración proclama. Los escollos con que puedan enfrentarse los Estados para esa cometido vienen por el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos contenidos en las costumbres sociales inspiradas al margen de la libertad y la igualdad de los seres humanos. La prevalencia de las relaciones de dominio sobre las relaciones de intercambio de mutuo servicio en muchos ámbitos de la sociedad representa una lacra a superar por la cultura contemporánea, guiada por los principios de la filosofía social y por la jurisprudencia sobre el Estado de derecho.

La paradoja de que las principales restricciones a la libertad para las nuevas familias provengan precisamente de los progenitores de los contrayentes es un hecho cultural que tiene su causa en la oposición al progreso social propio de la dinámica generacional. Muchas veces el afán de reflejar en los hijos la propia personalidad se contradice con el anhelo de los mismos a la libertad necesaria para el ejercicio de sus proyectos y emociones; de esta dicotomía surge la oposición respecto al ejercicio del libre y pleno consentimiento de los futuros esposos para  contraer matrimonio, asumiendo la plena responsabilidad de sus actos. Se puede admitir que los padres aconsejen a sus hijos respecto a los condicionantes que puedan favorecer o dificultar el futuro de la estabilidad familiar, pero no la coacción a casarse siguiendo unas reglas tradicionales opuestas a la voluntad individual de cada persona respecto a la elección de pareja y modo de formalizar la unión.

Los iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio es otro aspecto que choca con costumbres que se dan por superadas, pero no lo están, en la sociedad actual. Por ello la protección del Estado debe velar para que sea una realidad la igualdad en los derechos y deberes entre los cónyuges, en especial cuando en la familia surge la falta de concordia debida al debilitamiento del respeto mutuo.

Respecto a los hijos compete a los padres, con la protección de la sociedad y del Estado, el deber de instruirlos en su  independencia y libertad, incluso cuando frente a las ideas de padres y tutores los jóvenes se inclinan por reivindicar su propio espacio intelectual, tanto respecto a su futuro profesional como de libertad de conciencia.
 

Al artículo 17:

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Una vez más surge el escollo de la arbitrariedad con que se puede ejercer el poder para proteger o desproteger un derecho fundamental. Desde la perspectiva del derecho natural toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes legítima obtenidos con su trabajo; no obstante, también es cierto que todas las personas tienen derecho a disponer de los medios materiales con los que asegurar una vida digna, según se recoge en el anterior artículo 3: tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El posible escollo a la contradicción entre el derecho a la propiedad que poseen unos e igual derecho que deberían poseer otros hay que observarlo más en la dinámica diacrónica que en los estados sincrónicos de la sociedad. Considerando la sincronía social en cada generación, las diferencias respecto a las posibilidades de adquirir propiedades entre los individuos se reduce a las condiciones de inteligencia, esfuerzo y dedicación invertidas en el trabajo, lo que crea diferencias entre unos y otros, pero no tan sustanciales como para que cree un abismo de cohesión social. El problema se agudiza cuando se considera la dinámica diacrónica, por la cual en las sucesivas generaciones, partiendo parte de ellas desde una posición desigual, acumulan un enriquecimiento sucesivo de bienes en cada familia que propician un dominio económico del que se siguen injusticias respecto a la adecuación entre el bien particular y el bien común. Es en esas transmisiones de la propiedad de generación en generación donde el Estado, como regulador social, debe actuar a través de tasas e impuestos para favorecer la cohesión entre la ciudadanía en el acceso a la propiedad.

Otra vertiente de la arbitrariedad en la privación de la propiedad proviene del cálculo del justiprecio legítimo a abonar cuando se han de realizar expropiaciones de bienes para fines de beneficio público; un criterio acertado es calcular la cantidad a compensar por la administración pública en función a la renta que proporcionaba el bien a su dueño.

Al artículo 18:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

El escollo en la protección de este derecho surge, sobre todo, cuando el contenido del pensamiento en conciencia entra en contradicción con las costumbres arraigadas en cada comunidad. A nadie se le reprocha el pensar como los demás, sino apartarse del criterio común, sea en política, en religión, en economía o en cualquier otra vertiente del pensamiento social. La libertad de conciencia no es sino el reflejo de la diversidad entre las personas, que resalta tanto más como demanda cuanto una comunidad se rige por la intransigencia del sometimiento a una doctrina o práctica establecida. Cuanta más variedad étnica haya en una sociedad más se evidencia la tolerancia con la diferencia de criterio; en cambio, la idealización de la propia raza tiende a restringir las libertades en todo lo que se aparta de la pureza de la tradición. Manifestarse como diverso a la mayoría es una manifestación legítima que no puede ni debe reprimirse en las leyes, lo que con frecuencia el poder ataca mediante la protección y financiación de lo genuinamente tradicional, muy especialmente en lo relativo a las prácticas y creencias religiosas concebidas como esencia de la nacionalidad, cuya exaltación por el Estado supone de hecho una coacción discriminatoria respecto a las restantes observancias.

La libertad implica responsabilidad en el equilibrio entre la reivindicación de un derecho y el ejercicio del deber que lo hace realidad. De este modo la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia implica la responsabilidad de sufragar entre los fieles de cada credo, y no por el Estado, las inversiones y gastos para su realización.
 

Al artículo 19:

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Este artículo es una extensión del anterior, pues la libertad de pensamiento y de conciencia que el anterior protege implícitamente comprende sin límites cualquier actividad intelectual. No obstante esta redundancia sirve para alertar del escollo surgido en la historia por la monopolización del poder religioso sobre los límites de lo lícito de la forma de pensar y, sobre todo, de difundir esas opiniones en la sociedad.

Corresponde al Estado salvaguardar estas libertades y no censurarlas aunque el poder pueda considerarlas perjudiciales al bien público. Cierto es que muchas de las opiniones vertidas a través de cualquiera de los muchos medios de comunicación existentes en la sociedad pueden entrar en contradicción con los contenidos de esta Declaración, pero ello no obsta para la defensa explícita de esta libertad, pues de idéntico modo con que se puede contradecir sobre estos contenidos se garantiza la libertad para defenderlos.

Un escollo sobre los límites del derecho a la opinión, la expresión y la difusión de cualquier idea radica en la legitimidad que pueda tener difundir lo contrario a la verdad objetiva, sobre todo cuando se hace para, a través del engaño, obtener beneficios particulares opuestos al bien común. La distinción semántica entre noticia y opinión en la expresión podría facilitar el juicio sobre los
límites lícitos en la comunicación pública del propio pensamiento; pues, de lo que se ofrece como noticia, lo falso, salvando el error, supone consciente empeño en tergiversar la verdad, de lo que puede seguirse perjuicios para las personas, de los cuales, como causa, los artífices de la difusión son responsables de los daños derivados; de lo que se difunde como opinión, debe ser tomado como tal, y por ello conceder el receptor la confianza en función de la credibilidad que conceda al emisor.

En este contexto, investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, hace universal el derecho --en muchos casos el deber-- a conocer y difundir la realidad científica, técnica, filosófica, sociológica... y cualquier otro dominio del conocimiento humano, tanto sobre la realidad material del universo y de la naturaleza psíquica del hombre y los animales, como también sobre la información de qué y cómo piensa y siente la colectividad social. Un escollo importante sobre los límites de este conocimiento social, y sobre todo de su difusión, la establecen los poderes de los Estados cuando limitan, en vez de favorecer, el conocimiento que sobre sí misma posee la sociedad. Pocos Estados defienden la legitimidad de la realización de consultas de opinión o referéndum sobre las decisiones políticas, cuando ellas mismas son la esencia de la democracia y del derecho a la opinión, pues, si éste es libre y universal, también ha de ser libre la difusión de sus contenidos. La transparencia, como medio y garantía de una sociedad bien informada, es necesaria para reducir progresivamente las tendencias políticas propias del Antiguo Régimen sobre la potestad de su domino en la comunicación, configurándose la nueva política como un sistema de intercambio de sabiduría, cultura y servicios.
 

Al artículo 20:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

2. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación.

De la lectura de los enunciados de este artículo se podría considerar que ningún escollo podría aparecer sobre su asunción y aplicación, porque la asociación es una tendencia natural del ser humano para lograr aquellas pretensiones que le son dificultosas de alcanzar de manera individual. Siendo este derecho así y llevándose a la práctica de modo pacífico, ¿cómo puede ser que surjan escollos a su permisión? Estas oposición real a la libertad de reunión se sustenta en determinados países en el prejuicio de que cualquier forma de reunión no controlada por el Estado puede enmascarar un riesgo subversivo contra el orden constituido.

Las dictaduras, las repúblicas de partido único y, en general, los regímenes involucionados, con predominio de las relaciones de domino en su sistema social, reconocen en el libre asociacionismo una desviación de la fidelidad al Estado como sustentador de todas las aspiraciones posibles de la ciudadanía. Para esa mentalidad tan opuesta a la esencia de esta Declaración, cualquier grupo social puede ser reconocido como violento en cuanto quepa la sospecha de desarrollar un ideario capaz de generar una posición política o social discordante con el régimen.

Otro escollo disimulado a lo prescrito en el apartado 2 surge en la presión social ejercida por las mafias para sostener su dominio sobre la sociedad. La penalización ciudadana por no adherirse a determinados comportamientos, por quien usa un poder ilegítimo para imponer su voluntad, actúa como un determinante de la libertad de asociación en cuanto que quien no se une a esos determinados criterios impuestos puede padecer una recesión o menoscabo en sus derechos sociales, legales, laborales, culturales, religiosos, etc.
 

Al artículo 21:

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Todo este artículo está orientado hacia la democracia. Si la voluntad del pueblo es la base de la autoridad pública, se hacen necesarios los canales por los que esa voluntad sea manifestada, tanto para la elección de los representantes políticos como para su periódico refrendo o destitución. El escollo que surge es: ¿cómo han de ser esos canales de elección de los representantes para que no se tergiverse la voluntad popular? Muchas son las estructuras y variados los sistemas políticos que se autodenominan democráticos, pero pocos han demostrado ser suficientemente garantista de autenticidad como para ser ejemplos irrefutables de una certera concepción de la democracia; muy posiblemente ello se deba a que el régimen democrático, como se concibe idealmente en la actualidad, exija una educación del pueblo en los fundamentos de la filosofía social y política acordes con la responsabilidad que los ciudadanos asumen cuando se constituyen la base de la autoridad del poder público. La universalidad que representa el concepto de pueblo supone tal conjunto de facciones e intereses contrarios que para concordar las voluntades exige una estructura profunda consolidada respecto a la concepción de la sociedad, en la que aún cabe mucho progreso. Lo que la Declaración deja claro en este artículo es lo que no contribuye a la justicia e igualdad en la sociedad, como es cualquier forma de gobierno o autoridad no emanado de los cauces de representación ciudadana. Esa enmienda a la totalidad del Antiguo Régimen no deja resquicio, ni siquiera testimonial, para cualquier forma de poder político no sujeto a la permanente revisión del pueblo.

Es cierto que el poder público no es el único poder que existe en un nación, pues el derecho de asociación contemplado en el artículo anterior garantiza la concurrencia de grupos organizados dentro de la estructura social de toda comunidad, por lo que es necesario que estas iniciativas privadas asuman su responsabilidad constructiva de modo acorde al ideario democrático.

El acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas no es un tema menor de la política social, sino de vital importancia, porque un funcionariado profesional fruto de la igual oportunidad de acceso a toda la ciudadanía es aval del contrapeso social al autoritarismo político. Que los funcionarios miembros de las fuerzas del orden, del ejército, de la sanidad, de la enseñanza, de la justicia, de los organismos reguladores de la economía, de la asistencia social, etc. sean una auténtica representación de la pluralidad ciudadana ayuda a la estabilidad del sistema frente a las pretensiones de dominio de los partidos políticos. El principal escollo al progreso de la democracia se encuentra en su misma esencia: el engaño y el error derivado de la elección de representantes políticos adictos a la corrupción; por ello es esencial el espíritu crítico e intolerante de los funcionarios que están próximos al ejercicio de la administración contra el mínimo  destello de enriquecimiento o aprovechamiento ilegítimo de la autoridad pública. Además de la valerosa acción de los funcionarios independientes, el sistema político precisa autocontrolarse mediante la celebración de elecciones periódicas que muestren la sintonía de los ciudadanos con la acción de sus representantes.
 

Al artículo 22:

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

El escollo al aseguramiento social capaz de proporcionar una vida digna a todo persona se encuentra en la debilidad de la cohesión económica que marca las grandes diferencias entre estamentos sociales. Es cierto que cuanto más rico es un país más posibilidades posee de proteger a sus ciudadanos ante las dificultades para llevar una vida digna, pero todo Estado puede promover leyes y recursos para, ante la adversidad, proporcionar medios que hagan mínimamente digna la supervivencia mediante el acceso básico a la alimentación, la vivienda, la educación, la sanidad y la cultura.

La cooperación internacional de ayuda humanitaria más eficaz es la inversión no especulativa que reinvierte gran parte de los beneficios sobre la misma población que los facilita con su trabajo. No obstante, ante las catástrofes y calamidades provenientes de la naturaleza, la intervención de los organismos internacionales se hace imprescindible, exigiendo de las autoridades nacionales que la ayuda se reparta a los más directos afectados.
 

Al artículo 23:

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

El contenido de todo este artículo podría resumirse en que todo Estado debe proteger a sus ciudadanos con una política laboral justa.

Uno de los escollos teóricos a la aplicación de estos derechos se encuentra en fiar solamente a la disciplina económica la directriz de la política laboral. La economía en sí, como ciencia, alcanza su fin en la definición de teorías que aseguran la multiplicación de la riqueza, pero no la justa distribución de la misma sobre la sociedad. Es evidente que si no se genera riqueza no hay nada que repartir, ni para los inversores, ni para los trabajadores; pero, si la producción ofrece beneficios, la distribución de los mismos entre todos los estamentos que cooperan a su consecución puede ser muy variada, debiendo la autoridad del Estado actuar como regulador entre patronos, directivos, mandos intermedios y obreros cuando no existe concordia respecto al reparto de la rentabilidad conseguida.

Tanto un desmedido proteccionismo de la economía como una liberalidad especulativa repercuten desfavorablemente sobre el derecho inherente al trabajo. Un escollo de ambos extremismos es la deficiente planificación debida para la capacitación profesional de los ciudadanos, pues con frecuencia el proteccionismo posterga la necesaria reconversión profesional y el liberalismo obvia la contribución a los impuestos que financian la instrucción profesional. El derecho a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo dependen en gran parte de la política educativa de la nación, la que está determinada por el porcentaje, respecto a la riqueza del Estado, de inversión en enseñanza, por lo que la política presupuestaria condiciona en mucho la satisfacción laboral ciudadana.
 

Al artículo 24:

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Que toda persona posea el derecho especificado en este artículo y el anterior exige que el trato a los trabajadores extranjeros en el propio país no sea discriminatorio.

Un escollo importante surge en la contradicción de la deslocalización originada por el deseo de reducir costes de producción a consta de ignorar los responsables del capital inversor el imperativo de las leyes de su propio Estado en materia de derechos humanos.
 

Al artículo 25:

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicio sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Redunda este artículo lo iniciado en el artículo 22 respecto a la especificación de derechos sociales. Un escollo importante en la interpretación conveniente de estos derechos surge en la dicotomía de que el Estado sea quien debe proveer directamente estos derechos o que el Estado cumpla la misión de regulador e inspector de que la iniciativa social y mercantil privada los atienda. Una y otra forma posibilitan conseguir el fin, y ello justifica que existan sistemas políticos muy diferenciados en las formas y estructuras, pero no lo deberían ser respecto al sentimiento de los ciudadanos en saberse protegidos por el Estado en la medida de las posibilidades de cada nación. Un importante escollo a salvar es la impronta de las tradiciones que, con frecuencia, frenan la aplicación lógica de estos derechos en concordancia al progreso social que atañe a una comunidad; para superarlo hay que considerar la resistencia mental de ciudadanos e instituciones a la modificación de hábitos centenarios respecto a los derechos y deberes diferenciados atribuidos a hombres y mujeres, a diferentes castas, por privilegios sectarios, para la discriminación cultural, etc. La oposición al cambio supone de alguna manera una defensa instintiva ante lo desconocido, en especial así es sostenido por el discurso de quienes temen perder privilegios arraigados, lo que origina que la cultura de la protección social cale muy lentamente en algunos países, lo que no es obstáculo para el universal empeño político en que estos derechos se conviertan en realidad, más pronto que tarde.
 

Al artículo 26:

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Entre los derechos que se poseen por ser humano, después del de la vida y la libertad, está el del derecho a recibir mediante la educación el acervo de sabiduría consolidado en la historia de la humanidad. La familia, la tribu, el municipio, la región, la nación y la comunidad internacional tienen responsabilidad en hacer realidad este derecho fundamental, mediante la acción coordinada de la prestación de los medios necesarios para conseguirlo. Dificultar este derecho supone un delito moral, posiblemente también penal si la obstrucción tiene por objeto la exclusión, el odio o la degradación social.

Que la educación deba ser gratuita tiene dos objetos: la universalización del derecho y facilitar la igualdad de oportunidades a desarrollar las propias capacidades y el mérito personal. Ello directamente implica la obligatoriedad para las autoridades de escolarizar a todos los menores de la comunidad, estén o no de forma legal, pues incluso su situación de irregularidad nunca puede ser atribuida a la responsabilidad del menor, antes al contrario, porque de su instrucción sólo se puede obtener una mejor integración y servicio a la sociedad.

Un medio para lograr los objetivos enunciados en el apartado 2 es el de introducir en la enseñanza reglada asignaturas que divulguen los contenidos de verdad filosóficos que justifican esos valores. Aprender desde la primera infancia el respeto y la tolerancia al otro, cualquiera que sea, es el método para alcanzar los objetivos que defiende esta Declaración.

Un escollo importante de la interpretación de este derecho se encuentra en la redacción del apartado 3. En teoría el derecho a recibir la educación recae en los hijos, incumbiendo a los padres el deber de que se realice. Hasta cuánto pueden los padres determinar los contenidos educativos a transmitir a los hijos frente a la responsabilidad inherente de las autoridades y profesionales de la enseñanza supone un debate estéril cuando el objetivo real es capacitar a los menores para su desarrollo integral como ciudadanos libres. El deber de los padres sobre la educación de los hijos debería ponderarse más en función de que cuando crezcan se sientan satisfechos de la educación recibida, no de que se realice en los hijos la proyección de personalidad e ideología paterna o materna.
 

Al artículo 27:

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

El escollo que surge en la aplicación de los derechos que recoge este artículo proviene de la aparente contradicción que puede aducirse de priorizar el apartado primero sobre el segundo, o viceversa. Que los derechos de autor individuales o societarios, morales o mercantiles, sean reconocidos no debe incidir en una limitación del acceso de toda persona a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten; para ello las instituciones nacionales e internacionales deben regular los beneficios de autoría y el alcance de las patentes industriales para que, sin menoscabo de la remuneración al trabajo de creación e investigación, la humanidad entera pueda acceder, en modo proporcional a sus recursos económicos, a gozar del beneficio del desarrollo científico y artístico como acicate de realización personal.

Un criterio acertado es limitar en el tiempo y en escala decreciente la aplicación de regalías de autor y royalties industriales, considerados sobre un porcentaje del precio de venta según el coste de allá donde se produzca, de modo que salgan equitativamente favorecidos tanto los creadores como los consumidores.
 

Al artículo 28:

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

El escollo esencial al que se enfrenta este apartado es que su contenido sigue considerándose una utopía por la mayor parte de los Estados, en cuyo poder está hacerlo realidad. Todos los intentos de la historia por el orden universal han provenido de imponer un poder absoluto que dominara con mano de hierro sobre los pueblos sometidos a su dominio; pero ello es lo opuesto a un orden social e internacional en el que los derechos y libertades sean el fundamento esencial de todas las relaciones sociales. Esa "revolución del orden" estuvo en la conciencia de muchos políticos tras el holocausto de víctimas causadas por la ambición de poder durante la primera mitad del siglo XX, dando origen a esta Declaración; no obstante, el proyecto de paz pronto se disolvió en la misma envalentonada pasión de dominio precedente, que sostiene en la carrera armamentística una guerra fría totalmente ajena al ideal del derecho y la libertad.
 

Al artículo 29:

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Recoge este artículo el necesario cumplimiento de los deberes para con la comunidad a fin, entre otras cosas, de que los derechos enunciados puedan ser efectivamente una realidad. Deberes que especialmente son trascendentes en periodos de emergencia, calamidad pública, desastres naturales, etc. Proveer los derechos no sólo se logra mediante su dictado en la ley, sino también favoreciendo con la dedicación personal que las relaciones cotidianas estén inspiradas en el intercambio de servicios y no en el imperativo del dominio.

Que los derechos humanos se encuentren limitados por el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás no es sino la asunción en la ley del principio ético y moral más sostenido a lo largo de la historia: "No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti"; o enunciado en positivo: "Trata a los demás como quisieras que te tratasen a ti en esa circunstancia". El escollo a esta doctrina universal proviene de la desviación de la conciencia humana que considera el éxito debido al propio mérito y esfuerzo y olvida que sin haber nacido y crecido en una sociedad la vida individual del ser humano apenas mostraría la capacidad de su racionalidad.

Un importante escollo para la interpretación plausible de estos derechos y libertades es la difícil interpretación de los propósitos y principios de las Naciones Unidas cuando en sus decenios de existencia su política ha ofrecido tanto luces como sombras. El principio más controvertido de su estructura es la concesión del derecho de veto en el Consejo de Seguridad, cuyo propósito no es sino que la interpretación de la justicia en cualquier parte del mundo quede al arbitrio de las potencias que tienen reconocido ese privilegio, el cual entra en desacuerdo con el rigor del conjunto de la Declaración, pues bordea la exaltación de la dictadura del poder de unos pueblos sobre otros cuando las injusticias en el mundo afectan favorablemente al interés  geoestratégico de alguna de las grandes potencias. Desde esta perspectiva la mayoritaria de países que no gozan del privilegio de veto pueden calificar la estructura de Naciones Unidas como de antidemocrática, por el desfase real de autoridad moral que debiera ofrecer en la actualidad, lejana ya a la legitimidad inicial que pudiera haber recibido a mediados del siglo pasado como vencedoras en la confrontación mundial.
 

Al artículo 30:

Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

Los sintagmas reiterados en esta Declaración: "toda persona", todo individuo", todos los seres humanos" y otros léxicos similares expresan de modo contundente la universalidad de su objetivo, por lo que no cabe interpretarla en un sentido restrictivo excluyendo a parte del conjunto de la humanidad. El humanismo se vuelve inhumano cuando divide la sociedad entre quienes poseen derechos y a quienes no se les reconoce, de modo efectivo, pues ello logra diseccionar la comunidad humana en: ricos y pobres, mujeres y hombres, sanos y enfermos, ancianos y niños, creyentes y ateos, instruidos e ignorantes, blancos y negros, norte y sur, oriente y occidente, etc. Toda división restrictiva de cualquier derecho fundamental es un germen de injusticia y un germen de violencia, incompatible con el respeto debido a la persona humana y la consecución de una paz estable, conceptos que inspiran la estructura profunda de esta Declaración.

Los nexos, existentes desde que el hombre vive en sociedad, constituyen relaciones de las que se siguen obligaciones para las partes en forma de deberes en el comportamiento mutuo, necesarios para la realización de los derechos que cada parte contrae respecto a la opuesta. Del menoscabo en el cumplimiento de los deberes se sigue necesariamente una relajación de los derechos ajenos, cuya generalización ha dado origen a las relaciones de dominio, en las que la astucia, la trampa o la violencia imponen un desequilibrio entre los beneficios derivados de los derechos y el esfuerzo comprometido en el deber de una parte con respecto a la otra. Ese escollo que dificulta la equidad con frecuencia se justifica como el ejercicio de la libertad de contratación, el que en su raíz nace viciado cuando una parte contratante impone criterios que no admitiría de encontrarse ella en la posición contraria; ese libertinaje en la aplicación del deber es el que origina la desigualdad de derechos que esta Declaración proclama corregir.
 
 

F I N